Fuente: ACDV Editorial
Autora: Ana María Gutiérrez Díaz (desde Colombia)
El 30 de octubre de 2015
El excongresista del Caquetá (Colombia), Luis Fernando Almario Rojas fue procesado a raíz del crimen de la Familia Turbay Cote, probablemente cometido por guerrilleros de las FARC el 29 de Diciembre del 2000, por motivo de los vínculos que dicha familia presuntamente mantenía a la par con los paramilitares y las FARC.
En marzo del 2015, la ACDV se pronunció a favor de la liberación inmediata de Luis Fernando Almario Rojas y solicitó que se implementaran medidas cautelares. Más de 8 meses después, aun se hace esperar la decisión de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El 13 de Julio de 2015, Luis Fernando realizó una queja al Procurador General de la Nación contra Generoso Hutchison Lugo, Fiscal 28 UDH y DIH, en relación a posibles faltas disciplinarias y penales por sus actuaciones en el radicado 1112 UDH y DIH. El Fiscal 28 UDH y DIH es quién conduce las investigaciones con respecto al ataque que sufrió Luis Fernando en el 2001 en la ciudad de Florencia, en donde su casa fue bombardeada por las FARC. A pesar de los informes de inteligencia recolectados por diversas autoridades en la época, el Fiscal actual sigue una hipótesis que desconoce toda versión oficial y afirma que el atentado fue realizado a una casa vacía, en donde presuntamente Luis Fernando no se encontraba dentro del inmueble y podría incluso haber planificado la acción.
Adicionalmente, Luis Fernando interpuso una denuncia realizada el 18 de agosto de 2015 contra José Germán Senna Pico por falso testimonio, la que se presume como archivada debido a la ausencia de respuesta por parte la fiscalía. En esta última denuncia se comprueba como el fiscal Reyes Cala utilizó argumentos falsos, como el anuncio de la presunta condena del acusado, dejando por sentado que la Fiscalía no podía ser una tercera instancia ante la condena ya recibida, lo que es falso, ya que Luis Fernando nunca ha sido condenado por ningún crimen.
Así mismo, en la denuncia Luis Fernando expresa las incoherencias y contradicciones que el Fiscal Reyes realiza al expresar que “lo que si se observa es que en sentir del quejoso, pensó que era un juego el esconderse y no comparecer a dicho proceso donde solo se hizo hasta que fue sancionado” siendo esto una incongruencia ya que el acusado nunca ha sido condenado y por lo tanto nunca ha tenido que presentarse y por esta razón no ha tenido que esconderse.
De esta manera la denuncia pretende dejar al descubierto que la Fiscalía incurre en delitos de prevaricado y falsedad ideológica en un documento público.
No bastando con esto, seguida de esta denuncia, Luis Fernando Almario realizó un derecho de petición al Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el día 24 de agosto de 2015, en donde pide noticias sobre el estado de la investigación llevada a cabo sobre el Señor Fernando Bahamón Céspedes, quien fue reconocido como falso testigo por la Corte Suprema y que la fiscalía sigue considerando como testigo válido de la parte acusadora contra Almario Rojas.
La negligencia de las autoridades colombianas en la falta de proceder en el caso del probable falso testigo Fernando Bahamón Céspedes ha llevado a Luis Fernando Almario a permanecer privado de la libertad, aun cuando resultan más que suficientes las pruebas que demuestran la falsedad del testimonio de Céspedes. La Corte Suprema de Justicia desvirtuó el testimonio que rindió este sujeto el 26 de Agosto de 2009, y en donde manifestó bajo protesta de juramento que en su condición de jefe de Seguridad de Teófilo Forero de las FARC en el municipio de San Vicente del Caguán, había sido testigo de reuniones que el señor Luis Fernando Almario sostuvo con miembros de las FARC en el año 2000 en donde éste determinó la muerte de miembros de la familia Turbay.
Por lo que queremos preguntar: ¿Cómo puede la Fiscalía seguir empleando a testigos falsos indicados ya como tal por la Corte Suprema de Justicia, haciéndoles un daño irreparable a la honrad y a la vida de personas inocentes como Luis Fernando Almario Rojas? La respuesta le pertenece a la Fiscalía.
