Fuente: Animal Político
Autor: Alejandro Juárez Zepeda
El 19 de enero de 2015
Qué complicado es escribir una y otra vez el mismo artículo, contar la misma historia, hacer el mismo análisis. En México, un defensor de derechos humanos tiene que hacer variaciones sobre el mismo tema. Exponer el caso, otra vez y otra vez, porque nadie atiende. Por eso, los medios de comunicación son un aliado tan importante para nosotros: nos ayudan a poner los temas en el horizonte de la opinión pública, llamar su atención sobre ellos e invitar a la participación.
Hemos escrito muchas veces sobre Alfonso Martín del Campo Dodd, en este mismo espacio y otros. De la última vez (agosto de 2014) a la fecha, para Alfonso sólo han transcurrido días y días en la cárcel, uno igual que otro, nada más. En aquella ocasión anunciábamos lo inminente de la discusión de su expediente por parte de la SCJN, lo cual representaba su última oportunidad de salir en libertad. Sin embargo, la Corte ha aplazado inexplicablemente esta discusión durante meses.
Para nadie es un misterio que la SCJN se maneja, por lo menos en lo que hace a su organización interna y la prioridad que asigna a sus discusiones, en la más completa y absoluta opacidad y discrecionalidad. Aunque el artículo 17 de la Constitución establece que las resoluciones de los tribunales deben ser emitidas de manera “pronta, completa e imparcial”, seguimos sin saber nada más de la cuestión. Y Alfonso va para 23 años injustamente recluido en prisión.
Alfonso Martín del Campo Dodd fue sentenciado, a la edad de 23 años, a 50 años de prisión, mediante una confesión obtenida bajo tortura en la que admitía el asesinato de su hermana y su cuñado. Aquí se pueden leer los pormenores sobre este tremendo expediente, que fue el primero de México en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A favor se han pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y, recientemente, Amnistía Internacional.
No obstante lo anterior, en días recientes recibimos información en el sentido de que la SCJN podría presentar, en un margen no mayor a cuatro semanas, el proyecto de resolución, que correría por parte de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Recordemos que el año pasado, la Primera Sala desechó el proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, que proponía amparar y liberar inmediatamente a Alfonso. Este proyecto fue objetado por los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y (ojo) Jorge Mario Pardo Rebolledo. Los argumentos que esgrimieron los ministros en aquella ocasión fueron que: “los informes rendidos por la CIDH así como el que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 2002 sobre el mismo caso y que arriba a la misma conclusión que el anterior, no pueden ser los únicos elementos para acreditar un reconocimiento de inocencia por parte de la Suprema Corte, debido a que no son vinculantes para el máximo tribunal del país. Hace falta entrar al estudio de fondo del expediente para analizar todas y cada una de las pruebas que en él se contienen a fin de valorar, junto con los informes citados, si efectivamente hubo o no tortura y los alcances que en su caso pudiera tener una determinación como esa”.
La impunidad es un cáncer que está carcomiendo a nuestro país. La no vigencia del Estado de Derecho está acabando con México. El año que pasó (Ayotzinapa, Tlatlaya, “Casa Blanca”, licitación del tren México-Querétaro, contaminación del río Sonora, etc.) puso de manifiesto que nuestras instituciones están podridas y se necesita echar andar un proceso de renovación moral de la clase política y refundación del país. La corrupción no puede seguir siendo la divisa de este país. El sistema de justicia debe dar muestras de que es eficiente y probo, pero, sobre todo, capaz de remediar las injusticias históricas que carga a cuestas. Hoy mismo estamos viendo que existe un desistimiento de la acción penal en el caso Nestora Salgado pero, al mismo tiempo, que existen fuerzas oscuras impidiendo que las instituciones locales operen y den cumplimiento a esta resolución. ¿Por qué?
Esperamos que estas mismas fuerzas oscuras que han actuado en otras ocasiones, también en el caso Cassez, por ejemplo, y ya anteriormente en este mismo caso, se abstengan de seguir practicando ese “terrorismo” de derechos humanos que se les ha vuelto costumbre y permitan saldar estas deudas históricas con la justicia que, hoy más que nunca, hace tanta falta en México.
A lo largo de estos cuatro meses de campaña a favor de la liberación de Alfonso Martín del Campo, reunimos alrededor de 25,000 firmas exigiendo su libertad mediante una petición que impulsamos desde la plataforma Change.org. A esta campaña se sumó, incluso, el sacerdote y activista por los derechos humanos Alejandro Solalinde. Ante lo que esperamos sea el fin del calvario para Alfonso Martín del Campo Dodd, invitamos a todas la personas interesadas en la vigencia del Estado de Derecho y el cese de prácticas como la tortura a firmar y solidarizarse en esta liga.
* Alejandro Juárez Zepeda es defensor de derechos humanos y guionista del documental Bajo Tortura, que aborda el caso Alfonso Martín del Campo Dodd.
