Fuente: ACDV EDIT

Autora: Georgina Cantú

El 23 de febrero de 2016

Asistencia: Guillermo Uria

OFICIO: ACDV/MX/CASO/CCANTUMUNOZ/23022016

 

ASUNTO: CASO CINTHYA ARELI CANTÚ MUÑOZ

MONTREAL, CANADÁ /

TEOLOYUCÁN, ESTADO DE MÉXICO

A 23 DE FEBRERO DE 2016

Carta abierta de Georgina Cantú a la sociedad mexicana

Fue el día 9 de noviembre de 2012 cuando mi sobrino, de entonces 13 años, llegó a nuestra casa para avisarnos que la noche anterior unos hombres encapuchados y con armas largas habían entrado por la fuerza a su domicilio y que entre golpes y amenazas se lo habían llevado a él y su madre, mi hermana, Cinthya Cantú.

Temiendo lo peor, y sin que mi sobrino pudiera indicarnos con precisión adónde los habían llevado, la reportamos como desparecida. Buscamos incansablemente en oficinas del Ministerio Público de diferentes municipios y delegaciones, indagamos en PGR, llamamos cada par de horas a Locatel para saber si tenían reporte de una persona con sus características, pedimos auxilio en redes sociales. Fue hasta el siguiente día que después de una llamada telefónica pudimos localizar a Cinthya: estaba detenida en las oficinas de la Fiscalía Antisecuestros donde había sido torturada física y psicológicamente, donde había sido obligada a declararse culpable de diversos delitos a cambio de respetar la vida de su hijo y dejarlo ir. Recargaron a su propio hijo encima de un escritorio, lo encañonaron frente a ella y le dijeron que si no cooperaba lo iban a violar, a matar, que lo iba a escuchar gritar y no iba a poder hacer nada al respecto.

No llegamos a tiempo: mi hermana ya no se encontraba ahí. La pesadilla apenas comenzaba. Al momento de preguntar por mi hermana en la Fiscalía de Nezahualcóyotl, Cinthya estaba siendo trasladada a Toluca para exhibirla ante los medios de comunicación como una peligrosa delincuente, sin haber habido un juicio de por medio.

Fue el entonces Procurador de Justicia, Miguel Ángel Contreras Nieto, quien decidió que sería buena idea violar su presunción de inocencia, la de ella y de nueve personas más (entre quienes se encontraba un menor de edad). La noticia de la captura de “una peligrosa banda perteneciente a los Caballeros Templarios” fue repetida por decenas de medios nacionales, causándonos a mi hermana y a toda nuestra familia un daño moral irreparable.

A pesar de que el mismo Procurador mencionó públicamente que era una banda responsable de diversos homicidios, extorsiones y secuestros; sólo iniciaron proceso en su contra por un solo delito: el secuestro de un pensionado de Telmex por quien supuestamente recibieron de rescate $10,000 M.N., un televisor y un minicomponente (a repartir entre diez “peligrosos secuestradores”).

Después de esa detención arbitraria, fue por televisión la primera vez que volvimos a ver a mi hermana. Porque aun cuando ella se encontraba en las instalaciones de la PGJEM en Toluca, nos la negaron, haciéndonos buscar en diversas fiscalías y casas de arraigo, todo esto con la única intención de mantenerla incomunicada y poderla presentar a los medios sin obstáculo.

Pasaron los días, no había más prueba en su contra que los testimonios de los policías que la detuvieron. Denunciamos con anterioridad las instancias correspondientes, denunciamos públicamente. Investigamos. Nos entrevistamos con un montón de servidores públicos. Por supuesto, nadie sabía nada, nadie se hacía responsable de nada, nadie estaba dispuesto a dar la cara por lo ocurrido.

Ahora puedo decirlo con certeza: para fabricar culpables y hacer esta simulación de justicia, es necesaria la complicidad de un centenar de personas: agentes del ministerio público, policías, médicos legistas, defensores de oficio, jueces, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, y un largo etcétera. Nadie ve o, mejor dicho, sí ven pero nadie quiere hacerse responsable, simplemente porque no les importa. Algunos por acción y otros por omisión, todos cómplices.

Los medios de comunicación se limitan a repetir versiones oficiales. Periodistas de diversos medios se acercaron a nosotras con la intención de escuchar nuestra versión, pero fueron poquísimos quienes algo pudieron hacer porque sus jefes no les permitían contar este tipo de historias.

Habían pasado casi cuatro meses, nuestros abogados estaban por presentar pruebas que demostrarían no sólo la inocencia de mi hermana, sino también la culpabilidad de elementos de la PGJEM. El 4 de marzo de 2013 mi madre fue asesinada al salir de su trabajo, dos personas en motoneta le dispararon por la espalda. Después de su asesinato, nuestros abogados renunciaron, sin antes presentar las pruebas que estaban pendientes.

Como pudo constatar la PGJEM, después de exhaustivas entrevistas e investigación de sus números telefónicos, mi madre era una persona sin enemigos. Una mujer dedicada a su familia, a su trabajo, a la iglesia y a estudiar una segunda licenciatura; una profesora reconocida en la comunidad por sus habilidades de enseñanza.

En mi declaración manifiesto que temo que su asesinato haya sido represalia por las denuncias hechas, doy nombres de los elementos de la PGJEM que estaban involucrados y que pudieran ser sospechosos. A pesar de ello, nunca vi en la carpeta de investigación una entrevista hecha a esos “servidores públicos”. En cambio, sí fui llamada para ampliar declaración y más tarde mi teléfono y redes sociales estaban siendo investigados. Me investigaban a mí en lugar de buscar a los asesinos de mi madre.

Después de su asesinato y de un alboroto que se armó en torno al caso, del cual tienen conocimiento el propio Gobernador Eruviel Ávila, yo comencé a recibir ataques vía redes sociales, tachándome de loca, mentirosa, paranoica. Fue fácil descubrir que estos ataques provenían de la misma PGJEM. Al día de hoy, el asesinato de mi madre sigue impune. El Procurador nunca aceptó recibirnos.

En noviembre de 2013 el MP intentó acusar a mi hermana de un nuevo secuestro. Supuestamente una señora que había sido secuestrada en septiembre de 2012 había visto la foto de mi hermana publicada en diversos medios. A pesar de no haber mencionado a nadie con sus características en su declaración inicial, después de un año afirmó reconocer a Cinthya en la foto de un periódico y ahora estaba segura de que mi hermana y cuatro personas más que aparecían en la foto habían participado en su secuestro. Mediante un amparo se ordenó al tribunal de apelación revisar el caso, la vinculación a proceso por este segundo caso fue revocada.

Hoy, a más de tres años de lo ocurrido, mi hermana Cinthya Cantú espera la audiencia de alegatos finales para finalmente dictar sentencia.

El daño físico, emocional, económico y moral causado a mi familia, es en muchas formas irreparable. Exigimos que la PGJEM cese de revictimizarnos. Exigimos que comiencen a procurarnos justicia y que asuman su responsabilidad.

En mi calidad de víctima exijo reparación del daño, memoria, garantía de no repetición y verdadero acceso a la justicia. Como ciudadana exijo que dejen la simulación, que dejen de usar chivos expiatorios para encubrir su incapacidad e ineptitud para procurar justicia y que si no logran ser dignos de la confianza de los ciudadanos, renuncien.

Confiamos en que aún existen jueces que hacen honor a su investidura. Esperamos sea el caso de quien debe resolver sobre la libertad de #CinthyaCantú.

Georgina Cantú Muñoz

Asociación Canadiense Por el Derecho y la Verdad

www.ac-dv.org

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Página del sitio de la ACDV dedicada al caso de Cinthya: https://www.en-vero.org/?p=353

Acceso a la investigación de la ACDV de la cual el Juez Osvaldo Villegas tiene copia: https://www.en-vero.org/wp-content/uploads/2014/03/ACDV-Caso-Cynthia-Cantu-vf-REV-JORGE-v2-con-firmas.doc (Moisés Castello / David Bertet)