Caso Wallace (3 de abril 2019)

El 29 de marzo de 2019, en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denuncié -en mi calidad de periodista-, las agresiones sistemáticas por parte de Isabel Miranda Torres, incluyendo dos intentos de secuestro, amenazas e intimidaciones, por revelar la fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, su doble identidad oficial, y las torturas y violencia sexual que han sufrido sus víctimas en prisión desde 2006.

A este cúmulo de agresiones para coartar mi libertad de expresión y prensa se sumó la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, a quien también denuncié formalmente ante la Fiscalía General de la República, y así se lo hice saber al presidente en la conferencia de prensa.

Ese día, hubo fallo de energía eléctrica, y sólo estuvo funcionando el micrófono, mientras yo hacía las preguntas al mandatario sobre la fabricación de culpables, y qué iba a hacer su gobierno respecto al falso caso Wallace. Gracias a los Youtubers, como Lord Molécula y Sandy Aguilera, quedó registrada toda la conferencia durante el apagón.

López Obrador respondió -­sin ninguna sorpresa-­ que se atendiera de inmediato el caso, que si ya había un expediente abierto, se pediría un informe a la fiscalía, y se garantizaría la libertad de expresión. Incluso enfatizó que en su gobierno estaba “Prohibido prohibir”, y si se trataba de la libertad de expresión eran mejor los excesos que acallar. Respecto a las víctimas de fabricación de delitos, dijo haber dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que en mesas de trabajo, pudieran analizar caso por caso y liberar a los presos inocentes. Que era cuestión de darle tiempo por la enorme demanda de justicia que había del pueblo.

Los medios de comunicación guardaron total silencio sobre mis preguntas. Algunos portales independientes publicaron parcialmente la noticia evitando el nombre de Isabel Miranda Torres. Y fueron los periodistas digitales, independientes, quienes dieron fuerza al tema, como Esteban Durán, a través de su red de noticias A tiro de piedra.

Fue evidente que a Isabel Miranda le habían mentido sus huestes, ya que varias horas después de la conferencia presidencial, ella publicó un tweet diciendo que celebraba que el presidente López Obrador no se hubiera dejado sorprender “por esa vividora que se hacía pasar de periodista”. Y en entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que todo lo que yo había denunciado era mentira, y que lo único que tenía en su contra era una “queja ciudadana”. Gómez Leyva, en un acto de difamación adicional, publicó que yo aseguraba que el hijo de Miranda no estaba muerto y que radicaba en Canadá.

Días después de haberse dado a conocer el video completo de la conferencia de prensa, Isabel Miranda Torres inició un linchamiento mediático contra mi persona, con difamaciones y calumnias en espacios pagados en los medios electrónicos, como entrevistas a modo y espacios de entre 12 y 28 segundos; además de espacios en medios tradicionales que la han acompañado durante tres sexenios legitimando la mentira del secuestro de su hijo. El intento de desacreditarme como profesional del periodismo fue acogido incuestionablemente por los medios, pese a que mi trabajo periodístico es público y de acceso gratuito en la red, además de ser autora de varios libros y de haber obtenido varios reconocimientos internacionales. Pese a que mi solicitud de réplica fue ignorada, los vestigios de corrupción por parte de Isabel Miranda a periodistas y funcionarios públicos han trascendido a la agenda de gobierno, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la diferencia con sus antecesores.

Aclaraciones a medios y respuestas a Isabel Miranda

Sobre la “queja ciudadana”

Isabel Miranda Torres fue denunciada formalmente ante la Fiscalía General de la República, el 11 de diciembre de 2018, y ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 29 de marzo de 2019. Las denuncias fueron por la fabricación del caso Wallace y por amenazas e intentos de secuestro contra mi persona. En la denuncia a la fiscalía, se presentaron a declarar testigos, tanto de Mexicali, Baja California, donde se perpetró el primer secuestro en grado tentativa, el 11 de noviembre de 2016, en un evento universitario de derechos humanos; y de la Ciudad de México, donde ocurrió la otra agresión, a la salida del Tribunal Superior de Justicia, el 27 de febrero de 2018, donde exagentes ministeriales, contratados por Miranda, pretendían llevarme a declarar supuestamente a SEIDO con una orden de presentación apócrifa. Se le entregaron a la fiscalía -como evidencia- los videos grabados en el momento en que ocurrieron los hechos, por periodistas y activistas de derechos humanos. 

A esa denuncia, se incorporó la denuncia de víctimas y familiares de los inculpados, aportando múltiples evidencias y testimonios de las agresiones por parte de Isabel Miranda y de servidores públicos que han operado en su favor durante 13 años. Miranda dijo a Ciro Gómez Leyva, en entrevista el 1 de abril, que se trataba sólo de una “queja ciudadana”, en intento de restar gravedad a los delitos por lo que ha sido denunciada y por los que se abrió la carpeta de investigación número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018. Los delitos denunciados van desde secuestro en grado tentativa, usurpación de funciones, falsificación de documentos, privación de libertad de las víctimas, tortura, tráfico de influencias, y amenazas, entre otros.

Sobre las “pruebas científicas”

Entre las pruebas presentadas, por Isabel Miranda, se destaca la copia certificada del peritaje de ADN de un elemento piloso y una gota de sangre, cuyos resultados de ADN fueron de origen femenino, y la perito -ante juez- dijo que era un error de dedo. Con ello, se descartaba que Hugo Alberto Wallace Miranda había sido desmembrado en el departamento de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, y ante la evidencia de una segunda acta de la doble identidad oficial, como Hugo Alberto Miranda Torres, se revelaba que no era hijo biológico de Enrique Wallace Díaz, tal como sostiene Isabel Miranda. El elemento piloso y la gota de sangre fueron fabricados como “pruebas científicas” siete meses después de los supuestos hechos. Incluso, en el peritaje se señala además que los restos de huesos encontrados en la coladera de la bañera eran de origen animal.

En el caso de la fotografía que muestra a Hugo Alberto desnudo del torso, con los brazos atados hacia atrás y ojos vendados, también se desechó como prueba porque el perito de PGR, Marco Antonio Hernández Delgado, reportó que no era posible determinar tipo y marca de la cámara fotográfica que se había utilizado para hacer esas imágenes. Tampoco pudo determinar fecha de impresión y dijo no haber elementos para determinar si las imágenes correspondían a fotomontajes.

Sobres las torturas

De acuerdo con las denuncias de las víctimas, Isabel Miranda tuvo el apoyo de los ministeriales de SEIDO, Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, y del excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, para coordinar las torturas de sus inculpados dentro de los penales federales. Incluso el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez fue identificado ante juez federal como torturador y agresor sexual por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz. A ambos inculpados les practicaron el protocolo de Estambul, y diversas valoraciones psicológicas con los mismos principios, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Consejo de la Judicatura, con resultados positivos en un alto grado de estrés por eventos traumáticos. El último protocolo de Jacobo Tagle fue incorporado a la causa penal 35/2006 el 10 de diciembre de 2018. Sin embargo, Isabel Miranda, el 19 de diciembre, negaba la existencia del protocolo en el programa de Televisión Espiral, conducido por Ricardo Raphael, a pesar de que él se lo mostraba físicamente. Por su parte, otro de sus inculpados, César Freyre Morales, hizo llegar una carta a esta periodista el 30 de enero de 2019, para denunciar las torturas sufridas directamente de Miranda y enumeró la lista de servidores públicos que colaboraron con ella. 

Sobre los “gestores de delincuentes”

Ante los medios de comunicación que han acompañado invariablemente a Isabel Miranda Torres durante tres sexenios, se refirió a mi persona como una “gestora de delincuentes”. Reiteró que yo había sido contratada por “los Vallarta”, en referencia a los hermanos Vallarta y al caso de Florence Cassez, víctimas de fabricación de culpables por el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, cinco meses después de la fabricación del caso Wallace. En su perfil de Twitter, Miranda insiste en que no soy periodista, incluso dijo que era abogada de Brenda Quevedo Cruz, y me había “infiltrado” a la conferencia mañanera del presidente, además de lanzarme una sarta de insultos a través de sus bots.

Sin otro afán, más que el de demostrar las calumnias sobre mi persona, doy una breve referencia de mi trayectoria profesional. Soy una periodista con estudios formales, doctorado en Humanidades, dos maestrías, una en la Escuela de Periodismo de El País y la Universidad Autónoma de Madrid, y otra en Psicología en la Universidad de Palo Alto, California. Tengo entrenamiento para trabajar con víctimas por el Mental Research Institute, y recibo ingresos como terapeuta y autora de libros en el sur de California. Con ello, financio mis investigaciones periodísticas en México, mi país de origen. Tengo una larga trayectoria en los medios de comunicación internacionales, y soy editora con más de veinte años de experiencia. Cuento con cédula profesional como docente en México y en Estados Unidos. Aquí algunas evidencias de mi trabajo profesional. 

Fundadora de la Revista Transición, en la que colaboraron intelectuales reconocidos con análisis sobre las transiciones políticas en Latinoamérica. 

Algunas estampas de mi trabajo en diferentes países

En cambio, Isabel Miranda Torres, en su perfil de Wikipedia, sostiene que es pegagoga, y tiene cursos de Programación Neurolingüística y familia. Sin embargo, no existe ninguna cédula profesional en su nombre. Aún así, ella ejerció como directora del Colegio Aztlán, mismo lugar donde su hijo trabajaba como “maestro de inglés”, quien también carecía de una cédula profesional para ejercer como docente. Ambos, en una flagrante usurpación de profesiones, conforme al artículo 250 del Código Penal Federal, el cual se castiga con prisión de uno a seis años y multa de 300 días.

Isabel Miranda, además, no tiene evidencia alguna de estudios formales que demuestren su capacidad cognitiva para opinar públicamente sobre temas de Seguridad, ni mucho menos para dar consultorías remuneradas en esta materia a gobiernos estatales y municipales. Por el contrario, pesan sobre ella un sinnúmero de denuncias formales sobre ilegalidades en sus negocios, además de tener antecedentes penales por homicidio en grado tentativa en 1998, y su hijo por contrabando en 2001.

Sobre la corrupción judicial y el tráfico de influencias

El caso Wallace se convirtió en un caso emblemático de corrupción judicial, por el tráfico de influencias de Isabel Miranda y el lucro obtenido del erario para su falsa causa. De la mano de Genaro García Luna, Miranda se erigió en acusadora pública, fabricando delitos a inocentes desde 2001, como parte de una política represiva y de simulación de eficiencia policial en respuesta al combate parcial contra el narcotráfico. Dos de sus aliados estuvieron manejando estas influencias desde de la PGR. Uno, su abogado particular, Ricardo Martínez Chávez, quien entró a la institución en 2001, salió en diciembre de 2003, y regresó como encargado del despacho de Secuestros el 10 de julio de 2005, nombrado por José Luis Santiago Vasconcelos, un día antes de reportar la desaparición de Hugo Alberto Wallace. Su otro aliado, Samuel González Ruiz, quien fue designado como subprocurador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, en 1995, se alió con Miranda en 2005, fortaleciéndose mutuamente en el negocio de proveer servicios de seguridad.

Sobre las víctimas

Las víctimas, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Brenda Quevedo Cruz, Albert y Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, y Jael malangón Uscanga, han sufrido torturas -y algunos, violencia sexual- dentro de los penales. Por lo que hoy es un júbilo para sus familias, haber escuchado por primera vez, desde la fabricación del caso, la voz de un presidente de la república que ordena la atención a víctimas de fabricación de delitos, y reconoce esta “práctica de gobiernos neoliberales”, en referencia a sus antecesores. López Obrador, incluso, en un acto de empatía con las verdaderas víctimas, en la conferencia de prensa de la mañana del 29 de marzo, dijo que desde la oposición política había sabido lo que era ser incriminado por falsos delitos para acallarlos.

Brenda Quevedo Cruz es una de las víctimas con las que Isabel Miranda exhibe más su odio. Pese a las torturas y la violencia sexual sufrida por parte de ministeriales para que firmara una declaración fabricada a nombre de Isabel Miranda, Brenda no se ha incriminado. Tampoco lo hicieron los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, éste último, al que le impidieron ver a su familia por casi cinco años. No obstante, después de leer las cartas de César Freyre Morales y de Jacobo Tagle Dobín, en las que describen el daño que les han hecho a ellos y a sus familias, Freyre incluso con la pérdida fatal de su hermana, uno no puede dar crédito cómo es posible que aún sigan de pie y en lucha por su libertad.