Fuente: ACDV COM
El 25 de noviembre de 2016
COMUNICADO ESPECIAL
CASO VALLARTA
Montreal, 25 de noviembre de 2016
Al Magistrado José Fernando Guadalupe Suárez Correa
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A la Comunidad Internacional de derechos humanos
A la Opinión pública
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A la Comunidad Internacional de derechos humanos
A la Opinión pública
La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad felicita al Magistrado JOSÉ FERNANDO GUADALUPE SUÁREZ CORREA, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit por haber tomado la decisión justa y conforme a derecho en la causa penal 71/2009-IV que permitió la liberación de los ciudadanos RENÉ VALLARTA CISNEROS, ULISES ZENIL VILLEGAS Y JULIO CÉSAR DÍAZ NORIEGA, víctimas de fabricación de delitos.
Esta firme decisión hace avanzar a México en la reparación del Estado de derecho al poner en evidencia de manera clara y contundente (1) que la decisión condenatoria del tribunal de primera instancia del 15 de febrero de 2006 no había sido tomada conforme a derecho; y (2) que no quedaba demostrada la responsabilidad penal de los inculpados en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en contra de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Silvano González Díaz, y Rodrigo Aquino Lope, y Andrés Martínez Pérez.
La sentencia que dictó el Magistrado GUADALUPE SUÁREZ CORREA, de la que nuestra asociación obtuvo copia, se fundamenta en una aplicación irreprochable del Código Penal y de la Constitución mexicana. Como organización internacional de defensa de los derechos humanos, lamentamos y reprobamos que algunos medios de comunicación difundan de manera tendenciosa la noticia de la liberación de los Sres. Vallarta Cisneros, Zenil Villegas y Díaz Noriega, y con “su indignación” pretendan manipular la opinión pública en fomento de una apreciación equivocada de la sentencia absolutoria vertida por el Magistrado JOSÉ FERNANDO GUADALUPE SUÁREZ CORREA.
La absolución de los inculpados valida la tesis que fue destacando a lo largo de los años en nuestras investigaciones desde la liberación de la Sra. Florence Cassez, en enero de 2013, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual apuntó a la inexistencia de la supuesta banda de secuestradores Los Zodiaco, y la cual resultó ser una creación de la Policía federal. Tal invención es el resultado y la manifestación del carácter generalizado de las prácticas violatorias al debido proceso y a los derechos humanos por parte de las mismas autoridades, que fracturan el Estado de derecho. Estas prácticas que van desde la violación a la presunción de inocencia, las detenciones arbitrarias, la escenificación de detenciones, tal y como sucedió en el montaje mediático del 9 de diciembre de 2005 orquestado por la ex Agencia Federal de Investigación, el uso generalizado de la tortura con vistas a obtener confesiones de parte de los aprehendidos, y la fabricación de declaraciones cuyo contenido resulta ajeno a la realidad, son las mismas que hemos observado de manera sistemática en los casos de culpables fabricados en los que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad ha tenido la oportunidad de trabajar desde su fundación.
Instrumentalizando el derecho de las víctimas a obtener justicia, los “voceros de la indignación”, periodistas que carecen de imparcialidad y muestran especial interés en distorsionar la verdad sobre la liberación de los Sres. Vallarta Cisneros, Zenil Villegas y Díaz Noriega, alentados principalmente por personas que han participado activamente en la fractura del Estado de derecho como María Isabel Miranda Torres y Alejandro Martí, con la fabricación de culpables y exhortos a que la opinión pública se oponga de manera arbitraria a las decisiones imparciales del Juzgador.
Estas opiniones tienen el efecto corruptor de hacer que la sociedad civil ignore la grave realidad de la fabricación de culpables en México, y menosprecie la absoluta prioridad de los derechos del imputado y del respeto al debido proceso, siendo los últimos los únicos mecanismos de protección de los ciudadanos contra las arbitrariedades y corrupción de las fuerzas policiacas mexicanas.
Afortunadamente, aún se encuentran en México periodistas, intelectuales juristas y verdaderos defensores de los derechos humanos que son éticos, cuyo trabajo tiene las características de la dignidad y respeto por los derechos y libertades del ciudadano. Sus palabras son expresadas cuando tienen la obligación moral de hacerlo, y sus opiniones motivan el deseo sincero de la verdad y de la justicia, con base en un conocimiento real de la ley y de los hechos en los que se pronuncian, son éstos los que la sociedad civil necesita escuchar.
Al contrario, las intervenciones mediáticas de parte de los simuladores de la información a la que pertenecen Adriana Rivera Melo y Mario Torres del noticiero Matutino Express, son de carácter sumamente difamatorio y calumniador y representan un peligro para el Estado de derecho. No obstante, el destacado trabajo de investigación que realizaron los periodistas Emmanuelle Steels y José Reveles, para quienes va también nuestro reconocimiento, derriba la manipulación de los simuladores, al apuntar la impecable tesis del “mito genial de la banda de los Zodiaco”.
La contundencia de esta investigación sólo puede ser ignorada por quienes tienen como propósito la desinformación y cuyos intereses particulares quedan ajenos a la restauración del verdadero Estado de derecho. En la misma categoría, citamos el libro del catedrático Alejandro Vázquez quién nos da una lección magistral sobre la relevancia del caso Cassez para la apreciación del carácter fundamental del debido proceso en México.
Lamentamos que periodistas malintencionados usurpen las atribuciones exclusivas del juez y organicen juicios públicos que nos llevan a la involución, a tiempos de la inquisición, cuando los acusadores públicos usaban su poder a discreción para condenar a muerte a quienes les convenía acusar y no a los verdaderos culpables. En ese sentido se deben interpretar las palabras del Sr. Mario Torres, quien en su intervención mediática en el programa de Matutino Exprés, ofende una y otra vez la honra y la dignidad de las tres personas absueltas y liberadas, calificándoles de secuestradores aun y cuando dicho periodista tiene en sus manos los argumentos jurídicos que fundamentan la absolución.
Tales intervenciones lingüísticas de corte difamatorio generan consecuencias gravísimas en un Estado de derecho, precisamente en un momento en que México atraviesa por su peor crisis de derechos humanos, Ante ello, el compromiso responsable que deberían tener los medios de comunicación es con la verdad y la justicia. Ningún código de ética periodística otorga a nadie el privilegio de pretenderse juez y de acusar públicamente a personas de las que desconocen los casos, y que por motivo de circunstancias ajenas al espíritu de la justicia y a la moral les convendría señalar como criminales. Incurriendo en ese tipo de conducta moralmente cuestionable y penalmente reprensible, esos periodistas se convierten en la voz de la ignorancia y de la arbitrariedad, faltando al derecho de reserva al que está obligado todo comunicador público, así como al seguimiento de una norma de prudencia y responsabilidad de sus actos.
Quedó claro que la banda de los Zodiaco fue un mito creado por la Policía federal. La supuesta víctima estrella miembro de la misma instancia policial, el Sr. Ezequiel Elizalde Flores, nunca sufrió el calvario de haber permanecido privado de su libertad. El montaje orquestado por la entonces Agencia Federal de Investigación y la posterior policía federal a cargo de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino hizo que la opinión pública mexicana creyera durante años en la existencia de esa banda de secuestradores, supuestamente integrada por Florence Cassez y su ex pareja sentimental Israel Vallarta, ambos inocentes, marcados para siempre al ser víctimas de un verdadero crimen de estado.
Sin embargo, la mentira inicial no resultó suficiente para que la opinión pública siguiera creyendo en la banda de los Zodiaco. Se tuvo que reforzar esa mentira inicial. De ahí surgió la “obligación” de recurrir a otras detenciones, tan arbitrarias, ilegales y violatorias a los derechos humanos que las primeras. En resumen, los supuestos integrantes de la banda de Los Zodiaco no son delincuentes, como se complace en hacerlo creer Isabel Miranda Torres y su acolite Alejandro Martí, sino las víctimas de un montaje policial que lastimó profundamente el sentido moral de los Mexicanos.
La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad no dejará de luchar por la libertad de los culpables fabricados en México, y en primer lugar por la libertad de Mario e Israel Vallarta Cisneros. Seguiremos alzando la voz de la razón y el derecho sobre todo cuando hay voces interesadas en desviar peligrosamente la verdad hacia la barbaridad. El interés superior de la verdad, de la justicia, y del derecho a la libertad de los inocentes nos obliga a actuar de esta manera. Por este motivo, aportaremos nuestro entero apoyo logístico y moral a quienes hayan sido víctimas de las prácticas de fabricación de culpables y en contra de quienes resulten responsables de este grave sufrimiento humano.
En relación a la participación activa de María Isabel Miranda Torres y/o Isabel Miranda de Wallace, en la campaña de odio y desinformación en contra de los ciudadanos René Vallarta Cisneros, Ulises Zenil Villegas y Julio Cesar Díaz Noriega queremos señalar que: dicha participación no nos sorprende. La Sra. Miranda Torres perdió su batalla contra la liberación de nuestra defendida e inocente Florence Cassez, siendo el caso que fue la misma Sra. Miranda Torres quién colaboró en la fabricación de la banda de los Zodiaco, y su papel hasta el 2013 ha consistido en hacernos olvidar el carácter inverosímil y violatorio de derechos humanos de su propio caso, desviando la atención del público hacia el personaje de la “secuestradora francesa”.
No nos cansaremos de repetir que María Isabel Miranda Torres representa un peligro mayor para el Estado de derecho en México, en su carácter de encarnación de la figura inquisitoria del acusador público. Tarde o temprano, Miranda Torres, quién en este caso de los Vallarta acusa a los jueces de corrupción y de parcialidad, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propios ilícitos: corrupción, perjurio, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, amenazas, tráfico de influencias, cohecho, y sobre todo haber fingido el dolor de los padres de desaparecidos al haber inventado el secuestro, asesinato y descuartizamiento de su propio hijo Hugo Alberto.
Aplaudimos pues, la firme y sólida decisión del Magistrado JOSÉ FERNANDO GUADALUPE SUÁREZ CORREA, y celebramos que en este caso haya prevalecido para el bien de México y de cada uno de sus ciudadanos la verdad y la justicia.
Atentamente.
En representación de las víctimas: René Vallarta Cisneros, Israel Vallarta Cisneros, Mario Vallarta Cisneros, Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, Guadalupe Vallarta Cisneros, Florence Cassez.
