Fuente: La Silla Rota
Autores: Alejandro Melgoza, Sandra Romandia, Paris Salazar
El 11 de Agosto de 2019 (Publicación original el 17 de junio de 2019 en La Silla Rota)
Edomex: fábrica de culpables
La simulación de la justicia, los expedientes armados con pruebas sembradas y los falsos culpables, fueron prácticas del gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México, que hoy mantiene a más de 3 mil denuncias contra jueces y 78 magistrados estatales.
A lo largo de siete años (2011-2018), en el Estado de México encarcelaron a inocentes para mejorar la imagen oficial. La policía detuvo gente sin órdenes de aprehensión y los torturó. Los ministerios públicos armaron expedientes con pruebas sembradas y los jueces condenaron sin testigos. Esos falsos culpables han salido de prisión, lentamente. Dentro de las cárceles existen grupos de reos que se defienden ante los abusos. Esto sucedió sobre todo durante el gobierno de Eruviel Ávila. Hasta el moment, hay más de 3 mil denuncias contra jueces y 78 contra magistrados estatales.
Una investigación periodística realizada por el equipo del portal de noticias La Silla Rota. Este proyecto fue uno de los cuatro ganadores de la Beca del Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2018.
La tarde del 24 de julio de 2014, los albañiles Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos se encontraban dentro de su casa ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando elementos militares, así como policías estatales y municipales de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) tiraron de un golpe la puerta.
Una vez dentro, comenzaron a golpearlos mientras los acusaban de pertenecer al cártel de la Familia Michoacana; Alejandro intentó resistirse, pero los uniformados lo sometieron y, con un cañón de un rifle militar, lo violaron en repetidas ocasiones.
Después los presentaron ante el Ministerio Público para acusarlos de haber robado con violencia (a una mujer de la tercer a edad) y portación de arma de fuego. En ese momento, les tomaron una fotografía que fue difundida en medios de comunicación.
“Detienen a tres integrantes de la Familia Michoacana”, se leía en los titulares de periódicos que iban acompañados de una fotografía que los exhibía sosteniendo un revólver, que después se supo, fue sembrado cuando los capturaron.
Luego, según las declaraciones de los detenidos, en las instalaciones de la Fiscalía, bajo las instrucciones del entonces fiscal de Nezahualcóyotl, Mauricio Blancas, los torturaron para que reconocieran que formaban parte del grupo delictivo.
Los golpes causaron la fractura de las costillas de Isidro Rivero y fue trasladado al hospital de Gustavo Baz, en Tlalnepantla. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) certificó las lesiones.
Meses después, los tres salieron libres bajo la defensa del abogado Montes Leal Santos, quien acreditó durante el juicio que fueron torturados, y que las pruebas que presentó la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ahora Fiscalía, eran falsas.
No sólo eso, el juez David Virgen Adriano dio por buenas las evidencias presentadas por la fiscalía del Estado de México para ingresarlos al penal Neza-Bordo.
Estas historias no son aisladas. Una investigación realizada por La Silla Rota como parte de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), analizó 25 expedientes judiciales, estadísticas oficiales y testimonios, donde se encontró que, durante la gestión del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se fabricaron falsos culpables en colusión con el Poder Judicial local, quienes juzgaron y sentenciaron sin evidencias.
La razón: incrementar el número de sentencias condenatorias para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de su gobierno en materia de seguridad pública.
“El promedio que yo les admito en juicio es del 80 por ciento de efectividad, no menos. De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”, exigió Fernando Ulises Cárdenas, entonces fiscal central jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a sus subordinados, en un video que fue filtrado el 21 de noviembre del año 2015.
La petición de Ulises Cárdenas, empleado de Eruviel Ávila, respecto a perder dos de 10 casos, no estaba lejos de la realidad. Esta investigación periodística encontró que en promedio 7 de cada 10 casos judicializados entre el año 2011 y el 2017, terminaron en sentencias condenatorias y sólo tres en condenas absolutorias.
Es decir que el 70 por ciento de los detenidos del Estado de México a quienes se les inició un proceso judicial fue sentenciado y purga una pena en prisión.
Las estadísticas de este periodo revelan que de los 26 mil 542 juicios que tuvieron una sentencia, 82.6 por ciento fueron condenatorias y 16.2 por ciento absolutorias, es decir sólo 4 mil 246 personas salieron en libertad.
Síntoma de lo anterior es la cascada de quejas por actos de corrupción, omisión, presión, manipulación, irregularidades en el debido proceso, trato inadecuado, fallas administrativas, entre otros, en los que se iniciaron 3 mil 291 denuncias contra jueces y 78 contra magistrados durante el periodo 2011 al 2018, de acuerdo con información entregada por el Poder Judicial del Estado de México a través de solicitudes de acceso a la información.
¿Cómo se fabrican los culpables?
A través del análisis de 25 expedientes judiciales, así como más de una treintena de entrevistas a policías de investigación, ministerios públicos, abogados, personal que trabajó en la fiscalía estatal y el Poder Judicial, se encontró que el Ministerio Público utilizó cinco métodos para fabricar culpables.
La manipulación de testigos y ausencia de ellos; la tortura; cohecho como medida de retención; siembra de evidencias y ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar las acusaciones.
Los involucrados en estos casos terminaron en prisión preventiva oficiosa, lo que significó esperar el proceso judicial y determinación del juez dentro de una cárcel.
Para entender este problema hay que dividir la responsabilidad en dos partes: la Fiscalía y el Poder Judicial. La primera —antes Procuraduría dependiente del gobierno estatal y a partir de 2016 fiscalía independiente — fabricó los casos desde el Ministerio Público. La segunda, el Poder Judicial, los avaló, es decir, que dio por buenas las evidencias presentadas por el Ministerio Público pese a las irregularidades en los expedientes.
Esto sucedió a pesar de que durante el periodo en que el priista Eruviel Ávila fue gobernador, se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. El objetivo era que el Ministerio Público presentara pruebas científicas y técnicas que sustentaran sus acusaciones. Los jueces, tendrían que considerar al acusado inocente hasta que se probara lo contrario, la llamada “presunción de inocencia”.
Pero las estadísticas recopiladas por La Silla Rota demuestran lo contrario: durante el periodo en que Eruviel Ávila fue gobernador, el Poder Judicial señaló que no poseen ningún registro en el que se haya inadmitido pruebas al Ministerio Público, según respondieron a través de solicitudes de acceso a la información.
De acuerdo con los 25 expedientes judiciales analizados por La Silla Rota, que incluyen a 44 detenidos, en el 100 por ciento de los casos los agentes que los apresaron no se identificaron durante la detención.
Otro patrón encontrado es que, en el 64 por ciento de los casos, durante las audiencias fue recurrente la “ausencia de testigos”; es decir, que no se presentó la parte acusadora, y a pesar de ello, siguió el proceso judicial contra el detenido.
En los expedientes también se encontró que en el 40 por ciento de los casos, los detenidos reportaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables, y que las autoridades les pidieron que reconocieran pertenecer a alguna organización criminal.
La Silla Rota también encontró con base en la revisión de expedientes, que en el 30 por ciento de los casos no existió ningún documento u orden de aprehensión contra los detenidos.
En al menos 25 expedientes judiciales, es decir el 60 por ciento de los casos, los acusados reportaron la siembra de evidencias, principalmente armas.
Por todas estas fallas se cayeron casos; 26 de los 44 que padecen prisión preventiva fueron liberados. En los expedientes más del 60 por ciento estuvo recluso más de un año pero en las audiencias posteriores demostraron su inocencia y quedaron libres.
Según solicitudes de información de la Fiscalía mexiquense: 1 mil 181 agentes del MP local fueron denunciados por ciudadanos por irregularidades administrativas y de investigación. Año con año aumentaron: en 2011 fueron 64 expedientes; 88 en 2012; 100 en 2013; 145 en 2014; 187 en 2015; 159 en 2016 y 438 en 2017.
Actualmente, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, el funcionario de la Fiscalía del Estado México que le exigió a sus empleados en un video que inventaran delitos a los detenidos, continúa siendo fiscal central jurídico con el ahora gobernador priista, Alfredo del Mazo.
Y no sólo eso: en respuesta a una solicitud de acceso a la información la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó a La Silla Rota que no existe un procedimiento administrativo o de investigación en contra de Fernando Ulises Cárdenas por admitir frente a un grupo de empleados que se fabricaban delitos.
La familia judicial mexiquense
Entre el año 2011 y el año 2017, cuando fue gobernador Eruviel Ávila, en el Poder Judicial del Estado de México fueron nombrados funcionarios cuya carrera estuvo forjada al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que además ocuparon cargos durante la gestión del exmandatario.
La mano del ejecutivo estatal se percibió en el Poder Judicial: los últimos tres nombramientos de integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México fue más un movimiento político que una elección de un poder autónomo.
En la elección de tres consejeros, se presentó un enroque entre secretarías estatales y se impulsaron perfiles con poca trayectoria judicial, pero ligados a Eruviel Ávila.
Directo del gabinete de Eruviel fue designado Joel Alfonso Sierra Palacios, quien del año 2011 al 2012 fue subsecretario de asuntos jurídicos del Gobierno del Estado de México y en el año 2013 se convirtió en consejero del Poder Judicial.
Lo mismo sucedió con Otoniel Campirán Pérez, quien había trabajado en la Procuraduría de la Defensa del trabajo del 2011 al 2012 y del 2014 al 2015; hasta ese año se convirtió en consejero de la judicatura mexiquense.
Otro caso es el de Marco Antonio Morales Gómez, quien fue nombrado consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Su nombramiento en 2008, fue impulsado en el congreso mexiquense por el líder de la bancada priista, el entonces diputado Eruviel Ávila. En 2015 también fue nombrado consejero de la Judicatura local.
En la revisión de expedientes se encontró que los jueces que condenaron o determinaron prisión preventiva oficiosa de falsos culpables fueron: Nabor Rigoberto Martínez, Petra Alcántara, Rocío Salinas, Miguel Ángel Coca, Maya Julián, Apolíneo Blanco, Bertha Araceli Díaz, Janelly Gutiérrez, Julio César Orihuela, Armando Osorio, Israel Chávez, Francisco Munguía, Gildardo Fernández, Maximiliano Vázquez, Mónica Mellado Tapia y Mónica Osorio.
Los distritos judiciales que aglomeraron estas inconsistencias fueron Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Texcoco.
En estos distritos, los jueces validaron el 93.7 por ciento de los expedientes sostenidos solo con pruebas testimoniales conseguidas por el Ministerio Público durante las audiencias en el Nuevo Sistema. Los juzgadores -por su parte- sólo permitieron que un 3.3% de los falsos culpables llevaran sus procesos en libertad.
En los casos consultados para esta investigación periodística, hubo cinco amparos donde los jueces federales evidenciaron que los jueces locales cometieron errores e irregularidades. En estos expedientes, los “falsos culpables” recibieron protección.
En dos procesos, revocaron las acusaciones de jueces locales, debido a que las pruebas del Ministerio Publico no acreditaban que eran culpables. En dos más, se redujeron las penas y en otro se repuso el proceso.
Uno de ellos fue el de siete comuneros de Salazar, en Lerma, quienes estuvieron encarcelados tras oponerse a un proyecto comercial en 2016. Las pruebas fueron tan débiles que, recientemente ante un amparo, quedaron en liberados y presentados como presos políticos por el equipo de Alejandro Encinas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otro de los amparos notorios fue el que interpuso el reo José Humbertus Espinoza, luego de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, Sergio Medina Peñaloza, designó en 2017 a dos jueces como magistrados sustitutos para dar resolución a su caso, sin explicación alguna.
En dicho amparo, el 155/2017, los jueces federales Roberto Dionisio Pérez Martínez, Antonio Legorreta Segundo y Rubén Arturo Sánchez Valencia concluyeron que se “vulneró” su derecho fundamental a un debido proceso penal con base en el artículo 42 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para Humbertus esa designación fue una represalia por volverse una voz incómoda desde el penal de Chiconautla, en Ecatepec. Dentro de la cárcel, él da asesorías judiciales y cientos de reos protestan durante las audiencias porque no se respetan sus derechos.
La unión entre los internos desembocó en un amparo colectivo que lideró el propio Humbertus, y pese a que no se resolvió a su favor, fue trató de un recurso histórico debido a que aglomeraba cientos de reos que denunciaban violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, además de torturas.
Ahora Humbertus encabeza el movimiento llamado Presunción de Inocencia y Derechos Humanos; también están activos los colectivos Hazme Valer, dirigido por el exprisionero, el profesor Óscar Neri; Pena Sin Culpa de la abogada Aribel García; y los pueblos agraviados de comuneros e indígenas como Salazar, San Pedro Tlanixco y Atenco. Son las revoluciones judiciales que han brotado y sólo piden que las cárceles mexiquenses no sean ocupadas por inocentes.
Percepción de inseguridad en crisis
Cuando en noviembre del 2015, apareció en redes sociales el video donde el fiscal Fernando Ulises Cárdenas pidió a los ministerios públicos aumentar el promedio de casos concluidos, aunque de por medio hubiera inocentes, el estado de México vivía una crisis, según tres fuentes distintas: el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE).
Los secuestros se duplicaron entre el primero y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila: entre 2011 y 2012, los casos reportados fueron 116. En tanto, entre 2015 y 2016 hubo 233 plagios, de acuerdo con datos del SNSP. Por otra parte, entre septiembre del 2015 y noviembre del 2016 -justo cuando se conoció el video del fiscal- se denunciaron, 2 mil 080 homicidios dolosos, la cantidad más alta respecto a los cinco años anteriores, según la misma fuente de información.
En 2014, Javier Martínez Cruz, especialista del Instituto de Estudios Legislativos declaró que, durante el gobierno encabezado por Eruviel Ávila, el Estado de México padecía las cifras más altas en algunos delitos a nivel nacional como el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas y la violencia de género.
“Durante el 2012 se registraron 269 mil 116 delitos; para el 2013 hubo un aumento del 0.39 por ciento con 270 mil 180, y en lo que va del 2014 se han registrado 42 mil 077 delitos, lo que representa el 16.49 por ciento a nivel nacional”.
En el 2016, El INEGI ubicó al estado de México -por segundo año consecutivo- con la peor calificación respecto a la percepción de inseguridad entre ciudadanos.
Pero 12 días antes de que terminará el sexenio, la situación ya había cambiado. Al menos eso fue lo que dijo Eruviel Ávila, el 3 de septiembre del 2017. Según sus números, el Estado de México ya era uno de los cuatro estados con mayor capacidad para atender las demandas por inseguridad pública; lograron cerrar 71 de cada 100 carpetas de investigación. Un promedio muy cercano a lo que exigía su fiscal dos años antes, a costa de aprehender incluso a inocentes
“Nos falta hacer mucho por la seguridad del Estado de México, pero debemos de reconocer el esfuerzo de las corporaciones policiacas por trabajar en equipo para reducir la incidencia delictiva”, dijo horas antes de entregar el gobierno a su compañero de partido, Alfredo del Mazo. Ahora, Eruviel Ávila es senador por el PRI.
Leer la parte de la investigación sobre el caso de Cinthya Cantú Muñoz: aquí.
