Fuente: LIMEDDH
El 25 de abril de 2017
Rafael Martínez Cortés, un ejemplo de cómo se fabrican culpables en México
• Rafael Martínez Cortés fue detenido de manera arbitraria el 6 de junio de 2014 y sometido a procedimientos de tortura
• Policías de investigación lo obligaron a declararse culpable del delito de secuestro
• Pese a que ha presentado pruebas que demuestran su inocencia, el juez ha dictado una sentencia de 55 años
• Como parte del proceso de apelación, se presentará un recurso para intentar revertir la sentencia de la Corte: el Amicus Curiae.
Rafael Martínez Cortés fue detenido el 6 de junio de 2014 a las 08:20 horas, cerca de la estación del Metro Observatorio, mientras esperaba a un hombre que dijo estar interesado en adquirir el automóvil particular que él conducía. Hasta el lugar llegó una camioneta blanca de la que descendió un hombre que portaba una pistola. El hombre se acercó a Rafael, lo golpeó en el hombro y lo obligó a bajar del auto. Minutos después, de la camioneta descendieron ocho personas quienes, sin identificarse, empezaron a golpearlo a la vista de los comerciantes y transeúntes.
Martínez fue presentado ante el Ministerio Público el 7 de junio de 2014, aproximadamente a las 13:00 horas, acusado del delito de secuestro. Con él llegaron otros tres sujetos, todos con golpes y heridas visibles en el cuerpo. Los agentes de la Policía de Investigación que los detuvieron –Marco Antonio Caledonio González, Martín Ángeles Ochoa e Israel Martínez Bermúdez– explicaron que los sospechosos se habían opuesto al arresto, por lo que se vieron obligados a someterlos mediante el uso de la fuerza.
Asimismo, entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ) un parte informativo que contenía la declaración firmada de los sospechosos, en la que aceptaban expresamente dedicarse al secuestro y haber privado de la vida a Ángel Hernández Islas, un comerciante que meses atrás había sido retenido y asesinado por sus captores. Esto quedó asentado en la carpeta de investigación número FAS/T3/00542/14-05.
Rafael Martínez Cortés relató que tras su detención en el metro Observatorio fue llevado a una bodega donde lo interrogaron y lo sometieron a fuertes golpizas, intimidaciones y amenazas. Después, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Secuestro (FAS).
“Llegamos la FAS después de 7 horas de mi detención. Me metieron a un cuarto y me hincaron; seguía esposado. Se subían arriba de mis pantorrillas brincando, me levantaban los bazos hacia atrás y me preguntaban que “qué hacíamos en Observatorio”. Les dije que yo vivía a unas calles de ahí. Me golpeaban y decían que no era cierto, que yo era de Martín Carrera. Uno de ellos me jaló del brazo izquierdo para aventarme hacia el suelo y me zafó mi hombro. Empecé a gritar y como vieron que el dolor del hombro era insoportable, me jalaban más. Luego me acercaron a donde se oía que alguien estaba escribiendo. Me dieron unas hojas a firmar y cuando quise leerlas, Macedonio Ángeles Chica me golpeó y me dijo que si no firmaba, me mataría, y las firmé sin saber su contenido. Nadie me asistió, ni un abogado ni mi familia porque no me dejaron hacer llamadas. Pasé a la cámara de Hessel y decían que diera mi nombre y mi dirección; yo decía mi nombre y al empezar a dar mi dirección, le gritaban a los policías: ¡ya sácalo a chingar a su madre! Fueron como 20 veces”.
El testimonio de Rafael fue confirmado por Israel Luna Cruz, perito-psicólogo del Tribunal Superior de Justicia, tras realizar el análisis psicológico correspondiente. De acuerdo con el dictamen, Rafael Martínez Cortés presentaba signos de haber sido sometido a técnicas de tortura y emitió una recomendación para investigar los hechos.
Pese a esto, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal decidió seguir con el proceso y presentar a los presuntos implicados ante los familiares de Ángel Hernández Islas para que fueran identificados; esto sin la presencia de los abogados defensores y sin respetar los procedimientos que marca el Código Penal.
Durante la identificación, los familiares de Ángel Hernández Islas aseguraron no conocer a Rafael e incluso afirmaron no haberlo visto antes por su colonia. Sin importar lo anterior, el 8 de junio de 2014, el representante social resolvió ejercer acción penal contra Rafael Martínez Cortés por el delito de secuestro agravado y trasladarlo al Reclusorio Penal Varonil Norte.
Al ingresar, Rafael conoce a César Bravo Mejía, alias “El Chícharo”, con quien había quedado en Observatorio para la venta del auto. Bravo Mejía le informa que él y sus compañeros Luis Alberto Trejo Blancas y David Juárez Illescas habían sido acusados de secuestro, pero no sabía por qué Rafael estaba detenido con ellos.
Puesto que nunca se tomaron en cuenta ni los testimonios ni las pruebas presentadas por la defensa de Rafael, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos presentó el pasado 17 de abril de 2017 el recurso legal Amicus Curiae (amigo de la Corte), con el que busca aportar nuevos elementos al caso y exigir que se retomen los recursos desestimados por el Tribunal Superior de Justicia.
El Amicus Curiae apela al principio pro homine o pro persona, que forma parte de nuestra Carta Magna y cuya aplicación es obligatoria para garantizar los derechos humanos. El citado recurso se suma a la petición pública iniciada en la plataforma Change.org el pasado mes de marzo, misma que hasta el momento ha conseguido la firma de más de 5 mil personas.
Campaña #TorturaNuncaMás, #NiunPresuntoCulpableMás.
