Fuente: Blog Expediente
Autor: Itzel Loranca
11 de febrero de 2017 (Publicación original en Blog Expediente el 8 de febrero de 2017)
Llegan violaciones de la FGE a la suprema corte
- El Poder Judicial de la Federación dictó la ilegalidad de la sentencia en contra de Yarold Christian Leyte Quintanar, acusado del asesinato de María Teresa González en 2012.
- El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Tortura e irregularidades plagan la investigación que señala a Yarold como “El asesino de Valle Alto”.
- Despojarse del mote de “El asesino de Valle Alto” y recuperar su nombre y su libertad, para Yarold Christian Leyte Quintanar, están a solo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde 2012, su defensa ha señalado irregularidades en la investigación por el asesinato de María Teresa González González, del que Yarold se declaró culpable tras horas de tortura por elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI).
Decidir sobre la legalidad de la sentencia de 32 años y seis meses a la que fue condenado, ahora se encuentra en manos de la SCJN.
Será el último recurso, la última vía, para la libertad de Yarold o para su condena en una celda del penal de Tuxpan, en donde ha permanecido desde hace casi cinco años por una investigación marcada por anomalías.
“El asesino de Valle Alto”
La AVI primero se llevó a Yarold. En un cuartito, sufrió toques eléctricos en los testículos, golpes en el rostro, y amenazas constantes con una pistola, apuntándole a la cabeza, al ojo… no se quebró. Seguía afirmando su inocencia.
Todo cambió cuando una camioneta de la AVI fue por su entones esposa, quien desconociendo la pesadilla que vivía Yarold respondió su llamada y aceptó reunirse con él. Los dos pequeños que la acompañaban, fueron dejados por los agentes a una señora que pasaba por el lugar.
Yarold nunca vio como golpeaban a su esposa, pero podía escuchar sus gritos de dolor mientras era violentada por los policías. Decidió renunciar a su libertad, a cambio de la seguridad de su familia.
La madrugada del 14 de marzo de 2012 fue presentado como el asesino confeso de María Teresa González González. Los medios informativos locales lo bautizaron como “El asesino de Valle Alto” y reprodujeron en sus páginas la versión oficial del crimen que acabara con la vida de la joven.
Según la investigación del ministerio público, Yarold tenía una deuda de 36 mil pesos con la empresa para la que trabajaba María y cuando ella fue a cobrarla, se negó a pagar. El desencuentro terminó en una pelea al interior de la casa de él.
Una mesa de cristal se volvió añicos al impactarse ellos contra el mueble y con uno de los fragmentos de vidrio Yarold mató a Teresa. Al caer la noche, decidió arrastrar el cuerpo por la calle, hasta la casa abandonada de enfrente.
Tal fue el relato del “Asesino de Valle Alto”.
Pese a los alegatos por lesiones, a Yarold nunca se le aplicó el Protocolo de Estambul. Tampoco se investigó su acusación en el ministerio público, pese a que el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura obliga a todo servidor público a denunciar e investigar cualquier posible caso de este delito.
Inconsistencias
El número telefónico de Yarold continúa funcionando.
Aunque la AVI asentó en la investigación que al momento de ser detenido el presunto asesino tenía en su posesión el celular de la víctima, el suyo y otro más, se le presentó ante el ministerio público con uno solo equipo telefónico que, aseguraron, era de María.
“A más de cuatro años el teléfono de la persona que está detenida, sentenciada, sigue funcionando. Uno marca a ese teléfono y contestan”, dice el abogado de la defensa Guadalupe Salmones Gabriel, y enuncia las inconsistencias del caso.
Afirma que la hora en que Leyte Quintanar está declarando es idéntica a la asentada en el acta de la reconstrucción de los hechos, implicando que estaba en dos lugares diferentes al mismo tiempo.
El ministerio público no logró acreditar el nexo entre la joven asesinada y el presunto homicida. Incluso, personal del banco en que ella trabajaba reconoció que Yarold nunca tuvo una deuda en ese lugar.
La investigación establece además que el asesino hizo pagos con tarjetas bancarias de la víctima, y llamadas desde su número de teléfono; sin embargo, no existen registros de los estados de cuenta y la sábana de llamadas y mensajes del celular de María.
El abogado subraya otra anomalía, advirtiendo que esta irregularidad la detectaron los propios peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.
Los agentes hallaron que no hay relación entre la casa donde supuestamente fue muerta María y donde fue encontrada. Señalan que las pruebas revelan que es en la propia vivienda abandonada, donde es descubierto el cuerpo, que se cometió el crimen. No en otro lugar.
La sentencia
Yarold vivió en Veracruz de 2006 a 2012. Llegó con su esposa y un hijo a la ciudad porteña, sitio en donde tuvo a su segundo retoño. Un crédito en su trabajo le permitió una vivienda propia, en la calle Flamingos del fraccionamiento Valle Alto.
Un dos de marzo de 2012, en la casa abandonada frente a la suya, fue encontrado el cuerpo de María Teresa González González, reportada como desaparecida el 28 de febrero de 2012 por sus familiares. Una trabajadora del banco de microcréditos “Compartamos” que fue vista por última vez en el fraccionamiento Valle Alto, mientras hacía cobranzas a domicilio.
Para 2013 Yarold Christian se encontraba ya en el penal de Tuxpan como presunto asesino de María, y su caso en manos del Juez Primero de Primera Instancia. El 29 de enero de 2016, le fue dictada una sentencia de 32 años, seis meses, pago de reparación del daño y multa de 250 días de salario mínimo.
Un laberinto legal
La defensa impugnó la condena ante la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa. Pero el 12 de mayo de 2016, el tribunal estatal ratificó la decisión del juez de Tuxpan.
Es entonces que Yarold solicita el amparo del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La resolución a su favor llegó el ocho de diciembre de 2016. El amparo 316/2016, otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, indica que el ministerio público tenía que presentar sus conclusiones ante el juez en un período no mayor a 10 días, pero la fiscal encargada las dio a conocer fuera de tiempo.
Para el PJF, esto significa que el ministerio público desiste de su facultad para acusar a Yarold, y por lo tanto, suprime la acción penal en su contra. Además, afirman los magistrados, al haberse violado el debido proceso del acusado, indican, en casos similares la SCJN ha dictado la inmediata libertad del procesado.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado ordenan a la Séptima Sala del Tribunal Estatal a declarar sin sustento la sentencia del Juez de Primera Instancia; y a investigar los señalamientos de tortura que ha hecho Yarold desde hace varios años.
La decisión del PJF no gustó al Fiscal Auxiliar Décimo Sexto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y el 26 de diciembre presentó una impugnación ante la SCJN.
Al conocer esto, la defensa de Yarold interpuso ante la Suprema Corte una revisión adhesiva en la que solicita se confirme el amparo otorgado por el PJF.
“Nada más que justicia”
“Que la verdad de este caso aparezca y que la injusticia que esta muchacha sufrió también se subsane, porque mientras tengan a un inocente ella no va a tener justicia”, expresa Rosalinda Quintanar, la madre de Yarold.
Su voz y el cariz de su rostro corresponden a los de una mujer que ha cargado por años una desesperación indecible, desde el 14 de marzo de 2012, cuando contestó una llamada. Era su nuera, que, desde un teléfono público en la ciudad de Veracruz, le avisaba que Yarold había sido arrestado.
Viajó desde la Ciudad de México, de donde es originaria, hasta el municipio porteño donde no le permitieron verlo, sino hasta un mes después tras reclamos de ella ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Lo puedo visitar dos veces al año. Siempre ha habido la amenaza de que lo van a matar, que se va a suicidar, siempre me dicen que se va a suicidar allá adentro pero no, él no se va a suicidar. Él tiene todo el apoyo de nosotros hemos hablado francamente de la situación. Él ha intentado que se demuestre su inocencia”.
Ahora que el caso ha llegado ante la SCJN, Rosalinda pide “nada más que la justicia, nada más que la verdad”.
“Estoy nos ha causado mucho dolor, y supongo que a la familia de ella también, porque al no haber investigado los policías la situación como debe de ser, al haber torturado a mi hijo, a mi hijo no lo volvieron un culpable sino en una víctima de esta situación, desde hace cinco años”.
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