Fuente: Proceso
Autor: Pedro Zamora Briseño
El 11 de junio de 2018
A los periodistas y a la sociedad nos agreden porque estamos desorganizados: José Reveles
“A los periodistas nos pasa lo mismo que a la sociedad mexicana: nos agreden porque estamos desorganizados”, advirtió el periodista José Reveles, quien consideró que tanto a los miembros de la prensa como a la población “nos falta estar organizados, no dejarnos pisotear, no dejarnos avasallar y tratar de defender nuestros propios derechos”.
Reveles, pionero en el manejo de temas de derechos humanos y delincuencia organizada en México, visitó esta ciudad para ofrecer la conferencia “Libertad de expresión. Periodismo, inseguridad y violencia”, organizada por el Club Primera Plana Colima.
En materia de agresiones a periodistas en México, calificó como “brutal” el índice de impunidad: más de 99 por ciento, que está por encima de la tasa nacional de no castigo a los perpetradores materiales o autores intelectuales de todos los delitos, lo cual es “igualmente terrible”, más de 96 por ciento.
Ante estos datos, calculados por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la atención de los resultados de la justicia, “me pareció un acierto un póster de la organización Artículo XIX con la frase ‘Impunidad mata’, pues en la medida que hay impunidad hay más muertes de periodistas”, refirió.
“Cada caso sin investigar, cada caso sin castigar —expuso— es como recargar el próximo fusil o la próxima pistola asesina; si hubiera castigo para los agresores, tal vez el número de ataques descendería”.
De acuerdo con José Reveles, el gobierno de Enrique Peña Nieto en sus primeros cinco años alcanzó el “deplorable campeonato de todos los tiempos” en materia de agresiones contra periodistas, lapso en el que superó incluso todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En ese periodo, conforme a cifras de Artículo XIX, se registraron 1986 ataques contra integrantes del gremio periodístico, entre ellos 42 asesinatos, a los que tendrían que sumarse los seis que van durante el presente año para sumar 48.
En la clasificación de agresiones, 570 fueron ataques físicos contra periodistas o daños a sus equipos y materiales de trabajo; 376 casos de amenazas; 356 actos de intimidación; 178 privaciones de la libertad y 128 situaciones de hostigamiento y acoso.
“Lejos de mejorar la situación de los periodistas —consideró Reveles— estamos peor que antes, eso es lo terrible, pero lo más importante es dejar al descubierto la falacia gubernamental, pues sólo 8 por ciento de las agresiones a los periodistas podría atribuirse a la delincuencia organizada, quizá hasta el diez y parémosle de contar; en cambio 48 por ciento provino de funcionarios públicos, a los que hay que agregar a los empresarios corruptos que están junto con esos gobernantes y a políticos que, expuestos al escrutinio de la sociedad, muestran una piel demasiado delgada”.
Por lo anterior, abundó, “no hay nada que aplaudir, nada que celebrar, nada que compartir con un esencial respeto a la vida y a la capacidad de ejercer la libertad de información y de opinión de esa multitud de periodistas honestos que abundan en el país, a los que cada vez que los hostigan y amenazan están con ello privando a la ciudadanía de su derecho a ser informada en forma participativa, analítica, crítica y con ese bagaje poder luchar por un país mejor”.
Dijo esperar que no se produzca un acostumbramiento a la situación que vive el gremio periodístico, porque poco se menciona a los periodistas desplazados de sus lugares de origen y trabajo, a pesar de que muchos de ellos han llegado a la Ciudad de México en busca de refugio ante el riesgo para su seguridad tras haber recibido amenazas o sufrir acoso en sus entidades de origen, entre ellas Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Michoacán y Guerrero.
“Hay un muchacho al que ya le mataron a un guardaespaldas que le puso el gobierno, le incendiaron su casa, su carro; a otro lo secuestraron en Tamaulipas, lo tuvieron una semana dándole tablazos, no sé por qué la libró, pero está vivo y lo cuenta”, narró Reveles.
Los periodistas desplazados, indicó, están sufriendo dificultades económicas y familiares, algunos siguen laborando como pueden en algún medio con el peligro que eso significa porque firman sus notas, mientras que algunos tenían portales y los siguen manteniendo a distancia y otros mandan información como si fueran corresponsales, pero no dan su ubicación.
Además de enfrentar el muro de la lenta justicia o la franca inacción de la Procuraduría General de la República (PGR), añadió José Reveles, estos periodistas enfrentan un mecanismo de protección que primero investiga a la víctima para ver si es digna de atención, y a un burocrático Centro de Atención a Víctimas, que el año pasado tuvo un subejercicio de 200 millones de pesos y al que este año los diputados olvidaron asignarle presupuesto.
“Eso quiere decir que la comisión no está haciendo su trabajo, porque víctimas sobran. En el caso de los periodistas estamos hablando de gente perseguida, amenazada de muerte con previas muestras de que todo puede ocurrir y convertir su vida en un infierno peor del ya vivido, ahora están fuera de casa y sin trabajo, sin medio donde trabajar y sin apoyo de aquellas empresas a las que entregaron años de vida”, concluyó.
