Fuente: Familiares de las víctimas en caso Wallace
El 5 de diciembre de 2016
Pronunciamiento de los familiares de las víctimas en caso Wallace
Carta dirigida al Procurador General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade
Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2016
Dr. Raúl Cervantes Andrade
Procurador General de la República
Paseo de la Reforma 211-213 Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
En el ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales estipulados en el Artículo 8° sobre el Derecho de Petición , y el artículo 14° sobre el Derecho de Audiencia, en igual apego al Artículo 8, Fracción 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que responda nuestros derechos fundamentales de conocer la verdad y tutela judicial efectiva, así como el derecho de los afectados a “una investigación seria, imparcial, efectiva y de oficio” en caso de violaciones de derechos humanos, como ha sucedido con nuestros familiares ante el denominado caso Wallace, bajo la causa penal 35/2006, le exponemos lo siguiente:
Nosotros como familiares directos de los acusados, le pedimos a usted en su calidad de Procurador General de la República que atienda esta petición, ya que su atención responde al nuevo cargo que ostenta y al propósito de su mandato:
Desde que se dio cabida institucional al supuesto Caso Wallace en 2005, se fabricaron pruebas, se aceptaron falsas declaraciones a autoridades judiciales y se corrompió a autoridades que a su vez avalaron el tráfico de influencias en diferentes instancias de gobierno, y se privilegió judicialmente a la ciudadana María Isabel Miranda Torres, alias María Isabel Miranda de Wallace, autora intelectual de la historia del secuestro, homicidio y descuartizamiento de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda y/o Hugo Alberto Miranda Torres.
En todo este proceso, se pusieron las denuncias correspondientes contra la mencionada Miranda Torres, por los presuntos delitos en los que ha incurrido y que han derivado en las múltiples violaciones de derechos humanos de nuestros familiares a fin de que se incriminaran por la historia fabricada de su hijo, teniendo como base detenciones arbitrarias, tortura y los malos tratos dentro de los penales, con consecuencias graves e irreversibles en su integridad física y moral y fatales en el caso de la hermana de una de las víctimas.
Es sumamente preocupante para nosotros que miembros de la institución que usted dirige recurran a medidas intimidatorias y violatorias de derechos y libertades constitucionales contra toda persona que se interese en investigar y divulgar profesionalmente la verdad del caso Wallace. Más grave aún que sea la misma institución encargada de procurar justicia la que pretenda mantener en complicidad con la mencionada Isabel Miranda Torres la fabricación de un crimen que a ella le ha generado poder político y económico.
La precisión de lo anterior es referencia a la intimidación y acoso de agentes ministeriales a la periodista Guadalupe Lizárraga, del medio estadounidense Los Ángeles Press, mientras ella se encontraba en un evento de derechos humanos el pasado 11 de noviembre de 2016, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Mexicali.
La periodista ha venido publicando una serie de reportajes y notas sobre la falsedad del caso Wallace desde el 31 de mayo de 2014, trabajos en los que ha revelado reiteradamente rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda / Hugo Alberto Miranda Torres. Motivo por el cual fue denunciada por Isabel Miranda Torres, dando lugar a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014. En esa misma averiguación, se encuentra la denuncia contra la periodista Anabel Hernández, de la revista Proceso, y David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad en México, quienes han conducido sus propias investigaciones sobre el mismo caso y con los mismos resultados.
Además de ellos, han sido afectados varias personas más que han apoyado a que se esclarezcan los hechos de una u otra forma, como son: la abogada Ámbar Treviño, el activista Giel Meza, el empresario José Luis Moyá Moyá, así como familiares que han sido víctimas colaterales en este caso.
El 18 y 30 de junio de 2014, hicimos las correspondientes peticiones al entonces titular de la procuraduría Jesús Murillo Karam. Sin embargo, su respuesta no fue sólo que nos entrevistáramos con el personal de su institución, sino que además se volvieron a cometer violaciones a los derechos humanos contra los inculpados dentro de los penales, bajo la SEIDO, a través de sus agentes ministeriales, varios de ellos trabajando directamente bajo órdenes de Isabel Miranda Torres.
Con respecto a la denuncia formal presentada en agosto de 2014, y que deriva el número 304/AP/DGDCSPI/2014, se nos mandó llamar para ratificar en octubre del mismo año, y no hay ningún pronunciamiento en relación a la misma por parte del C. Agente del Ministerio Publico de la Federación, titular de la Mesa Investigadora XII, Licenciado Agustín Francisco Arguello Nanco, por lo cual le solicitamos respetuosamente se nos brinde a la brevedad posible un estatus de la misma.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que una de las denuncias presentadas fue por la causa de Brenda Quevedo Cruz, con el número de averiguación previa AP/PGR/SDHAVSC/M2/98/2013, respecto a reiteradas torturas perpetradas en su contra. En ese expediente se revelaron los nombres de algunos de los funcionarios que cometieron el delito de tortura y fueron identificados por varias víctimas. Sin embargo, no sólo no han sido investigados ni mucho menos sancionados, sino que ahora además desaparecieron los documentos acusatorios dentro de la propia PGR. Ante la gravedad de estos hechos, le solicitamos nos dé puntualmente un estatus de dicha denuncia y de los documentos faltantes.
Son 11 años de la fabricación del caso, y casi los mismos de padecer el sufrimiento del cautiverio de nuestros familiares, quienes han sido las víctimas de violación de todos sus derechos humanos, de su derecho a la presunción de inocencia y a tener un proceso justo, con una absurda y corrompida asociación de Alto al Secuestro que el gobierno mexicano ha ayudado a mantener con un caso inexistente.
Apelamos a su responsabilidad y compromiso con el Estado de derecho para atender nuestra petición, ante la grave fractura de nuestro sistema de justicia que representa la simulación de pruebas y la falsedad a autoridades avaladas con el presunto tráfico de influencias provistas por la instancia gubernamental que debería garantizar nuestra tutela judicial efectiva.
En espera de una respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
Atentamente.
Elena Uscanga Cordero
