Fuente: ACDV Editorial
Autor: Gregorio A.
Asistencia: Mabel González
El 9 de abril de 2016
El viernes 18 de marzo de 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al ex-congresista Luis Fernando Armario Rojas a 120 meses de cárcel por los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y de constreñimiento al sufragante en calidad de determinador.
Luego de más de un año de proceso, la más alta instancia de la justicia en Colombia se pronunció en un caso considerado como controversial, con una decisión que la ACDV lamenta, dadas las numerosas incongruencias y falta de rigor jurídico sobre los elementos en los que se basa tal decisión. Desde hace más de un año, la ACDV ha venido insistiendo en la liberación del ex-congresista del Caquetá, por considerar que el Sr. Almario es víctima de un montaje que cuenta con la participación de falsos testigos. Luis Fernando Almario Rojas, detenido de manera preventiva el 4 de Julio de 2012, estuvo privado de la libertad durante 57 meses, mucho más tiempo de los 8 meses autorizados por la ley. Durante todo el proceso las autoridades se negaron sistemáticamente a tener en cuenta las múltiples denuncias que el ex-congresista presentó con el objetivo de llamar la atención sobre las irregularidades del mismo, temiendo ser condenado por hechos de los cuáles no existe prueba fehaciente alguna. En nuestra opinión, se tratan únicamente de acusaciones hechas por presuntos ex miembros de grupos armados al margen de la ley, y cuya integridad y validez no fueron corroboradas con la rigurosidad requerida.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia constituye una decisión que no sólo afecta la vida e integridad del Sr. Almario Rojas y de su familia sino más aún, la estabilidad del país y la credibilidad de su sistema de justicia. Esta decisión es una triste victoria de la impunidad que impregna los órganos de justicia colombiana. Más aún, fortalece el uso de la figura de los falsos testigos para deshacerse de quiénes son calificados cómo “incómodos” para los intereses de las diversas mafias económicas y políticas que controlan la institucionalidad de la justicia en Colombia y que vienen usando esta figura desde hace décadas, y de manera sistemática desde el inicio del proceso de desmovilización de los grupos armados y de implementación de la Ley de Justicia y Paz.
La Ley de Justicia y Paz, disminuye las sentencias de los ex-paramilitares a cambio de un testimonio o denuncia. Aunque diferente de su intención original, la implementación de la ley dio nacimiento a una multitud de falsos testigos, comprados por gente influyente para acusar a inocentes. Regresando al caso de Luis Fernando Almario Rojas, a pesar de que durante el proceso se presentaron documentos como grabaciones de un fiscal que compraba a uno de los testigos, nada sucedió ni al fiscal ni a la validez del testimonio.
El caso del Sr. Almario Rojas pone en evidencia una vez más la urgencia de reformar el sistema para garantizar su función principal de resguardar la Constitución e impartir justicia. El equipo de la ACDV reitera su compromiso a continuar trabajando para que los derechos de las víctimas de ese tipo de injusticia sean restituidos y puedan recobrar su libertad. Teniendo la convicción firme de su completa inocencia, reiteramos nuestro apoyo al Sr. Luis Fernando Almario Rojas y a su familia.
