Fuente: Los Ángeles Press
Autor: José Pedro Martínez
El 7 de marzo de 2015
TIJUANA, México.- Aurora Meza Calles, indígena Kumiai que permanecía presa en el penal La Mesa de Tijuana desde el pasado diciembre, obtuvo la libertad a las 19 horas de la tarde del viernes y ya se encuentra con su familia en Tecate. Defensora de los derechos y tradiciones de su pueblo, fue acusada de abigeato por el empresario ganadero Rubén Martínez, pero las irregularidades del proceso, sumadas a la incapacidad de probar dichas acusaciones y la presión social, han logrado agilizar su absolución. Las anomalías en el enjuiciamiento de Aurora comenzaron el día de su detención, el 25 de diciembre, cuando fue conducida mediante engaños al Ministerio Público de Tecate. Después de declarar sin la presencia de su abogada, fue internada en una insalubre celda y, tres días después, trasladada al penal de Tijuana, donde había permanecido desde entonces. En varias ocasiones durante el proceso, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), no fue capaz de proporcionar un traductor a tiempo, lo que entorpeció la defensa de la acusada y amenazó con alargar su estancia en prisión. Pero, al parecer, Rubén Martínez no pudo justificar la propiedad de los dos caballos que, según decía en su denuncia, habían sido vendidos ilegalmente por Aurora Meza. El robo de caballos salvajes en la tierra de los Kumiai es una práctica común y se convierte en un problema para la comunidad indígena, pues los propios equinos, por instinto, terminan regresando a sus lugares de origen después de haber sido sustraídos y marcados a fierro, ocasionando destrozos y conflictos con algunos vecinos. La familia de Aurora venía denunciando desde hace años las pérdidas que la invasión de ganado ajeno estaban provocando en sus terrenos: contaminación de acuíferos, destrucción de instalaciones hidráulicas de la finca y pérdida de pasto, entre otras consecuencias, sin que hubieran obtenido ayuda de ninguna institución gubernamental. Además, la abogada de Aurora, Marisol Prado, explicó que se ha estado cercenando el territorio nativo de los Kumiai desde hace tres décadas por parte de ejidatarios, empresarios vinícolas y ganaderos y otros interesados, quienes se han servido de toda clase de artimañas para adueñarse de estas tierras. Pese al abandono institucional que esta comunidad padece, Prado reconoce la celeridad e implicación que el Juez Único Penal de Primera Instancia de la ciudad de Tecate ha tenido en el caso de Aurora. “No es fácil dictar un Auto de libertad. Un juicio ordinario tiene una duración de unos seis meses hasta resolverse, y este apenas duró dos meses y medio”.
