Fuente: El Heraldo
El 28 de abril de 2015
Análisis Ley del Montes: El ‘cartel de testigos falsos’, la otra plaga de la Justicia.
El terrible asunto de los testigos mentirosos que la Fiscalía recluta para adelantar cientos de procesos penales o que llegan de manera “espontánea” a la actuación penal, o que son presentados por algunas de las partes interesadas en el resultado de la instrucción penal, ha vuelto a actualizarse en estos días a raíz del anuncio de un supuesto ‘testigo’ que habría aparecido para señalar el presunto comprometimiento de Antonio Navarro Wolf en relaciones con grupos paramilitares, que habrían respaldado su aspiración a la Gobernación de Nariño.
Los casos son cada día más abundantes. Encontramos políticos o miembros de las Fuerzas Militares, que no solo deben afrontar la condena mediática que corre por cuenta de la publicación de documentos reservados, que sirven para aclimatar una posible condena, sino que deben salir a desmentir versiones de supuestos testigos que con perversos intereses contribuyen al linchamiento moral de los implicados.
El almirante Gabriel Arango Bacci, por ejemplo, no solo vio frustrada su carrera que –seguramente– lo habría llevado a ser Comandante de la Armada Nacional, sino que aún está a la espera de que se aclare plenamente todo el montaje que se hizo para vincularlo con organizaciones narcotraficantes. Todo ello con base en testigos falsos. En el voluminoso expediente del exsenador Mario Salomón Náder obran versiones contradictorias de varios testigos que con la misma facilidad con que lo incriminan, afirman no haberlo visto jamás en su vida. La contradicción y hasta la falsedad de todos ellos de nada sirvieron a la hora de ser valorados por la Corte Suprema de Justicia. Y así hay muchos casos. Ocurre –sin embargo– que detrás de cada proceso que se levanta con base en testigos falsos –que ya son tantos que hasta la propia Fiscalía habla de la existencia de un “cartel”– hay no solo la tragedia familiar, sino una condena injusta o abiertamente arbitraria.
El método como opera el cartel de los falsos testigos es siempre el mismo. De repente aparece un desmovilizado de la guerrilla o de los paramilitares que recuerda datos de relaciones con grupos armados ilegales con personas dedicadas a actividades políticas o a las Fuerzas Militares. O también a actividades empresariales o comerciales. De manera sospechosa hay algún fiscal que se “encuentra” con el dato y de inmediato lo valida, mediante alguna actuación judicial, que los jueces avalan, para vergüenza de la Rama Judicial y espanto de todos los colombianos, que somos potenciales víctimas de cualquier falso testigo. El asunto es tan grave que la Fiscalía debió crear una Unidad Especial para combatir al llamado cartel de testigos.
Entre los casos aberrantes se encuentra el del ex representante a la Cámara por Caquetá por el conservatismo, Luis Fernando Almario, quien debe ser el único colombiano al que de forma simultánea acusan de tener vínculos con la guerrilla y con grupos paramilitares. Al ex senador también conservador Ciro Ramírez la Corte Suprema de Justicia lo condenó en un caso y lo absolvió en otro con base en el mismo testimonio, que no es otro que un bandido, al que el alto tribunal en una ocasión decidió creerle y en la otra no le creyó. O el caso de Sigifredo López –mucho más conocido- que estuvo preso por culpa de una nariz, la misma que le sirvió para recuperar años después su libertad. ¡Qué tal el caso de Angélica Ramírez, la bella presentadora de la televisión de Neiva, quien acaba de ser absuelta por la Corte Suprema, que respaldó la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que a su vez revocó el fallo condenatorio de un juez especializado, quien fundamentó su decisión con base en los falsos testimonios de un desmovilizado de las Farc y del ex novio de la presentadora, que se convirtió en su peor enemigo!
El asunto de los falsos testigos es tan grave que en Ortega, Tolima, por ejemplo, una banda de exparamilitares que opera desde la cárcel de Picaleña tiene comprometido a casi todo el pueblo en procesos penales. ¿Cómo lo lograron? Simple: todo comerciante que no cede a sus chantajes o extorsiones de inmediato lo vinculan a procesos penales por sus supuestos vínculos con ellos. ¿Qué hace la Fiscalía? Creerles todas las barbaridades que dicen tan espontáneos denunciantes.
Si ello ocurre sin que toda una organización criminal como las Farc llegue a desmovilizarse, cómo sería el escenario que se crearía en Colombia cuando miles de exguerrilleros decidan limpiar sus conductas señalando a diestra y siniestra a quienes ellos decidan pasarles cuentas de cobro. Todo ello con el respaldo de una Fiscalía afanada por sacar adelante la negociación con ese grupo subversivo. Para no hablar del reciente anuncio del Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, a los empresarios e industriales del país en el sentido de que o colaboran con el posconflicto o deberán afrontar procesos penales por su presunta colaboración con los grupos paramilitares.
Almario, caso único en el mundo
Luis Fernando Almario es un ex representante a la Cámara conservador en el Caquetá. Por cuenta de los falsos testigos se convirtió en el único colombiano al que acusan de mantener de forma simultánea vínculos con guerrilleros y paramilitares. Su proceso es peor que el que enfrentó Sigifredo López. Almario y su defensa se han dedicado con paciencia de relojeros a desmentir y demostrar con pruebas objetivas todas las mentiras. Por ejemplo: uno de los testigos, un tal Gerardo Aguirre, fue presentado como desmovilizado, cuando en realidad nunca perteneció a las Farc y estuvo preso por porte ilegal de armas. Otro testigo –Fernando Bahamón- se presentó con el pomposo cargo de “Jefe de Seguridad” de la columna móvil Teófilo Forero, señalando que habría sido testigo de supuestas reuniones entre Almario y miembros del Secretariado de las Farc en la “Zona de distensión” para convenir la muerte de miembros de la familia Turbay Cote. Pero está probado que Bahamón estuvo preso desde 1998 hasta 2003 y que nunca perteneció a las Farc. Peor aún: ese Bahamón es el mismo que intentó comprometer a dos parlamentarios del Huila –González Villa y Dussán López- pero la Corte Suprema lo descartó por mentiroso. Y asómbrense, amigos lectores: cuatro “testigos” dijeron haber visto a Bahamón en el Caguán en el año 2000, cuando está probado que estaba en la cárcel. Y así hay más de ocho “testigos” que dicen cosas tan absurdas, como que Almario en compañía de un coronel Barbosa del Ejército se habrían desplazado solos por el río Orteguaza hasta el río Pescado a entrevistarse con paramilitares. ¡Un comandante del Ejército, solo y sin escoltas, navegando por el río más infestado de guerrilla del país! Todo el proceso está lleno de mentiras del tamaño del Palacio de Justicia. Todas ellas demostradas de forma objetiva. Tan aberrante es el caso que la Asociación Canadiense por la defensa y la Verdad (ACDV) se ha interesado en él.
Ciro Ramírez, al fin qué: ¿sí o no?
Ciro Ramírez Pinzón, senador conservador de Boyacá, se ganó la animadversión de una buena parte del país por haber sido uno de los promotores de la reelección de Álvaro Uribe, un presidente que para la época no gozaba de mucho aprecio en la Corte Suprema de Justicia. En esa Corte y en la comisión de la parapolítica, que entonces presidía Iván Velásquez y de la que hacía parte Fernando Murillo, apareció de la nada un “testigo” que dijo haber recordado saber cosas del senador Ramírez. Y las contó, pero todas equivocadas. Tanto que al publicarse a la semana siguiente en la revista Semana un informe sobre Santa Fe de Ralito, quedaron en evidencia todas las mentiras del repentino “testigo”. Pero entonces qué hizo la Corte Suprema –la de Ibáñez, Bustos, Ramírez, Sigifredo, Gómez y González- sin auto previo y sin orden justificativa alguna, permitió que ese testigo “corrigiera” su declaración y concluyó que las contradicciones eran “menores”. Y de esta forma condenó a Ramírez por concierto para delinquir con grupos paramilitares. Ese mismo testigo dijo que Ramírez recibía “cupos” en los viajes de los narcotraficantes que hacían parte de grupos paramilitares, pero que como ese delito no tenía nada que ver con la función, que lo investigara la Fiscalía. Y así lo hizo y lo acusó ante un juez, que tuvo los pantalones de absolverlo, al igual que el Tribunal. Y lo hicieron descalificando al “testigo”, llamado David Hernández. La Fiscalía intentó casación para rescatar su credibilidad, pero la Corte -¡Oh sorpresa!- coincidió con el juez y con el Tribunal en la descalificación, no solo de ese testigo falso, sino en la de las transcripciones de interceptaciones en las que –incluso- metieron el nombre de “Ciro” en conversaciones donde no lo mencionaban. Cómo se explica que la Corte Suprema en un caso de parapolítica le otorgue credibilidad al mismo testigo que descarta en un caso de narcotráfico. Creo que la respuesta –como siempre- está en la gente. Esta Corte –por ejemplo- carece de fundamentalismos antiuribistas.
Navarro, otro caso aberrante
Antonio Navarro Wolf es el desmovilizado de la guerrilla con mayor reconocimiento en el país. Pocas figuras públicas tienen como él tanta favorabilidad en las encuestas. Esa percepción no es gratuita, pues obedece a la absoluta seriedad y decencia con la que Navarro asumió su paso de las filas del M-19 a la vida civil. Constituyente, ministro, gobernador, alcalde y senador. Todo lo ha hecho bien y de forma correcta. No es un ex guerrillero resentido y con un discurso polarizante, como Petro, o un “converso de la izquierda”, como Everth Bustamante. Navarro es un estadista que siempre ha tenido una imagen limpia, decente y hasta simpática, que ha hecho de sus problemas de dicción –producto de secuelas de su época de guerrillero- una marca propia que aún se recuerda en su difícil pronunciación del lema de su campaña presidencial: “Palabra que sí”. Pues bien: ese modelo de ciudadano está a punto de poner en riesgo todo su capital humano, político y financiero, por cuenta de un desmovilizado paramilitar que pretende comprometerlo en vínculos con grupos de ese espectro. La Corte Suprema le cree al supuesto “testigo”. Y le cree tanto que anunció la apertura de investigación con base en su “testimonio”. Navarro –aterrado con la situación- denunció el caso en Twitter y se declaró víctima del “cartel de testigos falsos”. Es el mismo cartel que metió a la cárcel a Sigifredo López, el mismo que mantiene encarcelado a Luis Fernando Almario y que permitió la condena a Ciro Ramírez. El mismo que está a punto de meter a la cárcel a medio municipio de Ortega. Un cartel de testigos falsos que vivió de matar inocentes y ahora vive de encarcelarlos.
¿Qué hacer ante la tragedia?
Un testigo falso es un individuo de la peor calaña. Es un sujeto de tan baja condición moral, que no le importa mentir bajo la gravedad del juramento y comprometer a una persona a sabiendas de las nefastas consecuencias que para el inocente y para su familia tiene un encarcelamiento. La mayoría son desmovilizados, gente acostumbrada a lesionar, violar, matar, secuestrar, extorsionar y muchos etcéteras. Se trata de personas sin ningún reato moral, que si son capaces de disparar a mansalva y sobre seguro sobre un soldado, violar a niñas o extorsionar a un humilde tendero, mentir frente a un juez o un fiscal es pura rutina. Por eso la culpa de la proliferación de falsos testigos es de los jueces. Punto. De nadie más. Son ellos los que deciden creerles. Son los fiscales y los jueces los que traicionan su trabajo cuando se niegan a valorar debidamente los testimonios en la forma como la Ley obliga. La Corte Suprema le hizo un gran daño al país al empoderar a los desmovilizados de los paramilitares, convirtiendo sus testimonios en un arma poderosa de extorsión. Al creerles a rajatabla –con base en la fórmula genérica según la cual, ¿quién es más creíble para decir sobre la vinculación del congresista tal o cual a un grupo paramilitar que un exintegrante de dicho grupo?- pusieron la Majestad de la Justicia al servicio de las organizaciones criminales. Punto. Semejante tesis es la que ha permitido la eclosión de testigos falsos. De nada ha valido ponerle al falso testimonio una pena mínima de seis años de prisión, si todos los jueces –empezando por los de la Suprema– le otorgan credibilidad a priori a cualquier desmovilizado. O le ponen coto a semejante inmoralidad o mejor le ponen una reja a todo el país, pues todos estamos en riesgo. Hasta ellos mismos, los jueces.
