Fuente: ACDV
Autor: David Bertet
El 25 de julio, 2014
Montreal, Canadá, 25 de julio de 2014
JESÚS MURILLO KARAM
PROCURADOR DE LA REPÚBLICA
PRESENTE:
En calidad de presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Canadá, me dirijo a usted con el fin de hacer de su conocimiento nuestro desacuerdo y profunda decepción en cuanto a la manera en que las autoridades judiciales de su país y, sobre todo, la PGR de la que usted es el responsable no han manifestado ningún interés en investigar sobre los hechos que hemos evidenciado referente al denominado caso Wallace.
Hasta la fecha, es evidente que los elementos de prueba que encontramos y que fueron publicados, desde los Estados Unidos, en el sitio digital Los Ángeles Press con el que tenemos el honor de trabajar conjuntamente a favor de las víctimas de la violación a los derechos humanos y de la fábrica de culpables, han sido deliberadamente ignorados por la PGR, cuando deberían haber dado inicio a una extensa y urgente investigación. Más allá de su silencio y de la ausencia de apoyo a nuestro trabajo a favor de las verdaderas víctimas en el caso Wallace, –por cierto, silencio que se puede interpretar como una apoyo tácito a la línea de actuación de Isabel Miranda de Wallace quien acusa a periodistas y a activistas de haber iniciado una venganza en su contra–, es menester informarle que todo cuanto hacemos es nuestro trabajo de investigación y de promoción de los derechos humanos a través de la defensa de las personas cuyas garantías fundamentales han sido violadas. Ahora nos consta que parte de su personal ha sido movilizado con vistas a presionar e intimidar a los defensores de los derechos humanos. Nuestro colega y compañero de trabajo, Giel Meza, presidente de la asociación Gente de México por la Democracia, fue detenido arbitrariamente el domingo 13 de julio de 2014, en violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos, por agentes de la SEIDO, y luego interrogado durante más de 5 horas en relación de las publicaciones recientes de Los Ángeles Press sobre el caso Wallace.
Tal actuación de parte de sus agentes resulta totalmente inadmisible, así como el hecho de que dicha actuación tenga como propósito la intimidación hacia defensores de los derechos humanos y periodistas. La realidad es que Isabel Miranda de Wallace –o María Isabel Miranda Torres– no contestó la publicación de la segunda acta de nacimiento de su hijo presuntamente desaparecido y de la CURP registrada en febrero del 2010 a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, cinco años después de su supuesta muerte. Vuelve a la calumnia contra nosotros, a través de las entrevistas en medios que la favorecen, alegando una fantasiosa venganza personal de la que se dice víctima, vuelve a las amenazas, y ahora a la intimidación, esto último con la ayuda del personal de una instancia federal como la SEIDO. Hemos dicho lo que resulta ser una evidencia y lo seguimos afirmando: no es la persona de Isabel Miranda nuestro interés ni problema, sino la red de corrupción creada por ella con graves daños al sistema de procuración de justicia en México. En un país con un Estado de derecho sólido, nadie debe estar más allá de la ley. Nadie puede instrumentalizar la justicia a la que todos los ciudadanos aspiran, por motivos totalmente ajenos a la justicia misma. Nadie puede pisotear el sistema de leyes ni evadir las consecuencias de sus actos. En el caso de Isabel Miranda Wallace, hemos evidenciado una red amplia de corrupción que ha creado con ayuda de la SEIDO, y ha engañado a México fabricando un supuesto crimen sin ninguna prueba pericial válida que establezca veracidad alguna, más allá de declaraciones bajo tortura que se contradicen.
Isabel Miranda volvió a afirmar ante las cámaras de televisión que el padre biológico de su hijo es José Enrique del Socorro Wallace Díaz, pese a las actas de nacimiento y de reconocimiento de Hugo Alberto que han sido publicadas. Una simple prueba de ADN de cuatro personas la hubiese desmentido: la hija y la ex-esposa de Hugo Alberto, de María Isabel Miranda Torres y de su segundo esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, resolvería la duda que durante nueve años ha mantenido en la cárcel a siete personas inocentes.
Lo cierto es que el caso Wallace, por ser un caso emblemático de la fábrica de culpables en México, de la violación sistemática a los derechos humanos más básicos, entre otros el derecho a la presunción de inocencia, se ha internacionalizado, gracias al interés de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos dentro y fuera de México. Por un lado, le reiteramos nuestra disposición a trabajar con usted para evidenciar la verdad del caso Wallace. Por otro lado, y con todo respeto, le avisamos que seguiremos nuestro trabajo para que se haga justicia en este caso. Como usted sabe, el recurso a instancias internacionales de justicia es una de las vías a las que se puede recurrir cuando se observa la falta de actuación de las autoridades para procurar justicia expedita en un país. Aún esperamos el cumplimiento de su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, tal como hizo público desde que entró en función la administración del presidente Enrique Pena Nieto.
David Bertet
Presidente
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
