Caso Noé Robles Hernández (6 julio 2020)

Pueblan las cárceles cientos, quizá miles, de personas que fueron privadas de su libertad injustamente.

Desde que me involucré en la investigación del espinoso caso Wallace con frecuencia recibo testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de investigaciones amañadas, tortura, falsificación de pruebas y monstruosas violaciones a sus derechos constitucionales.

Un denominador común en todos estos casos es que la única sentencia emitida fue la de la opinión pública, pero la de los tribunales permanece pendiente. Inculpados juzgados por los medios de comunicación que aún esperan veredicto del Poder Judicial.

Sin un esfuerzo a la vez sincero y musculoso por parte de la autoridad para esclarecer estas denuncias, no será posible rozar siquiera la verdad detrás de tales procesos. Y es que millones de páginas hiladas en expedientes ilegibles han sido dispuestas como pesada lápida para sepultar gente inocente.

El periodismo que ejerzo cuenta, como cualquier otra responsabilidad alejada del poder, con recursos materiales, temporales y económicos insuficientes para hacer que la justicia resurja en cada caso.

Sin embargo, a pesar de las falencias, en mi oficio sería inmoral guardar estas misivas dentro del cajón del escritorio y dar la espalda a la exigencia legítima para que el periodismo considere a las personas que, desde su celda, aseguran haber sido víctimas de la demagogia punitiva impuesta en México durante las últimas décadas.

Este es el caso, por ejemplo, de una carta redactada a mano por Noé Robles Hernández, fechada el 6 de marzo de este año.

“Tal vez en algún momento llegó usted a escuchar de mi… su servidor está acusado del secuestro de Fernando Martí, entre muchos más… (Me) gustaría… contarle un poco de mi historia… (S)I no le interesa… solo dese el tiempo de leer por favor esta carta. »

Noé Robles lleva once años en prisión sin que se haya dictado sentencia, siquiera en primera instancia, de alguno de los 34 secuestros de los que supuestamente participó.

Asegura que la Policía Federal de la época, encabezada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, fabricó una tremenda historia para inculparlo de todos esos plagios. Afirma que no cometió ninguno de ellos y sin embargo fue exhibido teatralmente ante la opinión pública, presentándolo como “un asesino sanguinario y un peligroso delincuente.“

Narra Robles que, para inculparlo, se fabricaron documentos, periciales y testimonios que, por endebles, no han servido para que los jueces se atrevan a dictar sentencia condenatoria.

Cuenta que, como en tantas otras historias, se le detuvo en fecha previa a la que aparece en su expediente y que durante esa ventana de opacidad sufrió torturas inerrables con el objeto de que involucrara a otras personas de delitos sobre los que no tenía ninguna noticia.

“Yo no viví ninguno de los hechos que se me imputan. No sé como hayan pasado, pero lo que sí puedo probar es la forma en que actuó la Secretaría de Seguridad Pública Federal para involucrarme.“

“Sé que es muy complicado que en unas cuantas líneas logre que usted perciba todo lo que está manchado en este caso; ni aún leyendo todos los tomos de todos los procesos podría determinarse el grado de daño que me hicieron.“

El caso Robles obliga a romper con la inmoral pasividad: mientras la opinión pública los juzgó a gran velocidad, los tribunales prefirieron guardar en el archivo más viejo los voluminosos expedientes. Entre tanto los responsables de la farsa penal, salvo excepciones, continúan en la nómina de algún cuerpo policial o ministerial, gozando de privilegios insospechables.

Sé que no está de moda proponer que la sociedad y el poder público trabajen de la mano, pero frente a esta injusticia grande, que ha desgarrado la vida de tantas víctimas, algo debería hacerse. La fabricación de culpables no puede perdonarse ni olvidarse, so pena de enterrar de por vida a personas inocentes y con ello la dignidad de los que nos beneficiamos de la libertad.