Fuente: Blog Expediente Mx
Autor: Ignacio Carjaval
El 9 de mayo de 2016
“No quiero que mi hijo muera en prisión”
Resumen
Una madre pasará otro 10 de mayo llorando la ausencia del hijo presuntamente incriminado por autoridades veracruzanas
Yarold Christian Leyte Quintanar es señalado de haber asesinado a una mujer; enviado al penal de Tuxpan por el entonces Procurador, Amadeo Flores Espinosa, hoy dirigente estatal del PRI
Lleva cuatro años en el penal de Tuxpan, la ONG Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad está intercediendo por él, pero el Poder Judicial del Estado ha ignorado las pruebas que lo exculpan
Confesó el delito después de 10 horas de tortura aplicada por elementos de la AVI, ahora la apelación de la sentencia a 32 años está en manos del hijo de Amadeo, el magistrado Amadeo Flores Villalba
Hace cuatro años, Yarold Christian Leyte Quintanar fue detenido y acusado en Veracruz por el homicidio de María Teresa Gónzalez González, cuyo cadáver apareció en una casa abandonada frente al domicilio de Leyte Quintanar, quien actualmente purga una condena a 32 años en el penal de Tuxpan.
Pero la familia y la ONG Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) argumentan que la detención de Leyte Quintanar se dio sin orden de aprehensión ni presentación. Rosalinda Quintanar, su madre, afirma que la confesión la obtuvieron después de 10 horas de tortura aplicada en una mazmorra de la Fiscalía Regional de Veracruz, en ese entonces, por elementos de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), hoy Policía Ministerial, todos al mando de Amadeo Flores Espinoza, actual presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Institucional (PRI), pieza clave en la campaña a gobernador de Héctor Yunes Landa.
“Hemos presentado pruebas sólidas que comprueban que mi hijo no tuvo nada que ver en ese homicidio, documentos que incluso se han generado por personal de la Fiscalía en donde se aportan pruebas que lo exoneran, pero las autoridades han ignorado todo; en cambio, la investigación en su contra, no cuenta con ninguna prueba contundente, sólo se basan en la confesión lograda por tortura física y psicológica”, dijo Rosalinda Quintanar en entrevista telefónica con www.blogexpediente.com.mx
La familia de María Teresa Gónzalez González, encargada de cobranzas del Compartamos Banco, reportó su desaparición el 28 de febrero de 2012. Lo último que supieron de ella, fue su visita a varios deudores en el fraccionamiento Valle Alto, ubicado a unos 20 minutos del aeropuerto de la ciudad de Veracruz. Su cadáver apareció el 2 de marzo en el interior de una casa en estado de abandono, la 232 de la calle Flamingo en Valle Alto.
En base al expediente de la investigación, se sabe que el 14 de marzo, por una llamada anónima, la AVI recibió una pista sobre el homicida. Vivía frente a la casa abandonada en donde encontraron el cadáver de la cobradora de Compartamos. Los oficiales tocaron a la puerta, y Leyte Quintanal echó a correr. Al ser detenido, aceptó haber dado muerte a la mujer; en su poder tenía su celular, además, los policías encontraron pertenencias de la finada en su casa.
En su confesión, según el reporte de la AVI, el detenido reconoció haber tomado la tarjeta de débito de su víctima para efectuar compras y pagos el día posterior a su crimen.
En el expediente se lee que Yarold Leyte confiesa haber matado a la mujer porque ésta le cobraba una deuda por 30 mil 700 pesos. Ese día ella arribó a su casa para cobrar, pelearon en la vía pública, y como él sintió pena por los vecinos, la invitó a pasar a su domicilio, en donde hablarían sobre la forma de pago.
Sin embargo, dentro siguieron peleando, fue cuando él le aplicó una llave china para dejarla inconsciente. Caen al suelo, ella patea una mesa con pedestal de vidrio, el cual se rompe y los pedazos de cristal se incrustan en ambos. Finalmente, ella muere asfixiada y en el suelo de la casa de Leyte Quintanar queda un charco de sangre de unos 12 centímetros. Lo mismo afirmó en la reconstrucción de los hechos.
Yarold Quintanar, en lugar de llamar a la ambulancia, se quedó sentado durante cinco horas, a la espera de la madrugada, para arrojar el cadáver de la finada en la casa abandonada colindante con su residencia. Después revisó sus cosas, se quedó con una memoria USB, maquillaje, dinero y las tarjetas que posteriormente empleó para comprar diversos artículos. Hasta allí la versión oficial.
Sin embargo, la madre del inculpado dice que su hijo estuvo vendado de los ojos, amarradas las manos y pies. Hubo descargas eléctricas en testículos y pezones. Más de cinco horas de madriza. Sólo después de eso le preguntaron ¿Por qué había matado a la cobradora?
Yarold Christian Leyte Quintanar sólo sabía del tema por las noticias. Los policías le insistieron. Crearon la historia de que estaba en su lista de deudores de Compartamos Banco, que le debía más de 30 mil pesos.
Cinco horas más de martirios hasta que trajeron a su esposa, al alcance de su vista, él vio cuando la llevaron a la misma mazmorra dentro de la ahora fiscalía regional del puerto de Veracruz; después reconoció sus gritos y súplicas de clemencia por la golpiza propinada por los elementos de la AVI para quebrar a su esposo.
El momento más duro, cuando un agente de la AVI le coloca una pistola en el ojo, “confiesa o te va cargar la !”·$%$% a tu esposa y a tus hijos también”, amenazó.
Yarold Christian Leyte Quintanar confesó y desde marzo del 2012 reside en el penal de Tuxpan. El dictamen y la investigación pasó por manos de quien entonces era el procurador, Amadeo Flores Espinosa. La sentencia contra Leyte Quintanar le llegó por 32 años en enero de 2016, y la inconformidad de la misma, tramitada por su defensa, será decidida por el magistrado Amadeo Flores Villalba, irónicamente, hijo de Amadeo Flores; ex secretario del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Rosalinda Quintanar ve transcurrir los años sin saber de la justicia. En la investigación de la AVI, radicada en la causa 55/2012-VII ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Veracruz, las autoridades determinaron que María Teresa González González murió asfixiada dentro de la casa de Leyte Quintanar.
“Yo conseguí un perito particular que determinó una serie de inconsistencias y descartaba la participación de mi hijo, además, un perito de la Procuraduría, en su dictamen, determinó que había grandes incongruencias en la confesión, la reconstrucción de los hechos, y el estudio de la escena del delito por medio de la ciencia forense”, dijo la mamá, quien se refiere al dictamen elaborado por el perito Criminalista Andrés Sánchez Castillo, del 15 de marzo de 2012, dos días después de la detención de Leyte Quintanar, del que Blogexpediente cuenta con copia, y a la letra dice:
1.- “No se encontró correspondencia en cuanto a la situación de la herida que le fuera producida a la C Maria Teresa González González la cual a referencia del indiciado fuera ocasionada por un cristal roto, perteneciente a la mesa de madera que se encontraba en el interior de su domicilio; ya que la herida que presentaba el cadáver del sexo femenino, fue producida por un arma cortante, la herida era profunda y con una longitud de 25 centímetros, aunado a esa situación, de que lesionó y cortó órganos vitales, y había exposición de órganos”.
2.- “No se encontró correspondencia en cuanto a los hechos que narra el indiciado, debido a que manifiesta haber cometido los hechos en el interior de su domicilio, y mover el cuerpo de la ahora occisa (…) siendo que, manifiesta, después de la disputa, y que el forcejeo, ambos cayeran al piso, lesionándose la ahora occisa, y que después de ello permaneciera en el piso por más de cuatro horas, y sólo dejó un rastro hemático de 10 a 20 centímetros de diámetro, siendo desvirtuado, ya que el lugar del hallazgo del cadáver (la casa abandonada) se encontró un lago hemático que abarca dos metros y medio de longitud con la herida y lesiones referidas en líneas anteriores, ESTABLECIÉNDOSE QUE EL LUGAR DEL HALLAZGO CORRESPONDE AL LUGAR DE LOS HECHOS”, lo cual contrasta notoriamente con la confesión.
Otra prueba que desnuda el teatro armado por los muchachitos de Amadeo Flores, se reflejó en el interrogatorio realizado dentro de las diligencias del caso a Paul Hernández Durán, gerente de la oficina de Banco Compartamos, efectuado el 16 de abril, donde expresa que “Yarold Christian Leyte Quintanar no tenía deuda con la institución por lo tanto, María Teresa González González no tenía asignado cobrarle deuda al mismo”.
-¿En caso de tener deuda, cual es el monto? –le preguntan.
-No es el caso, ya que Yarold Christian Leyte Quintanar no tiene deuda con la institución –responde.
En el expediente igual se lee que la finada, meses atrás, había sido amenazada; línea de investigación soslayada por las autoridades.
Entre las pruebas a favor del inculpado, se hacía notar la ausencia de sábana de llamadas al teléfono celular de la víctima, así como la de vídeos de las cámaras de vigilancia de las tiendas en donde supuestamente el agresor usó la tarjeta de ella para pagar diversos artículos, baucher firmados o tickets que respaldaran los dichos del personal de la AVI y la supuesta confesión; es decir, no hay pruebas documentales.
Tampoco hay en el expediente datos sobre la búsqueda de sangre en el suelo de la casa del inculpado, aunque en la confesión, él dice haber lavado el piso y arrojado los vidrios de la mesa rota a la basura. Se carece igual de informes sobre el arma con la cual le apuñalaron. La sentencia le llegó en enero pasado, pero antes de que su madre lo pudiera ver en el penal de Tuxpan, cuatro años atrás, tuvo que trascurrir un mes, y eso, gracias a las gestiones de organismos defensores de los derechos humanos. Las instancias de gobierno también fallaron en las solicitudes del protocolo de Estambul para confirmar los malos tratos.
El de Leyte Quintanar es uno de los casos que en México tutela la ONG “Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV)”, especializada en “culpables fabricados”.
“A pesar de las numerosas inconsistencias e irregularidades de la investigación penal, Yarold ha estado privado de libertad por cerca de 4 años, acusado del homicidio de María Teresa González González, basándose únicamente en una confesión obtenida bajo tortura, pues no hay dentro de la investigación penal ninguna prueba física de la responsabilidad de Yarold”, se lee en la ficha elaborada por la ACDV.
En agosto de 2015, la ACDV presentó el recurso de “amicus curiae” a favor de Leyte Quintanar ante el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpán, Luis Alberto Cobos Hernández, en donde documentan cada una de las violaciones a su debido proceso e inconsistencias en la investigación elaborada por el personal de la AVI, máxime la petición de no tomar en cuenta la confesión lograda por medio de horas de martirios los cuales han dejado secuelas en su cuerpo y personalidad; sin embargo, el documento resultó ignorado.
“Si se quiere que la iniciativa de ley gubernamental más reciente sobre la tortura, que se está redactando actualmente, cambie esta situación, los torturadores deberán finalmente ser castigados. De lo contrario, será una promesa más sobre el papel para las miles de personas que sufren tortura en México”, dice el último informe sobre la tortura de la organización Amnistia Internacional, en donde define que el 64% “de los habitantes de México aseguran no sentirse a salvo de la tortura”, en el mismo documento se afirma que “policías y soldados violan, dan palizas, asfixian y electrocutan a hombres y mujeres para obtener supuestas ‘confesiones’”.
Veracruz, desde el 2015, ya está en la mira de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los casos de desaparición forzada, los cuales han comenzado a documentarse con la plena participación de las autoridades locales tuteladas por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. En ese año, la ONG Miguel Agustín Pro Juárez confirmó el martirio y abuso sexual contra Claudia Medina Tamariz, quien resultó detenida por la Marina y obligada a incriminarse como miembro de un cártel de la delincuencia organizada, y quedó exonerada, evidenciando las prácticas empleadas por la SEMAR en la operación Veracruz Seguro, instaurada por el gobierno de Duarte ante la incapacidad de su policía para luchar contra la delincuencia organizada.
De comprobarse la inocencia de Leyte Quintanar, el expediente de María Teresa González González se sumaría a las estadísticas de impunidad en Veracruz, una de las más altas en delitos cometidos contra la mujer, desde agresiones sexuales hasta homicidios, dice Aracely Gonzáles Saavedra, presidenta de Equifonía AC, en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Ella afirma que entre 2012 y agosto de 2015, se reportaron 161 feminicidios, de los cuales, 55% se siguen investigando, y aunque en el resto de concluyó la investigación, sólo se lograron siete sentencias condenatorias, lo que habla de la urgencia para adoptar medidas para evitar más violencia contra ellas y garantizarles el acceso a la justicia.
