Fuente: ProPublica
Autor: Ginger Thompson
El 22 de Febrero de 2019 (Publicación original en ingles el 22 de abril de 2016)
Traducción: Yura Gonzalez
Nota: Desde la publicación del articulo en su versión original en el año 2016, es posible que ciertas observaciones contenidas en el presente artículo requieran actualización.
Defensores de derechos humanos en México declaran ser objeto de una campaña de difamación
En vísperas de la publicación de un informe que investiga la masacre de unos estudiantes en 2014, sus autores y otros defensores de los derechos humanos temen un intento de anticipación a los hallazgos para desacreditar el trabajo.
El pasado sábado me sorprendió el correo electrónico de una de las más destacadas defensoras de los derechos humanos en México. Decía en el asunto: “Podemos hablar? Es urgente”.
Respondí inmediatamente. Hace años que conozco a Mariclaire Acosta y sé que no se alarma fácilmente. En su respuesta me cuenta que el gobierno al que representó una vez como diplomática de alto rango se había vuelto en su contra. “Las cosas no pintan bien para la comunidad de derechos humanos en México,” escribió. —“Vivimos bajo un serio ataque.”
Adjunto al correo venían copias de columnas periodísticas que difamaban de Acosta y sus colegas, describiendo a la comunidad de derechos humanos como una mafia poderosa que había estafado millones de dólares al gobierno en defensa de traficantes y secuestradores. “ ¿Cuánto de este dinero terminó en los bolsillos de estos fervientes defensores de los derechos humanos?” cuestionaba un artículo sin citar prueba alguna. Entre tanto, las víctimas de crímenes reales apenas reciben suficiente apoyo del gobierno para cubrir los gastos funerarios, afirmaba otro artículo.
Por décadas he realizado reportajes desde y sobre México, pero no le encontré sentido alguno a estos artículos. Acosta había sido una de las precursoras del trabajo sobre derechos humanos en México. Le pregunté quién pensaba ella que estaría detrás de la campaña y porqué había salido a la luz ahora. “Me han dicho que viene de las esferas más altas del gobierno pero no tengo pruebas,” dijo. En cuanto a porqué ahora, Acosta y otros con quienes he hablado en los últimos días suponen que la embestida a los medios fue provocada por la creciente presión internacional sobre México para enfrentar las acusaciones de que sus militares y policías son responsables de graves abusos contra los derechos humanos.
Este domingo, un grupo de expertos independientes debe publicar los resultados de su investigación sobre el ataque a una caravana de autobuses con estudiantes de una universidad de maestros en el estado sureño de Guerrero. El incidente dejó tres estudiantes muertos y 43 desaparecidos. La violencia en Ayotzinapa destruyó los esfuerzos del presidente mexicano Enrique Peña Nieto de convencer al mundo de que la corrupción y la impunidad del gobierno eran problemas del pasado. Fue a la vez un incentivo para que los familiares de decenas de desaparecidos presentaran demandas –algunas en contra de las fuerzas armadas mexicanas. El ataque también ha suscitado protestas masivas en todo el país lideradas por familiares y amigos de los estudiantes.
En septiembre pasado el grupo emitió un informe inicial que causó gran impacto en la nación. Según el mismo, no existen evidencias que sustente la versión del gobierno, quién culpa a narcotraficantes y a la policía municipal de matar a los estudiantes e incinerar sus cuerpos en un basurero. Los expertos plantearon haber encontrado pruebas de que la policía federal y los oficiales militares podrían haber participado. También dijeron que los atacantes podrían haber escogido a la caravana porque los estudiantes, sin saberlo, habían abordado un autobús cargado con heroína perteneciente a una banda criminal conocida como “Guerreros Unidos”.
Aún no queda claro cuánta luz arrojará sobre el incidente el tan esperado informe de seguimiento. Según autoridades que trabajan en la investigación, el Fiscal General de México y el Secretario de Defensa impidieron que los soldados fueran entrevistados y se negaron a compartir cualquier información que pudiera haber venido de dirigentes estadounidenses. (Aunque un investigador de derechos humanos –cuyo testimonio sirvió de base para las noticias del gobierno provenientes de Europa — dejó escapar que más de la mitad de los aproximadamente 113 sospechosos arrestados tenía lesiones que indicaban tortura). Sin embargo, sólo la falta de cooperación corrobora lo mal que el gobierno de Peña ha manejado el caso, levantando más sospechas sobre cuánto tiene que ocultar el ejército y provocando más protestas y condenas internacionales.
El mismo día que recibí el correo de Acosta, el secretario de defensa mexicano había sido obligado a emitir una rara disculpa por el video dónde unos soldados interrogaban a una mujer, sospechosa de tráfico, envolviendo su cabeza en una bolsa de plástico hasta casi asfixiarla. A principios de este mes, noticias europeas anunciaron que durante su visita a Alemania y Dinamarca, el presidente Peña fue acosado con preguntas sobre Ayotzinapa ;incluso una manifestante se arrancó la camisa y le gritó “dictador” y “asesino”. También este mes, en su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de EE. UU. describió los abusos cometidos por la policía y el ejército de México como uno de los “problemas más importantes relacionados con los derechos humanos” en el país, y explicó que los soldados habían cometido crímenes como “asesinatos, torturas, y desapariciones ”. Es por eso que la publicación del informe final por parte del grupo de expertos no podría llegar en peor momento. Según los defensores de derechos humanos que contacté en Ciudad México y Washington, esa es la razón del esfuerzo sistemático por desacreditar el informe antes de su publicación.
Maureen Meyer, experta en México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), lo llamó un clásico intento de “matar al mensajero”. En México, la amenaza puede ser más que figurativa. Recientemente hablé con un exfuncionario mexicano que no creía que la campaña de difamación estaba siendo dirigida desde la oficina del presidente (un portavoz me envió una declaración por escrito señalando que era decisión del gobierno mexicano invitar al jurado). Igualmente dijo que incluso una autoridad de menor rango que ordene a un subalterno a hacerle la vida imposible a un comentarista (fundamentalmente a los periodistas) puede escaparse de las manos.
El exfuncionario me dijo: “Por lo general, la orden es algo así como ‘Dales una calentadita'”. Luego, me miró a los ojos y dijo: “Viviste mucho tiempo en México. Sabes lo que significa.”
El informe de los cinco autores –cuyo trabajo previo resultó en casos ampliamente aclamados contra el ejecito colombiano, un exdictador guatemalteco y compañías petroleras estadounidenses– fue seleccionado como parte de un acuerdo entre el gobierno mexicano, los padres de los estudiantes desaparecidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento, el ministro de relaciones exteriores de México dijo en una conferencia de prensa sobre el jurado: “su apoyo y recomendaciones serán bienvenidos”. Sin embargo, desde entonces los expertos han visto cómo los medios mexicanos, los activistas conservadores y los políticos de izquierda hacen vagas afirmaciones de que no solo no están calificados para la tarea que los llevó a México, sino que también carecen de la objetividad y la posición moral para interrogar a la policía y al ejército del país.
Un artículo del diario mexicano La Razón, por ejemplo, acusaba al abogado chileno y miembro del grupo Francisco Cox de haberle cobrado a México miles de dólares al mes por su trabajo en el caso de Ayotzinapa, al mismo tiempo que defendía gratuitamente a las víctimas del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda. Numerosas historias acusaban a la ex fiscal general de Colombia, Angela Buitrago, de haber inventado pruebas contra un coronel colombiano en apoyo a un grupo vinculado con el difunto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Otro artículo de La Razón plantea que Claudia Paz y Paz, quien hizo historia cuando presentó cargos de genocidio contra el ex dictador general de Guatemala Efraín Ríos Montt, había sido agente de la insurgencia guerrillera durante la larga y sangrienta guerra civil del país. En general, los artículos que revisé no ofrecían pruebas que respaldasen los cargos. Un portavoz del grupo dijo que eso se debía a que los cargos eran ” completas mentiras”.
En una entrevista, Paz y Paz me dijo que el grupo había pedido al gobierno que denunciara la campaña de difamación. “Trataron de minimizarlo, diciendo que los ataques provenían de periódicos y periodistas que nadie lee y por eso no merecían una respuesta”. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, dijo que el silencio del gobierno es “deslumbrante” y “envía un mensaje de que aprueba” los ataques. “Si esto fuera algo sin importancia, sería fácil para el gobierno rebatirlo en términos categóricos y expresar su plena confianza en la investigación”, dijo.
Vivanco señaló que el trabajo del grupo marca la vez primera que México abre su sistema de justicia al escrutinio de un jurado internacional. Recientemente, Guatemala fue aún más lejos al permitir que sus propios fiscales trabajasen junto a las Naciones Unidas en casos de corrupción de alto calibre. Una de sus investigaciones condujo al arresto en septiembre pasado del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA, expresó que los arrestos en Guatemala “asustaron a los políticos de todas partes”. Y en México, los políticos los rechazan porque el grupo de expertos ha demostrado que en un país donde casi un 98 por ciento de los delitos queda sin resolver “si traes una autoridad extranjera, podrías ser capaz de hacer algo”.
Hablé con Ricardo Alemán, columnista del diario mexicano Milenio, quien ha escrito de manera crítica sobre el grupo y otros defensores de los derechos humanos, incluida Mariclaire Acosta. “No hago campaña para nada ni nadie”, me dijo. “Hago periodismo”. Sin embargo, igual que la comunidad de derechos humanos sospecha que su trabajo es parte de una campaña política de difamación, él también cree que hay otra campaña en marcha, pero para desprestigiar a la policía federal y el ejército. Los expertos, dijo, “vinieron aquí para engañarnos y hacernos creer que saben dirigir nuestros asuntos mejor que nosotros”. Puso como ejemplo la publicación del video de la tortura a la sospechosa de tráfico “¿Crees que esa publicación ocurrió por casualidad? Ese tipo de cosas no ocurren por casualidad “.
