Fuente: Blog Expediente
Autora: Itzel Loranca
5 de abril de 2017
El presunto “Asesino de Valle Alto”
* Yarold Christian Leyte Quintanar cumple cinco años recluido en prisión de Tuxpan por un asesinato que no cometió.
* Asociación canadiense advierte que un exfuncionario podría estar involucrado en la fabricación de los señalamientos contra Yarold.
* “Agencia Veracruzana de Investigaciones intentó involucrar a mi hijo en otros dos asesinatos”: Rosalinda Quintanar.
La madrugada del 14 de marzo de 2012 Yarold Christian Leyte Quintanar se declaró culpable del homicidio de María Teresa González González, en la ciudad de Veracruz. No obstante, responsabilizarse del asesinato fue resultado de la tortura infligida por policías de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI). Choques eléctricos, golpes y amenazas que Yarold señaló a horas de su captura. Más aún, inconsistencias entre la confesión de Yarold y los hechos han sido documentadas por peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia, un perito independiente y una organización internacional. Sin embargo, por la muerte de la madre de una niña y un adolescente, trabajadora de una empresa de micro créditos, Yarold fue sentenciado a 32 años y seis meses de prisión en 2015.
El caso está en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde este año, luego de que un tribunal pidiera revisar el amparo que el Poder Judicial de la Federación otorgó a Leyte Quintanar.
“Todo lo que dice ahí en la investigación no lo han podido comprobar, ellos no tienen una sola prueba fehaciente de que haya sido mi hijo”, expresa Rosalinda Quintanar quien, recuerda las amenazas que meses antes del crimen su hijo recibió por parte de la AVI.
Ella continúa luchando porque la justicia llegue a su casa y a la de María. Como desde hace cinco años, cuando la vida de Yarold y de su familia cambió para siempre.
La AVI acosaba a Yarold
Un mes había pasado desde la detención de su hijo, cuando Rosalinda obtuvo permiso para visitarlo en la cárcel.
Para ese entonces, ella conocía que su arresto, el 13 de marzo de 2012, y posterior confesión, eran parte de un relato mayúsculo de violencia y horror que había comenzado aún meses antes del asesinato de María. Al otro lado del teléfono, desde la sala de su casa en el Distrito Federal, platica que Yarold ya había sido visitado por agentes de la AVI con anterioridad, en 2010. El cuerpo de una mujer, Sandra Vianey González, apareció el 11 de octubre de ese año en una casa deshabitada de la calle Flamingos del fraccionamiento Valle Alto, en Veracruz. En abril de 2011 otra mujer fue encontrada sin vida, en otra vivienda abandonada en la misma calle, era Liliana Romero Espejo. El hijo de Rosalinda habitaba con su familia en el mismo lugar, a metros de la casa en la que se había hallado el segundo cadáver. Por el crimen, oficiales de la AVI tocaron a la puerta de Yarold donde ocurrió una conversación que la mujer aún retiene en su memoria.
“No pudieron involucrar a mi hijo en el segundo asesinato, pero en ese momento uno de los policías le dice:
-Tú eres chilango, ¿Por qué estás aquí?
-Yo estoy aquí porque mi mujer es de Veracruz y nos venimos a vivir acá, yo soy del DF.
-Los chilangos nada más vienen a robar y a matar a nuestras mujeres. Yo te voy a decir una cosa a ti, chavo, yo tengo tres personas como sospechosos, una de ellas eres tú y de que vas a caer, vas a caer, vas a ver.
Y se fueron”, dice Rosalinda, con un dejo de coraje en su voz. Recuerda que tras esa amenaza velada, sumada a los asesinatos que ocurrieron en la colonia, Yarold y su esposa decidieron cambiarse de casa.
Faltaba poco para terminar la mudanza. Él permanecía en la vivienda, solo, mientras su mujer vivía en el nuevo domicilio. Luego de que María Teresa fuera hallada sin vida, justo en la casa desolada frente a la suya, los de la AVI volvieron a tocar su puerta.
Esta vez, para llevárselo.
Las inconsistencias del caso
Los agentes que presentaron a Yarold ante el ministerio público argumentaron que su captura fue gracias a una llamada anónima. De ese reporte telefónico no existe mayor información asentada en el oficio 1968, emitido por la dependencia.
“Hasta ese momento en la investigación no había indicio alguno acerca de la identidad de el o los responsables”, declara Giuliana Rojas, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad-En Vero, especializada en la defensa de culpables fabricados.
Giuliana es quien acompaña jurídicamente el caso de Yarold Christian, y comparte las irregularidades que han encontrado en la investigación, a lo largo de los más de tres años que han dado seguimiento al problema.
La primera de ellas, es que según la autopsia practicada por el forense Gustavo Amador Cerón, la causa de muerte fue la herida de 20 centímetros en el abdomen del cadáver, producida por un arma cortante.
El perito Ernesto Andrés Sánchez Castillo, de la Delegación de Servicios Periciales Zona Centro, advierte que a Yarold no se le encontró un arma blanca y además afirmaba haber matado a la joven por asfixia.
En segundo lugar, el acusado asentó en su declaración que la víctima murió en la sala de su casa, tras una pelea; que esperó varias horas, y durante la noche arrastró el cuerpo a la vivienda de enfrente.
Sánchez Castillo concluye en su informe ante la procuraduría que el lugar del hallazgo es el lugar del homicidio y lo explica señalando el “lago hemático” de dos metros y medio de longitud que se encontró en el suelo.
La afirmación es apoyada por el perito independiente Miguel Ángel Cruz Hernández, quien concluyó que no existen rastros de sangre en la banqueta, el pavimento o la entrada de la casa para señalar que Yarold arrastró el cadáver hasta ahí.
“Otra inconsistencia del presente caso dice relación con el motivo del crimen. En su declaración, Yarold Leyte dijo que la víctima se presentó en su domicilio para cobrar una deuda con el Banco Compartamos, pero está acreditado en el proceso que Yarold no tenía deuda con dicha institución”, expresa Giuliana.
Advierte que esto lo constata el propio gerente de la empresa, Raúl Hernández Durán, en su declaración ante la procuraduría.
Giuliana añade que en los documentos que integran el proceso se registra que Yarold no solo fue detenido y presentado ante el ministerio público el 14 de marzo de 2012, sino que el mismo día se le tomó su declaración, se le realizó un examen médico y se inspeccionó su casa.
“No se señala la hora de la detención, ni de la declaración previa, pero el examen médico se realizó a las 01:00 horas, (…) y las diligencias de inspección ocular se practicaron a las 01:20 horas del mismo día”, señala y menciona que se necesita más de una hora con 20 minutos para realizar todas esas diligencias.
Para la organización internacional, la declaración de Yarold es la única evidencia en su contra.
Funcionario involucrado en fabricación de culpable
Las anomalías y violaciones al debido proceso en la investigación en contra de Leyte Quintanar, no sorprenden a David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad-En Vero.
“Tenemos un nivel de corrupción dentro del Estado y es una particularidad de México, en este momento”, comenta para luego añadir que en “México es algo bastante particular de que las personas responsables de la fabricación de culpables, se encuentren trabajando dentro del Estado”.
En el caso de Yarold, incluso, la organización internacional ha identificado a un funcionario de la extinta AVI que cometió actos ilegales para inculparlo de asesinato. Sin embargo, aguardarán a que Leyte se encuentre seguro, fuera de la prisión, para presentar cargos en contra del servidor público, de quien negó revelar su nombre.
“Nosotros tenemos la convicción al 100 por ciento de la completa inocencia de Yarold y de que fue víctima de tortura, de violaciones a sus derechos humanos”, declara David Bertet, subrayando que antes de respaldar cualquier caso, indagan sobre él durante meses.
La historia de Yarold llegó en septiembre de 2014, gracias a su madre, quien acudió a esta agrupación que en 2013 coadyuvó a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocido caso de la francesa Florence Cassez, detenida en un operativo fabricado para las cámaras de Televisa por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna.
Actualmente acompañan 20 casos de culpables fabricados en todo México. “En el caso de Yarold encontramos todos los parámetros de un caso de culpable fabricado. La detención ilegal, tiempo de desaparición sin justificación legal, tortura”, comenta Bertet.
En junio de 2015, presentaron ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, un “amicus curiae”, que a decir del defensor de derechos humanos, se trata de una opinión jurídica al juez para apoyarle en la decisión sobre el hecho.
“El juez no valoró ningún argumento de la defensa, ni de nosotros”, menciona.
Por la sentencia de más de 30 años que pesa sobre Leyte Quintanar, se interpuso un amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Boca del Río, del Poder Judicial de la Federación. Éste determinó que la sentencia era improcedente, pues las acusaciones del ministerio público fueron realizadas pasado el tiempo reglamentario.
Pero el fiscal de Tuxpan, inconforme con el Poder Judicial de la Federación, recurrió a la Suprema Corte de Justicia y solicitó un recurso de revisión.
Con expediente 648/2017, quedó en manos de la magistrada Norma Lucía Piña, quien ya solicitó al juzgado primero la carpeta de investigación en la que las autoridades sentaron las presuntas evidencias que apuntan a Yarold como la persona que asesinó a María Teresa.
“Estamos dispuestos a recurrir a las instancias internacionales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de Yarold”, expresa Giuliana.
Por su parte, Rosalinda Quintanar manifiesta que “Tengo mucha confianza en que la Suprema Corte de Justicia analice verdaderamente la situación a fondo, porque únicamente se vieron las violaciones al debido proceso en el Tribunal, pero se supone que en esta ocasión se van a meter al fondo”.
De resultar a su favor el fallo de la Suprema Corte, Yarold podría quedar en libertad, algo que es rebatido por las autoridades, recuerda Rosalinda.
“Dicen que es injusto porque la víctima quedaría sin justicia. Yo digo que quedó sin justicia desde que ellos hicieron esto desde que arrestaron a una persona y la torturaron para hacer que se declarara culpable”.
