Fuente: Noticias Terra mx vía MXporFC
Autor: Armando Hernández
El 19 de junio, 2014
Caso Wallace, ¿ejemplo de fabricación de culpables?
Las dudas en torno al caso Wallace abren el debate y cruda realidad en México sobre la fabricación de delitos y culpables.
En medio de supuestas inconsistencias en el caso, Isabel Miranda de Wallace protagoniza un escenario adverso.
El caso es complejo. Investigaciones dadas a conocer por la periodista Anabel Hernández señalan que la activista, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, ayudada por autoridades, protagonizó la fabricación de pruebas para encontrar culpables en torno al supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace.
Foto: Terra
En los últimos días, la periodista dio conocer las supuestas anomalías del caso, en el que habría encontrado tres interrogantes:
1) Isabel Miranda mintió sobre la verdadera paternidad de Hugo Alberto, ya que no es producto de su matrimonio con Enrique Wallace Díaz.
2) Se sospecha de una doble identidad de Hugo Alberto, con la posibilidad que esté con vida.
3) Quedaría al descubierto la presunta complicidad de la PGR en la investigación, con omisiones y alteraciones periciales.
Según la periodista, el caso va más allá de una guerra de declaraciones entre ella y Miranda de Wallace, pues su objetivo es mostrar la deficiencia del sistema judicial en México.
“La señora no es mi problema, el problema es cómo la PGR permitió fabricar estos temas y ayudar a sostenerlos por tanto tiempo”, dijo en entrevista para Terra.
Agregó que la PGR, lejos de refutar o confirmar la posible fabricación de pruebas y culpables, parece dejar sola a la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”.
Foto: Revista Proceso
Isabel Miranda y el fallido del sistema de justicia
De acuerdo al análisis de Hernández, Isabel Miranda Torres es una de las figuras más importantes de la fábrica de culpables en México.
Entre los cabos sueltos, también está que aun sin el cuerpo de la víctima, se expidió una autopsia ficticia firmada por un médico forense, además de la desaparición de la única muestra de sangre que acompañó el peritaje inicial, principal sostén de la acusación y que desencadenó condenas a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, junto a Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz.
Pese a ello, en una de sus últimas declaraciones públicas, Wallace aseguró la solidez en el proceso penal sobre el secuestro y asesinato de su hijo, donde hay tres confesiones de los sentenciados aceptando el crimen. Sin embargo, la sombra de la supuesta tortura a la que fueron sometidos también acompaña esta afirmación.
Para la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que respaldó a Florence Cassez ante la violación del debido proceso y la fabricación de pruebas, los hechos anteriores demuestran que el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace está plagado de irregularidades y contradicciones.
También la política está envuelta. Jenaro Villamil, periodista especializado en medios de comunicación, considera que el protagonismo de Miranda de Wallace se dio al convertirse en el contrapeso a las críticas que encabezó otro activista, Javier Sicilia, dirigente del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, quien condenó la violenta estrategia del gobierno calderonista. En tanto que, Miranda, quien siempre apoyó la lucha de Felipe Calderón, recibió de las manos del Presidente el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Foto: Notimex
La falacia en el sistema de justicia
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asegura que el panorama es claro: en México es notorio que existe un arcaico sistema de justicia, que corresponde en muchos casos a intereses.
“Los ministerios públicos y autoridades en general trabajan con la fabricación de delitos, utilizan pruebas ilícitas, sin investigaciones reales. En su mayoría, los delitos quedan impunes o personas inocentes están en prisión”, aseguró Andrés Díaz Fernández, coordinador del Área de Defensa del Centro.
“Existen muchas personas que son parte de esta gran falacia en el sistema de justicia”, agregó el abogado, quien formó parte de la defensa que logró la libertad de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, junto a Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, sin pruebas contundentes pero efectivas para las autoridades, para mantenerlas en prisión durante tres años.
“Un gran problema en este sistema es el centralismo de Poder Ejecutivo, por encima del Legislativo y Judicial, donde hay grandes intereses que operan en ciertas áreas”, sin dejar de lado la corrupción que permea entre jueces y ministerios públicos, explicó Díaz Fernández.
Por este y otros casos, no sorprende la desconfianza de los ciudadanos ante el sistema judicial. Incluso, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, 8 de cada 10 mexicanos percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido por los ministerios públicos y partidos políticos.
