Fuente: Proceso
Autor: Juan Carlos Cruz Vargas
El 8 de enero de 2019 

Nota:

El día de ayer, En Vero y Los Ángeles Press entregamos la primera parte de nuestro trabajo voluntario sobre las víctimas de #FabricaciónDeCulpables al gobierno de López Obrador, específicamente al subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas. Este trabajo, se hizo desde tres perspectivas: enfoque de DDHH, revisión jurídica al debido proceso e investigación periodística. La primera parte de la base de datos que entregamos refiere a casos de culpables fabricados sin sentencia, a la que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se refirió hoy en rueda de prensa. 

En revisión 368 casos de “presos políticos”; muchos llevan años recluidos y sin sentencia: Segob  

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que en diciembre se liberaron 16 “presos políticos” y hay 368 casos más en revisión.

Sánchez Cordero explicó que se trata de casos de ambientalistas opositores al fracking, mujeres indígenas, maestros y estudiantes que continúan en el encierro sin recibir sentencia por falta de elementos probatorios. La funcionaria se reservó los nombres.

“Cada caso es diferente, uno está por fracking, otro por atentados a vías de comunicación, otros por motín. A varios de ellos les han hecho montajes de secuestros o violaciones, y muchos casos no hay elementos probatorios suficientes”, señaló la funcionaria durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

“Muchas de estas personas no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad porque los jueces no tienen manera de condenarlos porque no tienen los elementos probatorios suficientes”, recalcó.

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó que el gobierno de López Obrador decidió crear una unidad especial sobre sistemas de justicia en el país.

Dicha unidad está compuesta por dos direcciones generales, una de ellas es para el fortalecimiento de sistemas de justicia estatales y superiores de justicia; mientras que la segunda consiste en incluir una mesa especial para la revisión de los casos de las personas privadas de la libertad “de forma injusta”.

Esa mesa está integrada por personal de reclusorios, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), abogados defensores y “gente sumamente calificada”.

“En todos estos casos lo que hemos encontrado son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación ilegal de la libertad. Muchas personas que están privadas de su libertad tienen procesos locales en sus estados, no son procesos federales. Lo que estamos revisando son procesos federales”, precisó.

“Hay muchísima gente humilde que no tuvo ni siquiera derecho a un defensor público. Tengo casos de mujeres indígenas que, por ejemplo, transportaban una mochila, a lo mejor con mariguana o amapola, que no tuvieron la oportunidad de tener una defensa adecuada y mucho menos un debido proceso. Tenemos muchos casos de ambientalistas, indígenas o de protesta social que no podemos permitir que sean criminalizados y vamos a revisar todos estos expedientes”, remató Sánchez Cordero.