Fuente: Proceso
Autor: José Reveles
El 16 de junio de 2016 (Publicación original el 4 de junio en la revista Proceso)
Cuatro siglos y medio de cárcel a supuesto secuestrador de Fernando Martí… y sin pruebas
Pablo Solórzano Castro fue condenado a casi medio milenio de cárcel. ¿El cargo? Supuestamente participó en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. ¿El problema? Los agentes que lo detuvieron fueron los mismos que lo habían extorsionado dos años atrás, la sentencia se basó en el dicho de un solo testigo protegido –el mismo que “fabricó” culpables en otros 80 casos–, el inculpado fue torturado, el juez aceptó pruebas inválidas de origen y no se aceptaron evidencias de descargo… Así “se impartió la ley” en un caso que toca dos sexenios.
“Testis unus, testis nullus”, estableció hace siglos el Derecho Romano. Un testigo único es un testigo inválido. Sobre todo si no hay un solo elemento adicional de prueba que corrobore una acusación, que la convierta en categórica y convincente; y también si no existe otra imputación formal de alguien más en contra del mismo acusado.
Algo tan lógico y elemental no funciona así en la justicia a la mexicana, en esa fábrica de culpables donde no hubo alternancia alguna en el 2012, en esa máquina trituradora de inocentes con testigos falsarios que operó en las administraciones de Acción Nacional y continúa a todo vapor en el gobierno priista actual.
Pablo Solórzano Castro fue detenido el 12 de mayo de 2011 por los mismos agentes federales que en octubre de 2010 intentaron extorsionarlo exigiéndole medio millón de pesos con tal de no involucrarlo en uno de los casos más dramáticos del país, el del secuestro y asesinato del jovencito Fernando Martí Haik.
El camino escogido para hacer encajar a Pablo en el esquema de la llamada Banda de la Flor y en la de Los Petriciolet fue tan sencillo como perverso: bastó conseguir una foto suya, en blanco y negro, en la Plataforma México y llevársela a uno de los testigos acusadores más prolíficos engendrados por García Luna Productions, un igualmente acusado por el caso Martí, Noé Robles Hernández, apodado El Chimuelo. Esto ocurría el 11 de diciembre de 2010, dentro del penal de entonces alta seguridad del Altiplano.
Para entonces, Noé había rendido 12 declaraciones ministeriales, en ninguna de las cuales había mencionado jamás siquiera el nombre de Pablo Solórzano Castro (rendidas ante la autoridad en julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2009; marzo, abril y septiembre de 2010).
Pero a partir de entonces Noé fantaseó, como lo hizo en unos 80 casos en los que intervino como testigo acusador protegido por el gobierno. Dijo que a Pablo le apodaban El Gallo e hizo un retrato hablado que para nada correspondía al de la foto que inútilmente trataron policías y un agente del ministerio público federales que memorizara.
Con ese acusador y testigo único, a Pablo se le sentenció a 452 años 8 meses y 25 días. Bastó con atribuirle de palabra haber sido parte del retén que aparentaba ser de la Agencia Federal de Investigación y que obligó a parar al auto blindado en que el joven Martí, con chofer y escolta, viajaba en la mañana del 4 de junio de 2008. Luego de tortuosas negociaciones con los plagiarios, el empresario Alejandro Martí mandó más de 5 millones de pesos a los secuestradores de su hijo, que aceptaron el trato y ofrecieron liberarlo. El cuerpo del joven apareció muerto a balazos en una cajuela de un automóvil Corsa placas 130-SUJ, en la delegación Coyoacán el 1 de agosto siguiente, 53 días después de haber sido secuestrado.
El mensaje fantasma
El testimonio único del testigo singular Noé Robles Hernández (también se hacía llamar Noé Abraham Soto García) le atribuye a Pablo Solórzano haber estado en el retén falso y se le acusó de haber escrito a mano un mensaje en una cartulina que estaba junto al cadáver: “por no pagar, atentamente la familia” (sic). Al parecer unos integrantes del grupo de secuestradores robaron el dinero o parte del rescate.
Pero la cartulina, si realmente existió, ya ni siquiera aparece en el expediente, por lo cual es imposible hacer pruebas de caligrafía que han exigido la defensa, los padres y hermana del detenido. En más de cuatro años y medio la autoridad no le entregó a Pablo resultados de un supuesto examen grafológico para comparar sus trazos con los del cartón fantasma.
Pese a no haber pruebas “ni circunstancias de tiempo, modo y lugar de mi supuesta participación” (en el secuestro del joven Martí), “me inventan un alias y me sentencian, sin existir algún otro vínculo como podrían ser dinero, armas u otro tipo de evidencias”, dice Pablo en sus alegatos.
Solórzano Castro declara ser absolutamente inocente de haber tenido el mínimo contacto con secuestradores y menos participar en el caso Martí. Cuando fue detenido en Coacalco, estado de México, sus captores tardaron 15 horas en entregarlo al Ministerio Público. Durante ese tiempo lo torturaron para que se declarara culpable. Como abogado, Solórzano sabía que sus dichos ante agentes policiales no eran válidos, menos bajo tormentos y amenazas a su familia, por lo que “confesaba” para evitar que lo siguieran torturando. Lo hicieron firmar declaraciones autoinculpatorias que ya llevaban en un escrito. Fue tal la presión, que seis días después de su detención intentó suicidarse, como consta en el expediente. La psicóloga Marisela Campos Velázquez lo examinó, de acuerdo con parámetros del Protocolo de Estambul y encontró vestigios de la tortura, entre ellos un agudo estrés postraumático.
Con las acusaciones del testigo único, la juez primera de Distrito en Proceso Penales Federales en el Estado de México, Nadia Villanueva Vázquez, sentenció a Pablo a la pena desproporcionada e insólita de 452 años 8 meses y 25 días por su presunta y difusa participación en el secuestro del jovencito Martí, por delincuencia organizada y posesión de cartuchos.
Proceso tiene en sus manos 89 páginas tamaño oficio, a renglón cerrado, de los alegatos del encarcelado, quien es su propio defensor, pues cursó la carrera de derecho, y la del abogado de oficio Luis Monroy Moreno, en las cuales se expresan los agravios, las irregularidades del caso, y se solicita revocar la brutal sentencia para que se le sustituya por una absolutoria, pues la juez desechó todas las pruebas de descargo aportadas por Pablo, no tomó en cuenta que fue torturado y no aporta un solo elemento más allá del dedo señalador de Noé Robles Hernández.
Ya había sido escrita la presente nota cuando, el 25 de mayo de 2016, la magistrada Angélica Marina Pérez, del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, decidió revocar la obviamente exagerada sentencia en un caso que exhibe demasiadas dudas razonables. Con ello, Pablo Solórzano puede seguir aportando pruebas de su inocencia, porque la descomunal pena simplemente no tiene vigencia y el proceso continúa.
Acusador confeso
Por cierto, Noé le hizo llegar a Pablo Solórzano un manuscrito que comienza diciendo (se respeta ortografía y sintaxis original):
“Llegaste al Cefereso y te conocí entendí que hice muy mal pero fui obligado, pero te repito sé que me entiendes porque a ti te tocó conocer y padecer de los tratos de José Manuel Rojas Cruz, estoy seguro que saves bien como actuan no solo el sino todos aquellos que están fabricando esta historia desde aquellos ahora ex policias federales, pasando por Luis Cárdenas Palomino y todos los Ministerios Públicos…”.
En octubre de 2010 el empresario Alejandro Martí, presidente de la asociación México SOS, hizo publicar las fotografías de participantes en el plagio de su hijo. Había 17 personas sujetas a proceso penal, pero seguían prófugos varios presuntos participantes en el secuestro, cautiverio y muerte de Fernando.
Aparecen en las fotos los ex agentes judiciales del Distrito Federal Oscar Morales Alvarado El Alvin o El Chiquito; Raúl Jaime Santamaría Méndez El Santa o El Pacholín; el ex policía federal José Martín Jiménez Martínez El Porro o Vitorio, y Luis Manuel Castillo Rentería, La Botarga o Brazos Cortos.
Por su parte, la PGR ofreció recompensas por 15 millones de pesos para la captura de estos individuos prófugos, entre los cuales no aparecía Pablo Solórzano Castro. Y, por supuesto, tampoco entre los detenidos, pues fue capturado hasta mayo de 2011, curiosamente por agentes federales que manejaban pormenores del caso Martí y a los que les fue sencillo involucrar a Solórzano, aunque no lograron aportar datos duros para probar su participación.
Pablo fue puesto a disposición del Ministerio Público José Manuel Rojas Cruz, mediante oficio firmado por los policías federales Ismael Zarco Cruz, Sergio David Frutero Salcido, Ricardo Muñoz Tapia y Jesús Isaac González Torres. Ni están todos los participantes en la aprehensión (unos 25 agentes), ni todos los nombrados tuvieron injerencia en el arresto sin orden judicial, pero sí en el intento de extorsión.
Los agentes Fernando Morales Soriano y Alfonso Olmedo Villarreal fueron los encargados de presionar física y psicológicamente al reo Noé Robles Hernández para obligarlo a identificar al individuo de la fotografía como El Gallo Pablo Solórzano Castro. Lo curioso de este episodio es que firma como “testigo de asistencia” José Manuel Rojas Cruz, el mismo agente del MP que terminaría por ejercitar la acción penal contra Pablo, poseedor de la foto de Plataforma México que había obtenido el policía Morales Soriano.
Las actuaciones fueron levantadas dentro de la cárcel de alta seguridad del Altiplano, pero su directora, a petición expresa de información, respondió por escrito:
Firmó, pero no estaba
“Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos de esta unidad administrativa, no se encontró registro alguno de que el interno Noé Robles Hernández haya tenido visitas los días 10 y 11 de diciembre de 2010 por parte del C. José Manuel Rojas Cruz”.
Es imposible que alguien ingrese a interrogar a un preso sin que se registren entrada y salida, como ordenan los protocolos carcelarios. Es decir, hubo falsedad en la firma de actas oficiales por parte del personaje -Rojas Cruz- que consignaría a Pablo Solórzano. Se trata de una “prueba ilícita” admitida por una juez.
Hay declaraciones de Noé Robles en donde afirma que desde 2009 “el apodo de El Gallo me lo trajeron” (a la cárcel), entre otros el policía federal Alfonso Olmedo Villarreal y el agente del Ministerio Público Federal José Manuel Rojas Cruz, quienes después lo amenazaron para que lo reconociera como Pablo Solórzano en diciembre de 2010, con auxilio de otros Ministerios Públicos como Ramón Estrada Rodríguez y Gualberto Ramírez Gutiérrez (este último jefe de la Unidad contra el Secuestro, de la SEIDO).
En un oficio registrado el 19 de diciembre de 2013 en la investigación (PF/DINV/EJ/19840/2013), el inspector general de la Policía Federal Víctor Hugo Orozco Padilla escribió:
“En la oficina del titular de esta división de investigación no existe antecedente o registro alguno respecto a si se cuenta con algún indicio, dato, ficha o registro de que Pablo Solórzano Castro haya sido identificado con algún alias o haya sido identificado como miembro de algún grupo delictivo, o si se encuentra relacionado dentro de alguna estructura u organigrama de alguna organización delictiva, en específico Los Petriciolet o La Flor, anterior al 11 de diciembre de 2010”.
El caso se fabricó a partir de una impresión fotográfica y una supuesta identificación hecha mediante un testimonio singular. No hay un solo dictamen pericial para apoyar la acusación. No hubo careo sino identificación a través de la cámara de Hessel, donde solo había una persona: Pablo. La sentencia fue “arbitraria y discrecional”, sostiene la defensa. La juez desechó todo el material probatorio del acusado y calificó a las pruebas “no benéficas, irrelevantes y no susceptibles de ser tomadas en consideración”.
Pesó más una foto extraída de Plataforma México por el oficial policial Fernando Morales Soriano, entregada al agente del MP Federal José Manuel Rojas Cruz, luego mostrada al supuesto testigo en prisión Noé Robles para inculpar a Pablo Solórzano -imputación que se fue gestando desde hace seis años-, que el cúmulo de material probatorio de inocencia del ahora condenado, que la juez llamó “irrelevante”.
El caso Martí ya vivió la esquizofrenia provocada por la detención de dos mujeres policías acusadas por el mismo y exacto delito, haber sido parte de un falso retén para secuestrar a Fernando Martí. Una fue capturada por autoridades del Distrito Federal, la agente federal Lorena González apodada La Lore, y otra por mandos federales, María Elena Ontiveros Mendoza apodada La Güera. Casi 7 años estuvo presa La Lore y fue liberada en julio de 2015, pues se decretó que era inocente.
En esa pugna entre policías locales y federales, unos y otros señalados como infiltrados por secuestradores, pudo haber caído Pablo Solórzano, víctima ideal de federales extorsionadores por haber sido agente de la PGJDF, inclusive escolta del procurador Bernardo Bátiz.
Ignora quién lo convirtió en chivo expiatorio, pero Pablo Solórzano proclama su inocencia y la nula calidad de un reo que, en acuerdo u obligado por el gobierno federal, ha sido “testigo” en unas 80 acusaciones, quizás solo superado por otro “testigo pagado” y súper protegido por el gobierno de Felipe Calderón, Jennifer, quien es el abogado Roberto López Nájera y vive en Estados Unidos y es hoy informante de la DEA.
Están libres todos los falsamente acusados por Jennifer: el ex comisario de la PF Javier Herrera Valles, el ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, el ex comisionado de la Policía Federal Víctor Gerardo Garay Cadena, los ex directores de Interpol Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas, los generales del ejército Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, el perredista ex alcalde de Cancún y aspirante a gobernar Quintana Roo, Greg Sánchez, entre muchos otros salidos de su imaginación sin límites y de las consignas de los jefes de entonces, inventores de culpables a modo.
