Fuente: Los Ángeles Press
Autora: Guadalupe Lizárraga
El 7 de julio de 2017
Isabel Miranda vinculada a espionaje gubernamental y demandada por daño moral
El abogado José E. Patiño Hurtado y la organización canadiense de derechos humanos En Vero interpusieron una demanda colectiva contra Isabel Miranda Torres a raíz del daño moral ocasionado a activistas, periodistas y víctimas del falso caso Wallace. El abogado comentó que los derechos lesionados por parte de Miranda contra seis personas están relacionados con el sistema de espionaje gubernamental Pegasus, por lo que solicitó la condena de 900 millones de pesos para la reparación del daño.
Además de calumnias y difamación por parte de Miranda, ha amenazado y puesto en riesgo a los demandantes vinculándolos con grupos delictivos y contratando a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República para su acoso. Mientras que las grabaciones telefónicas fueron aportadas por ella misma, según su declaración a los medios, y difundidas masivamente en sus redes sociales.
Entre los demandantes se encuentran Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta, quienes fueron incriminados de participar en una supuesta banda de secuestradores, y después fueron absueltos de los cargos en febrero de 2017. Sin embargo, Miranda ha seguido refiriéndose a ellos como “secuestradores” en los medios de comunicación y filtró documentos confidenciales de los demandantes.
Otro caso es el de María Guadalupe Vicencio, la activista conocida como Mary Sainz, originaria de Tamaulipas, a quien Miranda vinculó con el grupo delictivo Los Zetas en las redes sociales. Esto sucedió después de que en la marcha “Vibra México” convocada el 12 de febrero por Miranda en apoyo al titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, un grupo de activistas le gritó “asesina”, “rata” y “corrupta” y Miranda se vio obligada a retirarse de la marcha. Posteriormente, dijo a los medios que la activista era un hombre vestido de mujer, que iba armado y que había intentado matarla.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, víctima del caso Wallace, también es una de las demandantes, por haber sido grabada en una conversación telefónica con Guadalupe Vallarta, en la que mencionan a Mary Sainz y hablan de la marcha de la que tuvo que huir Miranda por los gritos de los activistas. Estas interferencias telefónicas fueron presentadas por Miranda como evidencia de “confabulación” y “atentado contra su vida”.
Incluso, el 16 de mayo de 2017, en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula, anunció las grabaciones telefónicas como “pruebas de confabulación”:
“Como recordarán estuve denunciando que estuve recibiendo amenazas vía Twitter, luego en la marcha que hubo el 12 de febrero en el Ángel en el que se dio un conato de violencia, bueno pues hoy vamos a presentar las pruebas que quien está detrás de todo esto es la organización de los secuestradores de Vallarta, que estuvieron ligados acusados de secuestro junto con Florence Cassez”.
Posteriormente, Miranda señaló en los medios a los Vallarta y a Enriqueta Cruz como responsables de querer atentar contra su vida, y mencionó que Juan Carlos Vallarta tenía una relación amorosa en la cárcel con Brenda Quevedo. Una mención que se dedujo de las interferencias de la correspondencia postal en la cárcel, de acuerdo a lo investigado por el abogado, y que incurre en la violación del artículo constitucional 11, en su apartado uno y dos, referentes al derecho al respeto de la dignidad y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada.
No es la primera vez que Isabel Miranda ha sido denunciada por espionaje. Ya en 2007, la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones abrió un proceso en contra de ella por posesión de material de espionaje.
En el caso de la periodista Guadalupe Lizárraga, la demandada escribió en Twitter que gracias a que la PGR y la CNDH “no hacen su trabajo”, ella está libre, implicando que ha cometido un delito y debería estar en la cárcel. Este señalamiento lo hizo el 26 de junio.
Además de esta demanda colectiva, se prepara una denuncia por el acoso a la periodista y al activista David Bertet, ya que en noviembre de 2016, Miranda contrató a dos agentes ministeriales para que se los llevaran a declarar a una subdelegación en Baja California, después de su participación en un evento universitario de derechos humanos.
El abogado José Patiño mencionó que en la audiencia judicial para denunciar estos hechos y obtener un amparo, la misma Procuraduría General de la República rechazó haber enviado a los agentes y la existencia de una averiguación previa en contra de Lizárraga y Bertet.
