Fuente: Reversos
Autor: Alejandro Báez Castro
El 22 de diciembre de 2019
La caída de Isabel Miranda de Wallace
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador muestra claroscuros que necesitan revisarse más allá de la inmediatez simplista que obliga el vertiginoso ritmo de la nota diaria. Uno de esos claroscuros es el combate contra la corrupción y la impunidad que prometió en campaña y que, en gran medida, le dio la victoria electoral el 2 de julio del año pasado.
Si bien es cierto que el tabasqueño no está dispuesto a llevar a juicio a los ex presidentes – como tantas veces lo ha repetido en sus conferencias mañaneras – y que hay personajes de negro historial que han librado (no sabemos si por incapacidad de las autoridades o por acuerdos) la profunda y necesaria limpia realizada por la Fiscalía General de la República como Emilio Lozoya Austin, Mario Marín «El Gober Horroroso», César Duarte, Carlos Romero Deschamps (del que no queda claro si está en México o en el extranjero) y Eduardo Medina Mora (que parece ya dormitar tranquilamente en las praderas del retiro y el olvido), existen otros «ilustres» entrampados en el laberinto al que los arrastrarán todas las telarañas y esqueletos que guardan en el armario.
Los más claros ejemplos de ello son la ex funcionaria del peñanietismo y pieza clave – que no la única – de la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanga, y el abogado Juan Collado, que en un irónico episodio de justicia poética, permanece encerrado en una «Caja» de nombre «Libertad». A ambos, más que la suerte, parecen haberlos abandonado sus amigos, el priista y ex legislador Manlio Fabio Beltrones (quien ya se amparó ante cualquier posible investigación futura) y los ex presidentes priistas Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
A la par otros trenes incendiados, ya corriendo descarrilados y sin control, podrían estar a punto de estrellarse arribando al mismo destino, aunque la mayoría de los medios de comunicación tradicionales – e incluso también buena parte de los medios independientes y youtubers -, guarden un silencio tibio cuando no absoluto. Tal es el caso de la empresaria de anuncios espectaculares y presunta activista antisecuestros, Isabel Miranda de Wallace.
En este espacio ya se ha escrito sobre el caso Wallace, el cual ha sido desmontado por periodistas como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga.
Pese a que Isabel Miranda sostiene que su hijo fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005, y que encarceló a los verdaderos responsables, el caso está plagado de inconsistencias, contradicciones y abusos varios por la parte acusadora: Tráfico de influencias, falsificación de identidad, falsificación de documentos, fabricación y siembra de pruebas, «confesiones» prefabricadas sembradas bajo tortura (detenciones sin orden judicial previa, toques eléctricos, golpes, violación, amenazas, humillaciones, asfixia, ahogamiento, escupitajos, aislamiento, gas lacrimógeno en boca y genitales, colgar de un helicóptero en vuelo), represalias contra las familias de los detenidos (amenazas, espionaje telefónico y presencial, golpizas y el arresto de la hermana y la madre, así como del hermano, de dos de los detenidos respectivamente, como otras formas de presión).
Compras con las tarjetas de crédito de Hugo Alberto, meses después de haber «muerto». Una llamada meses después de haber sido «asesinado», con una voz que varios conocidos reconocieron ante autoridades como suya. Testimonios donde aseguran haberlo visto con vida tras lo «ocurrido». Una gota de sangre como única prueba científica y cuya última prueba de ADN -que no coincide con la verdadera paternidad- ya derrumbó el montaje.
La historia que Isabel Miranda contó, llevó a la ex candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el PAN a encumbrarse en la escena pública.
Tras el presunto plagio y homicidio de su hijo pasó de ser solamente dueña de Showcase Publicidad y colegios al sur de la capital como City College, a presidenta de la asociación civil Alto al secuestro, que bien pudo haber recibido recursos económicos de la federación pero que carece de registro legal alguno para operar y cuyo opaco financiamiento parece que jamás se investigará.
Es pertinente señalar que resulta extraño que una organización que en papel no existe y cuya presidenta no cuenta con credenciales laborales o académicas para opinar sobre dichas áreas, continúe siendo el máximo – para algunos, el único – referente en temas de seguridad para todos los medios de comunicación mexicanos. Llama la atención que agrupaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano tengan entre sus filas a la inexistente Alto al secuestroyque Isabel Miranda, en calidad de «activista» y presidenta de una organización que legalmente no existe, haya sido asesora e «invitada ciudadana permanente» al Consejo Nacional de Seguridad Pública desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta el actual gobierno, en enero de este año, con todas las facultades que ello le concedió.
En tiempos de Felipe Calderón y Peña Nieto, no hubo organismo del Estado que escapara al poder de la panista: Empezando por el poder ejecutivo, principalmente en tiempos del primero, cuando prácticamente tuvo «derecho de picaporte» en los Pinos.
El reinado se extendió y se expresó con más fuerza en el poder judicial de la mano de Medina Mora, Genaro García Luna, Marisela Morales, Jesús Murillo Karam, Manuel Mondragón y Kalb, Arely Gómez y Raúl Cervantes. No son pocos los testimonios que aseguran que ella entraba como Pedro por su casa y mandaba en juzgados, ministerios públicos, y en las unidades de investigación, inteligencia y espionaje de la nación. En el caso Cassez Vallarta – que mantiene preso sin sentencia, a Israel, desde hace catorce años – presionaba a jueces, con tal de favorecer las mentiras del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Aún en los tiempos que corren, algunos de sus familiares y amigos, entiéndase hermanos y sobrinos así como ex colaboradores cercanos de su amigo Genaro García Luna, permanecen incrustados en puestos altos y medio-altos del poder judicial en niveles federal, capitalino y estatales.
En el poder legislativo contó con el apoyo y protección de legisladores de todos los partidos, que facilitaron su aprobación cuando Isabel Miranda cabildeó leyes y dictámenes a modo para beneficio suyo o del grupo calderonista. Incluso en abril de este año, cuando el caso Wallace volvió a estallar en medios, los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio; los perredistas Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez, y los panistas Mauricio Kuri González y María Guadalupe Murguía Gutiérrez firmaron una carta pidiendo que el Senado interviniera para frenar la «revictimización» (entiéndase, las investigaciones) de la Fiscalía contra la señora Wallace. ¿No violaría eso las facultades del legislativo? ¿No calificaría como obstrucción de la justicia, el que el Senado hubiera accedido a la petición de dichos senadores? Ojalá un especialista en el área pueda aclararlo.
De la mano del diputado Federico Döring, el PAN le abrió las puertas pese al descontento de algunos de sus militantes, y el partido le regaló un puesto como asambleísta capitalino a otro familiar de Isabel Miranda, a la par que el entonces mandatario Felipe Calderón y el entonces presidente de dicho partido, Gustavo Madero, la hacían candidata.
Los organismos «autónomos» no se quedaron atrás, e Isabel Miranda logró colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su amigo, como consta en la hemerografía de la época, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva – del que buscó su reelección – así como a familiares que han fungido en puestos de alto nivel. ¿Por qué ningún partido se escandalizó de que Isabel Miranda propusiera al titular de la CNDH? ¿Continuarán operando bajo la administración de Rosario Piedra Ibarra, quienes entraron bajo el cobijo de Wallace? ¿Qué papel jugará la CNDH con Rosario Piedra, a quien el PAN – el partido más cercano a Isabel Miranda – intentó impedirle llegar con quejas ante la OEA, la ONU y hasta con una intentona de violencia física por parte del senador Gustavo Madero?
Al respecto no es de extrañar que, pese a las denuncias y a los peritajes médicos que avalan las torturas de los detenidos por el caso Wallace, el sucesor de Plascencia y anterior titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, evitó pronunciarse a favor de los derechos humanos de los inculpados por este caso. En este contexto tampoco es de sorprenderse que, pese a tantas acusaciones de tortura, ni por error han considerado retirarle el premio Nacional de Derechos Humanos que Plascencia y Calderón le dieron en 2010. ¿Lo habrá al menos meditado ya, la nueva titular del organismo?
Los gobernadores de diferentes regiones del país tampoco se quedaron atrás de este desfile de corruptelas. Por ejemplo Miguel Ángel Mancera, como anterior jefe de gobierno capitalino, y su gabinete, permitieron que la empresa Showcase Publicidad operara con amparos, tuviera un lugar en el Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México con voz y voto preferentes (sin siquiera cumplir el reglamento interno para ello), así como el que sus espectaculares incumplieran las reglas de dimensión y distancia con las que las autoridades sí sancionan a la competencia.
En 2016 el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, llegó a más. Las aspiraciones presidenciales que entonces albergaba el perredista lo hicieron presa fácil de las extorsiones de Isabel Miranda de Wallace. De acuerdo a una investigación de Guadalupe Lizárraga en Los Angeles Press, Isabel Miranda de Wallace manipuló las cifras delictivas que brinda su organización Alto al secuestro «para presionar a los gobernadores a que consuman sus servicios de publicidad exterior». Así, Graco Ramírez acabó comprando los servicios de Showcase Publicidad para promocionar el libro que publicó con intenciones presidenciales… Y, «mágicamente», Isabel Miranda de Wallace cambió radicalmente su discurso: Pasó de señalar a Morelos como la entidad más peligrosa, a decir que «Morelos es ejemplo a seguir en materia de lucha contra el secuestro».
Pese al silencio mediático entorno a Wallace, hay elementos que indican que la caída de Isabel Miranda de Wallace podría ir de la mano del arresto del ex titular de la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido el pasado martes 10 de diciembre en Estados Unidos por presuntamente traficar con cocaína y recibir sobornos del Cartel del Sinaloa.
