Fuente: Los Ángeles Press vía MXporFC
Autora: Guadalupe Lizárraga
El 14 de marzo de 2015
La señora Wallace en defensa de la brutalidad policiaca
Ahora Isabel Miranda Torres, alias la señora Wallace, busca nuevos reflectores mediáticos en las diferentes entidades de la república mexicana con su nueva propuesta: “defender a los policías”. Esta ama de casa que cobró notoriedad en la Ciudad de México por simular el secuestro y homicidio de su hijo en julio de 2005, se ha valido de su impunidad para seguir entrometiéndose en la administración judicial federal, y manipular las instituciones del Estado de derecho, ahora con la ocurrencia de una defensoría de policías acusados de violar derechos humanos.
Según Miranda, “se ha dado constantemente que los policías son acusados de violar derechos humanos cuando realizan una detención”. No precisa mayor información, casos, nombres, datos mínimos para sostener su alegato dado en rueda de prensa en Culiacán, Sinaloa. Pero tampoco alude a los propios casos de sus culpables fabricados en el falso secuestro Wallace, cuando ella participó directamente en sus detenciones arbitrarias y violatorias de derechos humanos, usurpando funciones judiciales sin tener ninguna facultad para ello: técnicamente una secuestradora que operó con agentes ministeriales de la PGR de cómplices.
Con su habla cantinflesca, Miranda Torres pretende convencer por qué los mexicanos debemos aceptar la creación de una defensoría de policías con dinero público:
“Al momento de que un policía ingrese a una casa a rescatar a una víctima, si tiene el temor de ser destituido o de ser sancionado porque nada más con el simple hecho de que un imputado, que además no sé de qué valor moral pueda tener un imputado para acusar a un policía, y creo que ahí es donde viendo que no hay equilibrio y esto es lo que queremos cambiar con esta figura, que los policías tengan quién los defienda desde el punto de vista de derechos humanos y también jurídicamente”. (Línea directa 11/Mar/2015)
Seguramente, Miranda vio en la televisión la primera parte del caso de Ferguson, donde un policía blanco fue exonerado de cargos por un juez, después de asesinar a un joven afroamericano. Lo que ignora es la segunda parte, en la que la decisión del juez le ha resultado contraproducente, porque ahora es repudiado por la opinión pública y su reputación profesional se ha visto seriamente comprometida, luego de que el Ayuntamiento de Ferguson aprobara por unanimidad la dimisión del administrador municipal, John Shaw, y la del jefe de la policía, Thomas Jackson, ante la publicación de un duro informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre sesgos raciales en esa localidad. Incluso, se prevé que pudieran desmantelar todo el departamento de la Policía de Ferguson a raíz de este caso. Son las consecuencias esperadas por delitos y omisiones de los servidores públicos en un Estado de derecho.
Pero en México, a la señora Wallace –con esa vocación de delincuente que la caracteriza– y a las mismas autoridades que toleran su impunidad, les parece no sólo atinado defender a los policías acusados de violar derechos humanos, sino hacerlo en un momento de profunda crisis de las instituciones judiciales y de procuración de justicia precisamente por sus prácticas de corrupción y abuso de poder. Sobre todo, cuando el caso Ayotzinapa no ha sido seriamente atendido y el Estado es el principal responsable de este crimen; cuando un violador de derechos humanos como Eduardo Medina Mora es designado por el Ejecutivo como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuando hay cientos de casos de mujeres inocentes criminalizadas por la corrupción de funcionarios judiciales como el caso de Nestora Salgado y de Brenda Quevedo Cruz. Esto es, resulta absurda la defensa de la brutalidad policiaca en un momento en que uno de los pilares del Estado mexicano como es el sistema de justicia ha sido sistemáticamente quebrantado por varias décadas con la impunidad de crímenes de derechos humanos y violación de garantías individuales, por las masacres perpetradas por el ejército y las corporaciones policiacas y paramilitares.
Basta recordar sólo unos ejemplos para saber de qué calidad de Estado hablamos: Tlatelolco en 1968; Rivera de San Cosme en 1971; la Guerra sucia de los años 70; el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995; Acteal en Chenalhó, Chiapas, en 1997; El Charco, Guerrero, en 1998, y nos brincamos a las más recientes de Ayotzinapa, Guerrero, y de Tlatlaya, Estado de México, 2014, porque la lista es larga. A ésta, hay que agregar el sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y opositores políticos a lo largo y ancho del país y en los diferentes sexenios gubernamentales.
Estamos en un tiempo, pues, en que el surgimiento de las policías comunitarias y autodefensas han sido la respuesta de los pueblos ante la trayectoria criminal de las corporaciones policiacas por el acoso a las comunidades, por su corrupción y vínculos con el narcotráfico. Estamos en un tiempo en que la creación de una defensoría de policías al estilo de la señora Wallace es un arma más para el crimen que gobierna.
Más aún, no es fortuito que criminales impunes como Isabel Miranda Torres tomen iniciativas de tergiversar la justicia y la defensa de los derechos humanos con escenarios fabricados por los medios de comunicación oficiales. Especialmente, cuando el reporte más reciente de la ONU sobre derechos humanos en México observa que la tortura, el maltrato, las detenciones arbitrarias y la suspensión de garantías individuales son prácticas generalizadas. La señora Wallace, sin ser funcionaria judicial, ha protagonizado estas prácticas junto con ministeriales. Es parte del absurdo y la oscuridad que vive México hoy, como los sistemas descritos por Kafka en sus cuentos, en los que el terror es la base para mantener impune la depredación y el control de los vulnerables.
Sin embargo, no hay que olvidar quién es “la señora Wallace”, independientemente de quien esté detrás de ella. Esta criminal ha destacado en nuestro país por su capacidad de corromper jueces y funcionarios judiciales, por su impudor de imaginar a su hijo descuartizado y venderlo así a los medios, ha destacado no sólo por ordenar a agentes ministeriales las torturas de sus culpables fabricados, sino por participar directamente en éstas, y mantenerse impune con cada administración judicial. Si bien, ahora puede obtener algunos apoyos oficiales para defender la brutalidad policiaca, no tiene ni tendrá la capacidad intelectual para construir un argumento medianamente sólido y justo para sostener propuestas de esta naturaleza. Ni ella ni el Estado. De ahí, que sólo la corrupción y la represión sean sus recursos, las tácticas de la ignorancia ante la falta de legitimidad y legalidad.
Ellos pueden cercar la información en territorio nacional, pero las redes no tenemos fronteras geográficas. Ellos pueden ejercer el terror in situ, pero nosotros podemos denunciarlo por internet en el mundo. Ellos pueden seguir siendo impunes dentro del país, pero internacionalmente son reconocidos como criminales. La señora Wallace está denunciada en Migración de Estados Unidos por el delito de perjurio ante la Corte de Chicago, cometido en marzo de 2008, por sostener que su hijo Hugo Alberto no tenía antecedentes penales, cuando había sido procesado por contrabando en 2001. De tal suerte, que el día que Miranda cruce la frontera de México a Estados Unidos corre el riesgo de ser detenida y procesada.
Pese a que Miranda goza de impunidad por la red de funcionarios que se han beneficiado con su corrupción, ha llegado el momento en que es insostenible para el sistema judicial mexicano. El caso de Elba Esther Gordillo es ejemplo. Su fortuna hecha a base de corrupción y tráfico de influencias no le valió para perpetuarse en absoluta impunidad. Miranda es mucho menos que eso, ni la fortuna ni la red institucional ni la inteligencia posee, y sus crímenes más burdos, perpetrados por ella misma, son ya de dominio público. Sus días de libertad, sin duda, están contados.
