Fuente: En Vero (español)
Autor: David Bertet, presidente del Consejo de Administración
El 22 de mayo de 2017
Por medio del presente comunicado, En Vero expresa su gran preocupación en relación con los recientes ataques, en medios de comunicación mexicanos, por parte de la Sra. Miranda Torres de los cuales fueron víctimas unos civiles. Queremos insistir en el carácter urgente de poner fin a la práctica contraria a derecho de las acusaciones públicas y difamatorias en contra de ciudadanos mexicanos. Deben ser eliminados los privilegios de los que goza la presidenta de Alto al Secuestro para poder difamar, señalar arbitrariamente como “delincuentes” a individuos, pues dicho privilegio resulta incompatible con los estándares más básicos del sistema democrático y de impartición de justicia. Un país como México ya no puede permitir que exista un sistema paralelo de “justicia”, manejado por acusadores públicos como la Sra. Miranda Torres.
La persona que desde el 16 de mayo de 2017 ha acusado de manera arbitraria a un grupo de civiles, ha usurpado las atribuciones y funciones de los jueces y de la autoridad. Se trata, además, de una persona de quién se comprobaron innumerables mentiras desde que se corroboró la falsedad de la historia del secuestro de su hijo Hugo Alberto en el 2005. Por ejemplo: en el 2010, durante una entrevista con la locutora de televisión Marisela, Isabel Miranda Torres declaró que “jamás había tenido que ver con policías ni delegaciones” (video, a 2’56 minutos). Unos años después, los Mexicanos se pudieron dar cuenta de que esta persona había estado en prisión en el 1998, acusada de intento de homicidio en contra de un obrero de la Ciudad de México. Reciéntemente, este año del 2017 y en varias ocasiones, Isabel Miranda de Wallace negó rotundamente que había entregado cualquier premio o reconocimiento al ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia, ahora encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. Resultó también ser mentira.
El 12 de febrero del presente año, Isabel Miranda Torres declaró que había tenido que dejar su propia marcha en la ciudad de México, no por los gritos, sino porque un hombre armado vestido de mujer la estaba amenazando. Hemos investigado la versión de los hechos que proporcionó la Sra. Miranda Torres . Queremos enfatizar que la Sra. Isabel Miranda Torres de Wallace, como cualquier persona, tiene derecho a su seguridad y a la garantía de su integridad. Razón por la cual, hemos investigado sus alegaciones segun las cuales una persona que conocemos, por ser una activista por los Derechos Humanos a través de expresiones artisticas, la habría amenazado . Estudiamos, vimos y analizamos cada uno de los videos que se tomaron de la escena y en ninguno de ellos se corrobora la versión proporcionada por la Sra. Miranda Torres, según la cual un travesti se le estaba acercando y quería atentar contra su vida. Lo que sí se aprecia claramente en los videos, son los manifestantes que le gritan “corrupta” y “asesina”, lo que hace que la Sra. Miranda Torres salga de su marcha junto con un grupo de gente que la acompañaba.
Si la Sra. Isabel Miranda Torres estima que le fueron violados sus derechos, si no tolera los gritos que escuchó y el repudio que se expresó hacia su persona en esa ocasión, o si está convencida de que estos gritos le causaron algún prejuicio, entonces está en su derecho de proceder legalmente para que un juez, a su vez – y no ella – determine si efectivamente se le causó algún daño.
No negamos que estos gritos son fuertes, son viscerales, son gritos de personas que están cansadas de que otras pretendan ser la voz de la sociedad civil cuando en realidad no la representa. Son gritos de desesperación. No hay duda de que escuchar a personas a su alrededor que le gritan: “asesina, corrupta, rata”, etc. es algo duro, humillante, pero esa humillación que vivió Miranda Torres no constituye en si un “atentado en contra de su vida”.
La manera con la que replicó la Sra. Miranda Torres no fue legal. Al contrario, intentó vengarse de estos civiles que se expresaron de manera visceral durante esa marcha. Intentó, también, aprovechar esa oportunidad para vengarse de las personas que defienden a los suyos y que confían en la justicia a pesar de que hayan sufrido grandes injusticias: encarcelamiento injusto, tortura, violación a la presunción de inocencia, y muchos más. Estamos hablando de las personas injustamente acusadas por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto, crimenes que nunca sucedieron y fueron inventados por la madre del desaparecido.
La Sra. Miranda Torres no es la dueña de la justicia en México y ya no se puede permitir que siga desempeñando ese papel. Ella no puede, ni tiene derecho a señalar como culpables a las personas que considera como sus enemigos personales, sin importar cuales sean sus motivos para hacerlo. Los medios de comunicación que le prestan atención y le dan espacio, el gobierno que le brinda protección al no intervenir y le da luz verde para que haga uso de su notoriedad y viole los derechos de los demás, ellos son corresponsables del daño moral irreparable que esta Sra. está causando en civiles inocentes.
Para concluir, es importante enfatizar que una figura de acusadora pública del índole de la Sra. Miranda Torres o de Wallace, no debe tener cabida en un país como México. Seguir permitiéndo este tipo de situaciones, no oponerse a los privilegios que tiene una persona como ella para acusar a quién quiera, el no darle prioridad absoluta a los derechos constitucionales, civiles, humanos y procesales de todos los mexicanos, es una ofensa a la justicia misma.
El personaje de la “Sra. Wallace” resulta incompatible con el sistema de impartición de justicia.
Es imperativo que el gobierno mexicano tome sus responsabilidades…
Escuchar la transmisión de la rueda de prensa: aquí (Cencos)
