Fuente: ACDV Com
Autores: David Bertet (Presidente), Antonio Guillén (Integrante)
El 8 de noviembre de 2015
OFICIO: ACDV/MX/CASO/WALLACE/08112015
MONTREAL CANADÁ,
A 8 DE NOVIEMBRE DE 2015
SR. RENATO SALES HEREDIA
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
AV. CONSTITUYENTES #947
COLONIA BELEN DE LAS FLORES
DELEG. ALVARO OBREGÓN
DISTRITO FEDERAL. C.P. 01110
MÉXICO
Desde su nombramiento como Titular de la Comisión Nacional Antisecuestro, nuestra organización con vocación internacional, dedicada a la promoción, defensa, y vigilancia de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, en particular los derechos de los “culpables fabricados”, ha tomado la decisión de darse un tiempo para observar cuales serían los primeros pasos que usted tomaría como nuevo titular de la dependencia federal de lucha contra el secuestro.
Previo a las conclusiones que le vamos a presentar a continuación, es preciso mencionarle que entre los numerosos casos que maneja e investiga nuestra organización, figura el tristemente famoso “Caso Wallace”, un vergonzoso caso que tenemos la absoluta certeza que fue fabricado por la madre y otros familiares de Hugo Alberto Wallace, con la complicidad de eminentes funcionarios del Estado mexicano, en particular relacionados con la Procuraduría General de la República (PGR). Es evidente que el contenido de las investigaciones realizadas por nuestra organización desde Canadá, junto con el grupo de activistas radicado en México denominado mexicoporflorencecassez, así como por las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga, no habrán pasado inadvertidas, tanto más cuanto que, como Coordinador antisecuestros usted ha tenido la oportunidad de trabajar de manera cercana con la presidente de la Asociación Alto al Secuestro, quien celebró su nombramiento en la Comisión Nacional de Seguridad en agosto del año en curso.
Mediante el tráfico de influencias, Isabel Miranda de Wallace adquirió poder durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el cual la mencionada señora ha gozado de ciertos privilegios debido a su cercanía con el citado mandatario. Entre dichas prerrogativas están el libre ingreso a los penales así como a dependencias federales –entre éstas la SIEDO–, para obligar a ciertos acusados a entrevistarse con ella, con el fin hostigarlos física y psicológicamente para que se declararan culpables de los delitos de secuestro. Usted seguramente recordará los casos de Noé Robles, Ulises Edgar Carrillo, Juan del Castillo, Pablo Solórzano Castro, todos culpables fabricados, torturados y acusados injustamente en el denominado Caso Martí. Asimismo, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que permanezcan ocultas las pruebas de tortura de la que fueron víctimas Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, nuestra organización ha logrado obtener copias de las valoraciones psiquiátricas que comprueban los actos de tortura perpetrados bajo órdenes de la misma persona con la que usted tuvo la lamentable suerte de trabajar y quien lo sigue apoyando abiertamente, además de seguir colaborando con ella pese a las investigaciones claras, precisas, contundentes que indican a todas luces que Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres, es la autora intelectual de la injusticia cometida en contra de siete personas inocentes (si nos enfocamos únicamente en el Caso Wallace), y muchas más (si tomamos en cuenta los casos de secuestro que no fueron resueltos en los que Isabel Miranda de Wallace se ha involucrado con el fin de ocultar la verdad).
Equivaldría a ofender su inteligencia, Sr. Sales, mencionarle que en cualquier Estado de derecho como lo pretende ser la República mexicana, a la luz de las investigaciones publicadas, que no son más que un simple prólogo a lo que todavía nos falta revelar a la opinión pública, lo cual haremos en su debido tiempo, Isabel Miranda de Wallace debería encontrarse actualmente por lo menos procesada por los delitos ya señalados en la denuncia que obra en su contra en la Procuraduría General de Justicia. “Sólo pasa en México” – para citar una expresión popular de indignación que resulta recurrente en las redes sociales– que una criminal del calibre de Isabel Miranda de Wallace siga “trabajando” de la mano con el Comisionado Nacional Antisecuestro, tal y como lo prueba la nota de fecha 6 de octubre titulada “Renato Sales y Miranda de Wallace visitan Unidad Especializada de Combate al Secuestro en Toluca”, de la cual anexamos copia. Una convivencia tan inverosímil y absurda como previsible.
Ahora bien, los últimos acontecimientos nos obligan a dirigirle la presente carta.
– Cesar Freyre Morales, encarcelado en el Altiplano del Almoloya de Toluca hasta el 13 de octubre de este año, fue transferido al Cefereso No 3 de Matamoros, Tamaulipas, presuntamente por motivos de seguridad. Casualmente, el traslado de Cesar Freyre a Matamoros tuvo como consecuencia su imposibilidad de comparecer en la audiencia de vista de Jacobo Tagle Dobin y Brenda Quevedo Cruz del…
– El mismo día, Alberto Castillo también fue trasladado, bajo el mismo motivo.
– Por otra parte, el 3 de septiembre, es decir, a los pocos días de su nombramiento como Comisionado Antisecuestro, alrededor de las 19:00 horas, el personal de custodias llamó a Brenda Quevedo Cruz para indicarle que “preparara sus cosas” porque “iba a salir” del penal. La detenida, quien anteriormente fue torturada en dos ocasiones dentro de los penales de Santiaguito y el de Islas Marías, por personas vestidas de civil y los rostros tapados con pasamontañas, entró en pánico y tuvo una crisis nerviosa, como se puede esperar de una persona como Brenda, quien tiene que vivir permanente con el recuerdo de las sesiones de tortura que sufrió. Brenda Quevedo solicitó le mostraran la orden de traslado, a lo cual los custodios finalmente accedieron pero enseñándole una copia. Al parecer, el personal del penal la quería ingresar, contra su voluntad, a una sala cerrada bajo el pretexto de hacerle unos estudios, a lo cual Brenda Quevedo se negó rotundamente hasta que dieron las 11 de la noche.
Al igual que nosotros, usted Sr. Sales, no puede ignorar que Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin son los últimos acusados de la supuesta banda de secuestradores que todavía no han recibido sentencia, a pesar de los esfuerzos de la familia Miranda / Wallace y la campaña de linchamiento mediático en contra de todos ellos, a la cual se sumó hasta el expresidente Felipe Calderón. Para ser totalmente sinceros, Sr. Sales, usted y nosotros sabemos que la Sra. Miranda de Wallace sacaría un gran beneficio de una confesión autoincriminatoria (o una “confesional”, según los términos propios de la Sra. Wallace), por parte de Brenda Quevedo Cruz, quien a pesar de las amenazas en su contra y en contra de su madre y de su hermano, así como de los actos de violencia física y psicológica de los que ha sido víctima, nunca se ha declarado culpable. En complemento con lo anterior, la estrategia de aislar a los co-inculpados de la Sra. Quevedo Cruz, en primer lugar a Cesar Freyre Morales, cuyo testimonio ante el juez sigue pendiente, se encuentran los intereses del clan Wallace, ya que sin testimonio de otras víctimas de tortura en el caso Wallace, resultaría más “aceptable” una sentencia condenatoria de consigna en contra de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, por falta de pruebas para validar la tesis de la tortura.
Los familiares de las personas acusadas falsamente por Isabel Miranda de Wallace, a saber: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Cesar Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo, Juana Hilda González Lomelí y Jael Malagón Uscanga, nos han expresado su profunda preocupación ante la comisión de nuevos abusos en su contra, por una parte y, por la otra, por las prerrogativas adicionales que se le están otorgando a la Sra. Wallace, seguramente a cambio de su “apoyo moral” a la campaña de desinformación del gobierno hacia los casos de desaparición forzada de Ayotzinapa y muchos otros. Como cualquier organización real y seriamente involucrada en la defensa de los derechos humanos, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad hace honor a su obligación moral de hablar a favor de las víctimas de fabricación de culpables y de sus familias.
Resulta innecesario solicitar que las personas detenidas en torno al caso Wallace y anteriormente mencionadas sean tratadas con dignidad y respeto por su derecho a la integridad física y psicológica, lo cual es la condición misma del respeto por su derecho a una defensa adecuada, ya que la afectación del estado de salud mental y física de los reos tiene consecuencias sumamente negativas en su capacidad para defenderse. A pesar de que el Estado mexicano no ha mostrado todavía el valor de reconocer su enorme error al apoyar a una criminal como Isabel Miranda de Wallace y la realidad de la tortura generalizada en su territorio, y en particular en contra de las personas inocentes e injustamente acusadas por un secuestro que nunca se cometió contra Hugo Alberto Wallace Miranda o Hugo Alberto Miranda Torres, nosotros a nombre de las víctimas y de sus familias EXIGIMOS que como Titular de la Comisión Nacional Antisecuestros, tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a suceder los lamentables e inhumanos actos de tortura e intimidación en contra de los reos en los penales, y que no se permita ninguna otra acción que pueda tener repercusiones en el bienestar, la dignidad, la seguridad y la defensa de los mismos.
Nuestra organización así como las asociaciones con las que trabajamos conjuntamente, nos vemos en la obligación de seguir señalando al Estado mexicano como responsable de los actos entonces denunciados. De ser necesario, presentaremos las evidencias de la participación de los funcionarios específicos.
Atentamente.
DAVID BERTET
Presidente del Consejo de Administración
[email protected]
ANTONIO GUILLÉN
Integrante del Comité Ejecutivo
[email protected]
Asociación Canadiense Por el Derecho y la Verdad
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