Fuente: Proceso
Autora: Jesusa Cervantes
El 20 de abril de 2017
La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante la cual se prohíbe esta práctica. Con la nueva norma, además, carece de validez como prueba una confesión obtenida bajo tortura y ésta se persigue de oficio, aparte de que se suspende del cargo al funcionario acusado de esa práctica, entre otras. Luego de que en diciembre la Comisión de Derechos Humanos aprobó la minuta del Senado, sin incluir las observaciones del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el dictamen se frenó y nuevamente debió ser discutido entre los diputados.
En esta ocasión, 417 diputados votaron a favor y tampoco se registró alguna abstención o voto en contra. La nueva ley sanciona con 10 a 20 años de prisión a los servidores públicos que incurran en tortura, ya sea física o sicológica, o violación sexual, y con 6 a 12 años a los ciudadanos que incurran en esa práctica. Cuando las víctimas sean personas vulnerables, la pena se incrementará a la mitad. Entre estos sectores encuentran los niños, ancianos, personas con discapacidad, indígenas, descendientes afroamericanos, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. También se prevé que para los dictámenes médicos, cuando se incurra en violación como tortura, la revisión la realice un ginecólogo del mismo sexo que la víctima y el cual escoja ésta. La nueva ley obliga al Estado a crear fiscalías especializadas en todo el país, a la creación de un Registro Nacional Estadístico. Y eleva el delito de tortura a “imprescriptible”.
Durante la discusión, el partido Encuentro Social fijó su posición a través de Refugio Trinidad Garzón Canchola, quien dijo que la tortura anula la personalidad y que todo mundo tiene derecho a ser protegido para evitar cualquier trato inhumano o degradante.
Karina Sánchez Ruiz, del Panal, destacó que la nueva ley no re-victimiza y se aborda desde una perspectiva de género. Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), la calificó de “avance histórico”, aunque antes recordó que 99% de los casos de impunidad no se resuelven y aún mayor es el caso de la tortura. También reconoció que todas las fracciones de la cámara de Diputados hayan aceptado la inclusión de las observaciones del Alto Comisionado de la ONU, “sin ello se hubiera jugado a la simulación”, destacó. Explicó que de acuerdo a la nueva ley, cuando se trate del delito de tortura la pena es de 10 a 20 años, pero en el caso de tratos inhumanos es de 3 a 5 años. Igual reconoció que se incluya a los altos superiores, pues siempre se culpaba a los de bajo nivel. También destacó el que se establezcan medidas cautelares para que los altos funcionarios no formen parte de la investigación.
Ernestina Godoy, de Morena, sostuvo en su intervención que en la tortura incurren los tres niveles de gobierno, el policía municipal, el ministerial, el federal, el militar, la Marina y los criminales, y siempre los casos quedan en la impunidad. “La tortura se encuentra instalada en el país y sus instituciones”. Godoy recordó el caso de Atenco durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, donde mujeres detenidas fueron violadas por integrantes de la policía local. Con esta nueva ley, consideró, mejorará mucho la legislación. Igualmente resaltó que se hayan incluido las observaciones del relator de la ONU. Algo importante de la ley, añadió, es que acaba con la idea de que la tortura ayuda a esclarecer un delito; además, se erradica la violencia sexual, se garantiza la reparación del daño y se da una protección. Pero nada de la ley servirá, advirtió, si continúa la impunidad.
Lía Limón, diputada del PVEM y exdirectora de Derechos Humanos en Gobernación en el primer tramo de gobierno de Peña Nieto, destacó que se incluya el Protocolo de Estambul y demás leyes internacionales. Ahora lo que hay que hacer, añadió, es verificar su implementación. La diputada del PRD, Cristina Gaytán, recordó que en México durante años ha sido común que el servidor público sea el que ordenara la tortura. Destacó que no habrá indulto, pues el delito de tortura se tipifica como imprescriptible. Otro acierto, acotó, es que la indagación se mantenga en la jurisdicción civil y no en la militar.
El PAN, a través de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, dijo que con esta ley se salda un pendiente con el país y se proscribe la tortura. Durante años, agregó, el sistema penal mexicano mantuvo la “confesional” como una prueba, lo cual generó un contexto de más violaciones a los derechos humanos, entre ellos la tortura, lo que provocó que se seudoinvestigara. Ahora, consideró, con esta ley se obligará a investigar.Luego relató la visita al penal de Morelos. Ahí, detalló, encontraron casos como el de tres mujeres de 25, 19 y 49 años, quienes habían sido detenidas y torturadas sexualmente con la amenaza de hacerles daño a sus hijos. “No debe ser la tortura un elemento para condenar, esta ley es una llamada de atención para las policías”.
El representante del PRI, el diputado Carlos Mercado, advirtió que la tortura es un acto en contra de la humanidad. Y ofreció datos sobre la impunidad en estos casos. En la PGR, puntualizó, de las 2 mil 420 denuncias por tortura sólo se han dictado 15 sentencias, de ahí que también consideró como un gran avance esta nueva ley.
Tras haber sido modificada la minuta que llegó del Senado, esta ley fue remitida a este mismo poder para su aprobación y posteriormente su publicación. Los senadores cuentan con la sesión de este jueves 20 y dos más la semana siguiente para avalar la minuta sobre ley contra la tortura.
