Fuente: El Toque
Autor: Omar Rábago,
El 31 de diciembre de 2015 (Publicación original el 7 de enero de 2015)
México, la fábrica de culpables
Unos 500 detenidos fueron acusados de violar la ley durante las recientes protestas sociales en México, pero en la casi totalidad de los casos, no hay pruebas que respalden los cargos en su contra. Más que buscar soluciones, el Gobierno se ha enfocado en silenciar la indignación.
El control del flujo de la información, procurando la subordinación al régimen, siempre ha sido una tentación autoritaria, ya que lo que se busca es el poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones. Es decir, que el disenso sea el mínimo, que la imagen que se refleje sea de homogeneidad y que las personas disidentes se vean como violentas, irracionales y faltas de argumentos.
Desde la toma de posesión del actual presidente Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, en México hemos sido testigos de una mayor tendencia al control de las manifestaciones y de las voces de disenso en las protestas, con el uso de la violencia policial, del sistema penal para criminalizarlas y de los marcos normativos que buscan limitarlas.
El Gobierno mexicano está más enfocado en tratar de controlar la indignación sin la intención de buscar soluciones a los problemas estructurales que la causan. Son casi 500 las personas acusadas de violar la ley en las manifestaciones bajo diversas acusaciones como ataques a la paz pública, asociación delictuosa, daños a propiedad ajena, portación de sustancias narcóticas, lesiones, robo agravado, homicidio en grado de tentativa y motín.
En casi la totalidad de los casos las personas no han sido encontradas culpables de los hechos imputados ya que las autoridades judiciales no recibieron las pruebas suficientes para sentenciarles. También se ha querido hacer ver que las personas detenidas son “vándalos”, “violentos” y así intentar justificar las faltas al debido proceso y a las garantías procesales, ya que muchas detenciones han sido arbitrarias.
El Estado de derecho debe ser respetado. Se busca fabricar culpables más que encontrarlos y hasta se ha documentado y denunciado a personas infiltradas en las marchas, como el vídeo que prueba que un funcionario del GDF participó en los disturbios del #1dmx, de Animal Político.
La impunidad es una constante que aqueja al sistema judicial en México y que lo ha llevado al colapso.
Situación que no se ha podido mejorar con la entrada progresiva del nuevo sistema penal. Los marcos normativos no se han traducido en el respeto de los derechos de las personas, la legislación y la justicia se siguen ejerciendo de forma discrecional. Se exige el respeto de la ley, cuando las autoridades la ignoran o la violan.
Y no sólo eso, sino que también se ha agredido a defensores de derechos humanos y periodistas que cubren y documentan dichas manifestaciones. Muchas de las pruebas que se han obtenido para documentar y denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad se han obtenido gracias a la documentación ciudadana. Las redes sociales han sido fundamentales para contrarrestar los discursos oficiales que solapan los abusos, como los que llevaron a la destitución de Jesús Rodríguez Almeida, ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, por felicitar a los policías que participaron en el operativo del 20 de noviembre, donde se documentaron abusos y detenciones arbitrarias.
No sólo durante las marchas se ha pretendido atemorizar a la gente para que no se manifieste, sino que se ha buscado también incluir las limitaciones de la manifestación en la legislación.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en México denuncia que desde el nivel federal y el nivel local se han presentado iniciativas que buscan establecer horarios para la realización de manifestaciones, la obligación de indicar el lugar, itinerario y número aproximado de participantes, el no uso de vías primarias, solicitar autorizaciones a las autoridades, responsabilidad de los líderes por las alteraciones que genere la manifestación y la facultad de las autoridades policiales para disolver la manifestación cuando se altere el orden o la paz pública.
Esto ocurre en Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y el Distrito Federal, en el cual se pretendía establecer agravantes a los delitos de lesiones y homicidio cuando estos se realizaran en el marco de manifestaciones públicas.
Las leyes publicadas entre mayo y julio de 2014 son: Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, Ley de Movilidad para el Distrito Federal, Código que establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y la Ley para Proteger los Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, que tuvo como trágica consecuencia la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, a causa de los excesos de la policía local.
Gobierno de Puebla: Violador de los derechos humanos
Además del uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, las legislaciones tienen elementos comunes, como sus facultades para restringir y limitar las manifestaciones y restringir el espacio público, por lo que los derechos de libertad de expresión, asociación pacífica y protesta buscan ser limitados más que garantizados.
A los gobiernos autoritarios les da miedo el disenso y la manifestación. Lo que hay que recordarle a las autoridades del Gobierno en México y a todos sus funcionarios es que en una democracia se deben respetar los derechos y debe haber debate y diálogo para garantizar la participación ciudadana. Si esto no sucede, no es más que una democracia simulada, ya que la indignación y el descontento son consecuencias de los problemas más profundos que deben ser atendidos.
Acerca del autor.
Omar Rábago es Director Ejecutivo del Cencos y activista por los Derechos Humanos en México
