Fuente: ACDV EDIT
Autor: David Bertet, Presidente
El 22 de febrero de 2016
“Activistas” que usan el tema de la tortura para sus intereses propios
El 14 de febrero de 2016 se publicó un artículo en el periódico La Mañana del Grupo Reforma en el que se expuso la situación jurídica de Brenda Quevedo Cruz, acusada falsamente por el secuestro Hugo Alberto Wallace por parte de su madre, Isabel Miranda.
A consecuencia de la publicación, al día siguiente, Isabel Miranda volvió a señalar la lentitud del sistema de impartición de justicia en su propio caso, exigiendo nuevamente una sentencia condenatoria contra Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, los últimos dos presuntos implicados en el supuesto secuestro de Hugo Alberto.
Miranda siguió con el anuncio de sus nuevas “propuestas”, dirigidas no a prevenir de manera eficaz la tortura perpetrada de manera sistemática por los cuerpos policiacos, sino para evitar que los criminales utilicen el pretexto de la tortura para tratar de “evadir su responsabilidad” como lo dice Wallace.
El problema con ese argumento no reside en el hecho de que la Sra. Miranda de Wallace no entienda la gravedad del uso de la tortura, en contra de la cual la organización Alto al Secuestro que preside, se pronunció muy recientemente cuando la sociedad mexicana apenas empezaba a tomar conciencia de la existencia del problema: la tortura no consiste en un epifenómeno que se encontraría ocasionalmente en algunos escasos casos policiacos que no respetaron el derecho a la integridad física y psicológica de algún detenido en particular. Al contrario, la tortura es una práctica generalizada en las policías estatales y federales, cuyo implemento es parte del mecanismo de fabricación de culpables, con las consecuencias que todos ya sabemos: las cárceles quedan sobrepobladas de inocentes, mientras la taza de impunidad alcanza el 95 %.
En realidad, el problema de las intervenciones – que podemos calificar de oportunistas e ignorantes– hechas por la Sra. Miranda de Wallace en torno al tema de la tortura en México se enraíza en la pretensión a emitir propuestas globales sobre el problema social del uso de la tortura a partir de un discurso que nace (y no alcanza más de) preocupaciones eminentemente privadas. En pocas palabras, Isabel Wallace trata de presentar su propia historia como ejemplo paradigmático del dolor de las víctimas, haciendo propuestas a partir de lo que se supone adquirió como sabiduría a consecuencia del dolor vivido por ella conforme a lo narrado en su historia.
A pesar de sus declaraciones según las cuales su organización está en contra de la tortura, el problema que enfrenta Isabel Miranda de Wallace es el siguiente: de manera unánime, contundente, y sumamente coherente, las personas detenidas en el denominado caso Wallace afirman haber sido torturadas. Hay quienes podrían opinar que el hecho de haber sido torturadas no les quita a los detenidos – Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, Cesar Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo – la responsabilidad de haber cometido el crimen de haber secuestrado, asesinado y descuartizado a Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la tortura no debe ser pensada independientemente de las declaraciones que fueron tomadas durante y después de las sesiones de tortura. Isabel Miranda de Wallace invoca de manera repetitiva que los todos los acusados confesaron su participación. Lo que no dice es que las supuestas confesiones resultan totalmente incoherentes entre sí, incoherencias de fondo que apuntan a que dichas declaraciones fueron fabricadas a medida que las autoridades iban agarrando a los supuestos plagiarios de Hugo Alberto, tal y como lo demostramos de manera contundente en nuestro informe.
A pesar de haber padecido dos sesiones de tortura de las cuales han aportado detalles y evidencias que no dejan lugar a la duda sobre la realidad de los hechos alegados, Brenda Quevedo Cruz, Tony y Alberto Castillo Cruz, se negaron a declararse culpables.
La opinión pública, así como los seguidores incondicionales – los que son de buena fe – de Isabel Miranda de Wallace, deberían investigar, tal como lo hicimos nosotros, en qué condiciones las confesiones fueron obtenidas. Al respecto, resulta no sólo ilógica la nueva propuesta de Isabel Miranda de Wallace entorno a la grabación de las detenciones como medida para tratar de prevenir la tortura, sino además conveniente para los gobiernos y autoridades que encubren los actos de tortura en contra de civiles, después del escandaloso montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta el 9 de diciembre de 2005, con la consecuencia desastrosa de un engaño generalizado hacia la sociedad mexicana sobre la existencia de una banda de secuestradores totalmente inexistente.
No olvidemos que la Sra. Wallace ha sido la primera en filtrar a los medios las grabaciones de las detenciones y confesiones de los acusados en el caso de presunto secuestro y asesinado de Hugo Alberto Wallace, videos que se supone son propiedad de la PGR y que, sin embargo, fueron difundidos en los medios de comunicación, La filtración de ese material grabado en circunstancias no claras es la continuación natural de la violación a la presunción de inocencia de los acusados, después de que Isabel Miranda de Wallace hizo uso de los espectaculares de su empresa para exponer los rostros de sus acusados. Para expresarlo claramente: ya pudimos constatar que dichas grabaciones han sido uno de los medios por los cuales Wallace ha engañado a la opinión pública mexicana sobre un secuestro – el de su propio hijo – que a todas luces nunca sucedió.
En realidad, Isabel Miranda de Wallace no dispone más, a modo de “pruebas contundentes” de la supuesta culpabilidad de Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, y de los demás ya condenados, de declaraciones y confesiones obtenidas de manera muy sospechosa y muy probablemente bajo tortura. Aunque es de notar que a pesar de su mandato, de sus obligaciones, y de sus funciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la época de Raúl Plascencia – cuya candidatura fue propuesta por… Isabel Miranda de Wallace – siempre se ha negado a realizar el Protócolo de Estambul para comprobar o descartar las alegaciones de tortura que Brenda Quevedo Cruz afirma haber sufrido. Es más, la propia CNDH tomó la decisión de realizar una valoración psiquiátrica en vez de un estudio completo (psiquiátrico, psicológico y medical) de Brenda, cuando lo que se había solicitado era el protocolo de Estambul completo. Exactamente lo mismo sucedió en el caso de Jacobo. Derivado de la ampliación de declaración rendida por Brenda en marzo del 2015, en donde reitera las torturas de que ha sido objeto; el juez XVI de Distrito en Procesos Penales que tiene su causa ordeno se le practicara el Protocolo de Estambul. A raíz de la notificación a Brenda, ella le solicita al Juez que dicho Protocolo no sea practicado por la misma instancia que ha integrado la averiguación previa como lo es la PGR y que es parte del órgano de la acusación en su contra, ya que ello no garantiza un cabal cumplimiento a la investigación que se requiere para para determinar de manera imparcial y justa el resultado del Protocolo de Estambul. El 29 de abril de 2015, la Señora María Isabel Miranda Torres, interpuso amparo para que no se le practicara dicho estudio, indicando que ya se le han practicado dos por parte de PGR con resultados negativos. Se han interpuesto amparos pero casi siempre con el mismo resultado negativo. El ultimo amparo indirecto interpuesto por Brenda recayó en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con el numero 50/2015, se resolvió en negativo por lo antes expuesto; se solicito la “revisión”, misma que fue admitida. pero ya acaban de notificarle a Brenda que la señora Miranda se adherio a dicha revisión…
Ahora, ¿por qué Isabel Miranda de Wallace vuelve a exigir que se condenen de la manera más rápida posible a las dos últimas personas para las cuales todavía no ha logrado a que las condenen? Isabel Miranda de Wallace intenta, desde varias trincheras, impedir que se practique el Protócolo de Estambul que comprobaría que Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, así como los demás acusados, fueron torturados con vistas a que firmaran declaraciones – ya preparadas – en las que admitían su culpabilidad y la de sus supuestos “cómplices”.
En primer lugar, quisimos soslayar la mala fe que se requiere para pronunciarse públicamente sobre el gravísimo problema de la tortura como componente esencial del mecanismo de fabricación de culpables que el Estado tolera y protege tomándose a sí misma como punto de referencia. Es más: la Sra. Miranda de Wallace carece de autoridad moral no solamente para monopolizar el título de “victima”, sino para emitir cualquier opinión sobre el tema de la tortura sabiendo que (1) los testimonios de sus propios acusados convergen en que fueron torturados por órdenes, y en algunos casos en presencia de, Isabel Miranda de Wallace ; (2) la tesis del secuestro, de la muerte, del descuartizamiento y luego desaparición del cuerpo de Hugo Alberto Wallace debe ser puesta en duda después de que medios de comunicación (Proceso, Los Ángeles Press) y nuestra organización encontramos y publicamos el acta de nacimiento original de Hugo Alberto Wallace, nueva pieza de convicción que abre la puerta a una nueva investigación sobre la fabricación del secuestro de Hugo Alberto.
Para terminar, solo falta plantear la pregunta siguiente: si en realidad, un Estado de derecho como se supone lo es la República mexicana necesita a organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS, organizaciones que nacieron del aura de dolor del que gozaban Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí después de la desaparición – real o simulada – de sus hijos, y que, lejos de abogar por los derechos humanos de todas las víctimas, se dedican a acusar, difamar, y hundir a las personas que les conviene presentar como culpables: Florence Cassez, Israel Vallarta, Martin del Campo, Nestora Salgado García, Noé Robles Hernández, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, … y todos los demás. En nuestra opinión, organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS no tienen lugar en una democracia moderna, no solamente por las serias alegaciones de tortura en contra de las personas detenidas en los denominados casos Wallace y Martí, sino porque estas organizaciones manifiestan la inadmisible persistencia en la modernidad de los tiempos de la inquisición de la que un sinnúmero de inocentes fueron víctimas.
